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C<\/span>hihuahua, Chih., 21 de febrero de 2019.- El d\u00eda de hoy se llev\u00f3 a cabo la presentaci\u00f3n del informe \u00abDesde la memoria… la esperanza. Recuento de asesinatos de personas defensoras de derechos humanos durante el sexenio de Enrique Pe\u00f1a Nieto\u00bb<\/i> de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos: Todos los Derechos Para Todos (Red TDT), conformada por 86 organizaciones de 27 estados del pa\u00eds.<\/span><\/span><\/div>\n
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En el informe se registran los asesinatos de 159 personas defensoras de derechos humanos y de 47 periodistas con perspectiva de derechos humanos, durante el periodo comprendido entre el <\/span>1 de diciembre de 2012 y el 31 de octubre de 2018. Entre los homicidios documentados se encuentran los de la periodista Miroslava Breach y el defensor Juli\u00e1n Carrillo. De acuerdo con informaci\u00f3n de esta red, Chihuahua es la entidad con mayor n\u00famero de personas defensoras asesinadas y la segunda en el pa\u00eds con mayor n\u00famero de periodistas asesinados.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n<\/div>\n
Fernando R\u00edos, secretario ejecutivo de la Red TDT, record\u00f3 que durante este sexenio ya han sido asesinadas siete personas defensoras de derechos humanos, entre los cuales se encuentran Sinar Corzo y Samir Flores, defensores que ofrecieron una lucha leg\u00edtima por la b\u00fasqueda de justicia y dignidad, para cambiar las condiciones en las que se instauran megaproyectos de infraestructura. En este sentido, mencion\u00f3 que los megaproyectos no pueden ser validados mediante consultas no estandarizadas y que, antes de su implementaci\u00f3n, se deben considerar las voces de los pueblos ind\u00edgenas. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Para la realizaci\u00f3n de este informe, indic\u00f3 que se consult\u00f3 al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Informaci\u00f3n y Protecci\u00f3n de Datos Personales (INAI), sobre los 159 casos de asesinatos documentados, pero se encontraron con una \u201cfalta de transparencia sistem\u00e1tica\u201d, que no evidencia el contexto en el que ocurren estos homicidios. Se\u00f1al\u00f3 tambi\u00e9n la necesidad de que la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos (CNDH) realice un trabajo m\u00e1s eficaz en la materia, ya que s\u00f3lo reconoce a 34 personas asesinadas entre los a\u00f1os 2000 y 2015.<\/o:p><\/span><\/div>\n
Extern\u00f3 su preocupaci\u00f3n por la falta de funcionamiento del Mecanismo Federal de Protecci\u00f3n de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, de la Secretar\u00eda de Gobernaci\u00f3n, y se\u00f1al\u00f3 que \u201cal d\u00eda de hoy, no ha habido interlocuci\u00f3n con Aar\u00f3n Mastache, coordinador del Mecanismo\u201d. <\/o:p><\/span><\/div>\n
En su intervenci\u00f3n, Gabino G\u00f3mez, coordinador del \u00e1rea de personas defensoras de derechos humanos del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), se\u00f1al\u00f3 que Chihuahua es la entidad con la mayor cantidad de medidas de protecci\u00f3n emitidas por la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). <\/o:p><\/span><\/div>\n
Record\u00f3 que en junio de 2017 se aprob\u00f3 el Plan de Contingencia para abordar la grave situaci\u00f3n de derechos humanos en que las personas defensoras desarrollan su labor, pero que no ha habido avances significativos en la materia.<\/o:p><\/span><\/div>\n
Agreg\u00f3 que se tiene registro de un total de 29 asesinatos de personas defensoras ocurridos desde el a\u00f1o 2008, todos los cuales se encuentran en impunidad, salvo por los casos de Isidro Baldenegro y Juli\u00e1n Carrillo. Sobre el caso de Isidro, esta semana se emiti\u00f3 una sentencia para el asesino material mientras que, para el caso de Juli\u00e1n, en el mes de enero se realiz\u00f3 la vinculaci\u00f3n a proceso de dos imputados.<\/o:p><\/span><\/div>\n
Sobre el reciente debate sobre la creaci\u00f3n de la Guardia Nacional, record\u00f3 que en la sentencia del caso Alvarado Espinoza y otros vs M\u00e9xico, la Corte Interamericana de Derechos Humanos afirm\u00f3 que el mantenimiento del orden p\u00fablico interno debe estar primariamente reservado a los cuerpos policiales civiles y que, cuando excepcionalmente participen en tareas de seguridad, la participaci\u00f3n de las fuerzas armadas debe ser extraordinaria, subordinada y complementaria, regulada y fiscalizada. Por lo que reiter\u00f3 el llamamiento de la sociedad civil para que estas recomendaciones sean consideradas.<\/o:p><\/span><\/div>\n
