{"id":1285,"date":"2017-03-28T17:56:00","date_gmt":"2017-03-28T17:56:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cedehm.org.mx\/en\/2017\/03\/28\/corte-interamericana-de-derechos-humanos-ordena-al-estado-mexicano-proteger-a-la-comunidad-de-choreachi\/"},"modified":"2017-03-28T17:56:00","modified_gmt":"2017-03-28T17:56:00","slug":"corte-interamericana-de-derechos-humanos-ordena-al-estado-mexicano-proteger-a-la-comunidad-de-choreachi","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cedehm.org.mx\/en\/2017\/03\/28\/corte-interamericana-de-derechos-humanos-ordena-al-estado-mexicano-proteger-a-la-comunidad-de-choreachi\/","title":{"rendered":"Corte Interamericana de Derechos Humanos ordena al Estado mexicano proteger a la comunidad de Chor\u00e9achi"},"content":{"rendered":"
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\u00b7         <\/span><\/span>Es la primera vez que el tribunal interamericano medidas colectivas para comunidades enteras en M\u00e9xico <\/span><\/i><\/o:p><\/span><\/i><\/div>\n
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Chihuahua, Chih., 28 de marzo de 2017. El d\u00eda de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos notific\u00f3 la Resoluci\u00f3n de fecha 25 de marzo de 2017, mediante la que orden\u00f3 al Estado mexicano la adopci\u00f3n de medidas urgentes de protecci\u00f3n (conocidas como medidas provisionales) a la comunidad de Chor\u00e9achi, tambi\u00e9n conocida como Pino Gordo, en el municipio de Guadalupe y Calvo, en el estado de Chihuahua. De acuerdo con el art\u00edculo 63.2 de la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos, ese \u00f3rgano puede dictar medidas provisionales \u201cEn casos de extrema gravedad y urgencia, y cuando se haga necesario evitar da\u00f1os irreparables a las personas [\u2026]\u201d. En base a tal disposici\u00f3n y habiendo valorado las circunstancias del caso, \u201cla Corte consider[\u00f3] pertinente disponer medidas provisionales de protecci\u00f3n en favor de todos integrantes de la Comunidad ind\u00edgena de Chor\u00e9achi, a fin de garantizar su vida, integridad personal, as\u00ed como la seguridad colectiva de todos sus miembros.\u201d<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Las medidas provisionales fueron otorgadas por el tribunal interamericano luego de la solicitud presentada el pasado 18 de marzo por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual, a su vez, hab\u00eda recibido una comunicaci\u00f3n de cuatro organizaciones de la sociedad civil que representan a la comunidad ante los \u00f3rganos del Sistema Interamericano. De acuerdo con la Convenci\u00f3n Americana y el reglamento de la Corte, cuando un caso no se encuentra bajo el conocimiento de ese \u00f3rgano, la \u00fanica facultada para solicitar medidas provisionales es la CIDH. <\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Chor\u00e9achi es una comunidad de hecho, que cuenta con una poblaci\u00f3n aproximada de 800 hombres y mujeres, de los cuales aproximadamente 300 son ni\u00f1os y ni\u00f1as. Y, de acuerdo a lo sostenido en la solicitud de medidas provisionales, \u201cviene siendo objeto de graves hechos de agresiones, hostigamientos y amenazas en un contexto en el cual sostiene una disputa legal del territorio con otra comunidad, la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestaly se alega adem\u00e1s la presencia de grupos criminales con intereses en el uso de la tierra y vinculados al narcotr\u00e1fico\u201d. Por tal riesgo, inicialmente la CIDH adopt\u00f3 el 6 de octubre de 2014 medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos Ramos y a \u00c1ngela Ayala Ramos as\u00ed como a sus dos n\u00facleos familiares. Prudencio y \u00c1ngela son integrantes de la comunidad que actualmente se encuentran desplazados forzadamente a ra\u00edz de los asesinatos impunes de los integrantes de la comunidadJaime Zub\u00edas Cevallos y Socorro Ayala Ramos, en septiembre y noviembre de 2013, respectivamente. A finales del a\u00f1o pasado, la CIDH habr\u00eda adoptado medidas colectivas para proteger a toda la comunidad.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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A esos asesinatos se ha sumado el de Juan Ontiveros Ramos el pasado 31 de enero del a\u00f1o en curso, cuyo cuerpo fue encontrado la ma\u00f1ana del 1\u00ba de febrero. Juan era  comisario de polic\u00eda de Chor\u00e9achi y hab\u00eda viajado a la Ciudad de Chihuahua para participar en una reuni\u00f3n el 20 de enero con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n y con otras autoridades, discutiendo en dos mesas de an\u00e1lisis la situaci\u00f3n de seguridad y el conflicto territorial y ambiental de la comunidad.