Por otra parte, Isela Gonz\u00e1lez, directora de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), rescat\u00f3 que la gran mayor\u00eda de las personas asesinadas de las que el informe hace un registro, fueron defensoras de tierra, territorio y medio ambiente. Se\u00f1al\u00f3 que de los 17 asesinatos documentados en el estado de Chihuahua, 11 se concentran en las comunidades de Chor\u00e9achi y Coloradas de la Virgen, en el municipio de Guadalupe y Calvo. Lament\u00f3 que pese a lo anterior, los gobiernos federal y estatal contin\u00faen promoviendo modelos de desarrollo extractivistas para la explotaci\u00f3n forestal y minera en la Sierra Tarahumara. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Agreg\u00f3 que la vulnerabilidad existente en la regi\u00f3n acent\u00faa las condiciones de aislamiento, inseguridad y violencia para los defensores de la tierra y derechos humanos. El nivel de marginaci\u00f3n y el distanciamiento f\u00edsico de las comunidades m\u00e1s alejadas, dificultan el acceso a la seguridad y justicia ante la presencia de amenazas. Ante un hecho violento, se\u00f1al\u00f3, un polic\u00eda tardar\u00eda hasta siete horas en poder desplazarse hasta Chor\u00e9achi o Coloradas de la Virgen. <\/span>A\u00f1adi\u00f3 que la regi\u00f3n se encuentra constantemente amenazada por la actividad extractivista, los hist\u00f3ricos cacicazgos mestizos y la intervenci\u00f3n del crimen organizado. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Record\u00f3 los casos emblem\u00e1ticos de Juan Ontiveros, Isidro Baldenegro y Juli\u00e1n Carrillo. El primero, beneficiario de las medidas colectivas que la Corte Interamericana de Derechos Humanos emiti\u00f3 para su comunidad, Chor\u00e9achi; el segundo, reconocido internacionalmente y ganador del Premio Goldman; el tercero, beneficiario del Mecanismo de Protecci\u00f3n. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Sobre Juli\u00e1n Carrillo mencion\u00f3 que \u201ctodos los incidentes de seguridad que tuvo Juli\u00e1n, nos indican que la Fiscal\u00eda General del Estado por ning\u00fan motivo debe abandonar la l\u00ednea de investigaci\u00f3n que vincula su asesinato a su actividad como defensor de la tierra y territorio\u201d. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Por su parte, Juan Jos\u00e9 Villag\u00f3mez, representante de la Casa del Migrante Saltillo, destac\u00f3 que el informe de la Red TDT es tambi\u00e9n \u201cuna garant\u00eda de que las personas defensoras de derechos humanos y periodistas no estamos solos\u201d. Destac\u00f3 que las personas de las que rinde cuenta el informe \u201cson semilla para el trabajo que seguimos haciendo\u201d y que \u201cseguiremos en la b\u00fasqueda de seguridad y protecci\u00f3n para el desempe\u00f1o de nuestras labores\u201d.<\/o:p><\/span><\/div>\n
En relaci\u00f3n a las recientes descalificaciones que el presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador (AMLO) hizo hacia la sociedad civil, Fernando R\u00edos mencion\u00f3 que \u201cnegar el trabajo de las Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) y la mediaci\u00f3n tan importante que se hace desde el tercer sector, es denostar la labor en favor de los derechos humanos\u201d. <\/o:p><\/span><\/div>\n
Referente a lo dicho por AMLO, sobre terminar con el apoyo para las OSC, \u201cporque no est\u00e1n libres de intereses empresariales de ra\u00edz conservadora\u201d, Gabino G\u00f3mez se\u00f1al\u00f3 como preocupantes estas generalizaciones, ya que crean un ambiente propicio para acusar y atentar contra las OSC y las personas defensoras de derechos humanos.<\/o:p><\/span><\/div>\n
En este mismo sentido, Isela Gonz\u00e1lez, de ASMAC; Gabino G\u00f3mez, de El Barz\u00f3n y CEDEHM; Juan Jos\u00e9 Villag\u00f3mez, de la Casa del Migrante Saltillo; Javier \u00c1vila y Felipe Ruiz, de la Comisi\u00f3n de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C. (<\/wbr>COSYDDHAC); Mar\u00eda Eugenia Arriaga, del Centro Diocesano para los Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Diana Villalobos, de Consultor\u00eda T\u00e9cnica Comunitaria A.C. (CONTEC), se\u00f1alaron que las organizaciones a las cuales pertenecen no reciben financiamiento por parte de ninguno de los tres niveles de gobierno y que continuar\u00e1n con su labor de defensa y promoci\u00f3n de los derechos humanos.<\/o:p><\/span><\/div>\n
Al respecto, Fernando R\u00edos se\u00f1al\u00f3 que hay algunas asociaciones civiles que s\u00ed cuentan con financiamiento p\u00fablico, aunque m\u00ednimo en realidad, y que ser\u00eda una l\u00e1stima que lo dicho por el presidente se concretara, puesto que muchos proyectos realizados para beneficio de los m\u00e1s pobres se ver\u00edan truncados. Por su parte, Ruth Fierro, coordinadora del CEDEHM, se\u00f1al\u00f3 que muchas de las organizaciones de derechos humanos, lejos de recibir financiamiento por parte de Gobierno, contribuyen en el fortalecimiento de las instituciones p\u00fablicas, por ejemplo, mediante labores de capacitaci\u00f3n para las y los funcionarios.<\/span><\/o:p><\/span><\/div>\n
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