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Adicionalmente a las medidas que se implementen para garantizar la vida, integridad y seguridad colectiva de los integrantes de Chor\u00e9achi, la Corte orden\u00f3 que: \u201ca) el Estado realice un diagn\u00f3stico actualizado sobre la situaci\u00f3n de la Comunidad y sus miembros, en el cual informe sobre la intensidad y naturaleza de un riesgo a su vida e integridad, en particular a la luz de los hechos de violencia ocurridos recientemente, y b) de forma inmediata proceda a sostener una reuni\u00f3n con los representantes de la Comunidad Chor\u00e9achi para que se coordine la adopci\u00f3n de medidas adicionales a las que ya viene adoptando el Estado y que sean pertinentes para la protecci\u00f3n de la vida e integridad de los miembros de la Comunidad.\u201d<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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El otorgamiento de las medidas provisionales tiene importante significados. En primer lugar, es evidencia irrefutable del incumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares dictadas por la CIDH (de haberse cumplido \u00e9stas, no se habr\u00edan otorgado medidas provisionales). <\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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En segundo t\u00e9rmino, es un reconocimiento a la situaci\u00f3n de riesgo y abandono que impera en Chor\u00e9achi en toda una comunidad ind\u00edgena que ha resistido la violencia y los despojos, reivindicando el derecho a su territorio ancestral: de acuerdo a la resoluci\u00f3n, \u201cla Corte toma nota del contexto de violencia que se presentar\u00eda en la regi\u00f3n de la Sierra Tarahumara en la municipalidad de Guadalupe y Calvo con la posible presencia de \u2018grupos del crimen organizado\u2019, as\u00ed como el recrudecimiento de la situaci\u00f3n que se habr\u00eda presentado desde el a\u00f1o 2015 hasta la fecha [\u2026].\u201d<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Finalmente, la resoluci\u00f3n de la Corte Interamericana llega en un momento fundamental en Chihuahua, en donde es urgente, necesaria e impostergable la coordinaci\u00f3n de los tres niveles de gobierno (especialmente del estatal y el federal) para que exista una verdadera seguridad en la zona, que no haya m\u00e1s p\u00e9rdidas humanas y la comunidad est\u00e9 protegida.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Estas medidas se suman a las adoptadas por la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) el 3 de febrero pasado, dirigidas a la Comisi\u00f3n Nacional de Seguridad y de la Secretar\u00eda General de Gobierno de Chihuahua para la protecci\u00f3n de todos los integrantes de la comunidad ind\u00edgena. Medidas que, hasta el momento, no han sido implementadas.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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De acuerdo con el tercer resolutivo, el Estado mexicano deber\u00e1 informar \u201ca m\u00e1s tardar el 25 de abril de 2017, un informe completo y pormenorizado sobre las actuaciones realizadas para dar cumplimiento a las medidas provisionales decretadas, el cual deber\u00e1 ir acompa\u00f1ado por el diagn\u00f3stico sobre la situaci\u00f3n actual de riesgo de dichas comunidades.\u201d Luego de ello, el Estado deber\u00e1 seguir informando de manera trimestral sobre el cumplimiento de las medidas provisionales adoptadas.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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Abogadas y abogados por la Justicia y los Derechos Humanos, Alianza Sierra Madre (ASMAC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) y la Consultor\u00eda T\u00e9cnica Comunitaria (CONTEC) instan a las diferentes autoridades responsables del Estado mexicano a implementar a la brevedad, en consenso con la comunidad y sus representantes, las medidas provisionales ordenadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos para que los habitantes de la comunidad de Chor\u00e9achi pueda continuar residiendo en ella, de manera segura. De igual manera, es apremiante abatir la impunidad en la zona, resolver r\u00e1pidamente los procesos judiciales para restituir su derecho al territorio y acceso preferente a los bines naturales de  las comunidades e implementar la alerta preventiva notificada por el mecanismo de protecci\u00f3n para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en agosto del a\u00f1o pasado.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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