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\u00b7 <\/span><\/span><\/span>La sentencia de la Corte Interamericana desecha la teor\u00eda del Estado seg\u00fan la cual la desaparici\u00f3n fue cometida por integrantes de la delincuencia organizada.<\/o:p><\/span><\/i><\/span><\/div>\n
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\u00b7 <\/span><\/span><\/span>Es urgente que el Congreso de la Uni\u00f3n cumpla con la sentencia y legisle conforme a est\u00e1ndares internacionales de derechos humanos.<\/o:p><\/span><\/i><\/span><\/div>\n
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Chihuahua, Chih., 21 de diciembre de 2018. El d\u00eda de ayer, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notific\u00f3 a las partes la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. M\u00e9xico. En la misma, se condena al Estado mexicano por la desaparici\u00f3n forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes y Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera por parte de militares en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, implementado a partir del 28 de marzo de 2009,<\/span><\/span> por la violaci\u00f3n de derechos humanos a sus familiares a partir de la desaparici\u00f3n y por la impunidad en que se encuentra el siguiente caso. <\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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El 29 de diciembre de 2009, en el Ejido Benito Ju\u00e1rez del municipio de Buenaventura, Chihuahua, fueron detenidas las v\u00edctimas en dos momentos distintos por un grupo de entre 8 y 10 militares quienes les ingresaron en veh\u00edculos particulares y se las llevaron con rumbo desconocido. La detenci\u00f3n de Nitza Paola y Jos\u00e9 \u00c1ngel fue presenciada por su esposa e hija de 9 a\u00f1os, mientras que Roc\u00edo Irene fue detenida al interior de su casa, donde estaban su madre, su hija (de 2 a\u00f1os) y sus dos hermanos (de 11 y 13 a\u00f1os de edad). Inmediatamente despu\u00e9s de que supieron las noticias, las familias de las v\u00edctimas iniciaron una b\u00fasqueda que no ha cesado: recorrieron el pueblo; acudieron al 35\u00ba Batall\u00f3n de Infanter\u00eda en Nuevo Casas Grandes y a la 5\u00aa Zona Militar en Chihuahua; se presentaron en los centros de reclusi\u00f3n en Ciudad Ju\u00e1rez; presentaron denuncias, amparos y quejas tanto ante la Comisi\u00f3n Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como ante las oficinas del Operativo Conjunto Chihuahua. En total, la sentencia de la Corte IDH da cuenta de m\u00e1s de una decena de investigaciones iniciadas en distintas dependencias mexicanas, sin tener ning\u00fan resultado sobre el paradero de las v\u00edctimas y sobre la identificaci\u00f3n, procesamiento y sanci\u00f3n de los responsables.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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Al igual que lo que sucede con miles de personas en M\u00e9xico, las familias hicieron todo lo que pudieron para poder encontrar el paradero de sus seres queridos, lo cual les gener\u00f3 amenazas de muerte, allanamientos a sus casas e intentos de atropellamiento por los cuales se tuvieron que desplazar de manera forzada a diferentes ciudades y estados de la Rep\u00fablica; y varios\/as de ellos tambi\u00e9n se vieron forzados a solicitar asilo pol\u00edtico en Estados Unidos. Por tal motivo, la Corte Interamericana de Derechos Humanos adopt\u00f3 medidas provisionales tanto a favor de las v\u00edctimas desaparecidas como de sus familias.<\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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El riesgo de las familias se ha visto incrementado por la criminalizaci\u00f3n a cargo del responsable del Operativo Conjunto Chihuahua, General Felipe de Jes\u00fas Espitia, quien no solo les mencion\u00f3 tener -sin fundamento probatorio alguno- informaci\u00f3n sobre sus supuestos antecedentes penales en contra de Jos\u00e9 \u00c1ngel, Nitza Paola y Mar\u00eda de Jes\u00fas Alvarado, sino que esa misma informaci\u00f3n fue enviada a la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional (SEDENA) con la recomendaci\u00f3n interna de \u201creali[zar] operaciones de contra propaganda gris con el fin de dar a conocer [\u2026] los antecedentes penales de dichos secuestrados y de la familia a fin de que se deje de especular sobre la participaci\u00f3n del Ej\u00e9rcito mexicano en estos hechos.\u201d Es importante recordar que el General Espitia tiene una secuela de imputaciones en los Juzgados de Ciudad Ju\u00e1rez por violaciones a derechos humanos, las cuales se mantienen en su totalidad impunes.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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En su sentencia, la Corte Interamericana es tajante al establecer los riesgos que conlleva militarizar la seguridad al retomar diversos pronunciamientos internacionales que dan cuenta de \u201calegadas graves violaciones a los derechos humanos asociadas a la actuaci\u00f3n de elementos castrenses en el marco de dichas estrategias [de seguridad de combate al narcotr\u00e1fico y al crimen organizado en M\u00e9xico]\u201d, entre las cuales se encuentra el Comit\u00e9 de Derechos Humanos de la ONU, que desde 2010 \u201cmanifest\u00f3 su preocupaci\u00f3n por el creciente n\u00famero de denuncias de violaciones de derechos humanos a manos de elementos castrenses en los lugares en que se encontraban desplegados para garantizar el orden p\u00fablico, y recomend\u00f3 que las tareas relacionadas con la seguridad p\u00fablica y las investigaciones de denuncias de violaciones a los derechos humanos fuesen de competencia exclusiva de las autoridades civiles.\u201d<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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En base a lo anterior, el tribunal interamericano determin\u00f3 que \u201cc<\/span><\/span>omo regla general, el mantenimiento del orden p\u00fablico interno y la seguridad ciudadana deben estar primariamente reservados a los cuerpos policiales civiles.\u201d En caso de que excepcionalmente se involucre a las fuerzas armadas, su participaci\u00f3n debe ser: a) extraordinaria; b) <\/span><\/span>subordinada y complementaria a las labores de las corporaciones civiles; c)<\/span><\/span> regulada legalmente y con \u201cprotocolos <\/span><\/span>sobre el uso de la fuerza, bajo los principios de excepcionalidad, proporcionalidad y absoluta necesidad y de acuerdo con la respectiva capacitaci\u00f3n en la materia; y d) fiscalizada por \u00f3rganos civiles competentes, independientes y t\u00e9cnicamente capaces.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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La sentencia interamericana tambi\u00e9n toca otros aspectos estructurales en relaci\u00f3n con la investigaci\u00f3n de las desapariciones en M\u00e9xico. En primer lugar, la Corte estableci\u00f3 que el Estado mexicano viol\u00f3 la Convenci\u00f3n Americana sobre Derechos Humanos (CADH) y la Convenci\u00f3n Interamericana sobre Desaparici\u00f3n Forzada de Personas \u201cal haber permitido que la jurisdicci\u00f3n militar conociera del caso durante una parte sustancial del proceso\u201d, lo cual se agrav\u00f3 en tanto \u201c[e]l contexto acreditado de impunidad en M\u00e9xico respecto de este tipo de casos demuestra adem\u00e1s la falta de fiscalizaci\u00f3n de dichos operativos con participaci\u00f3n militar.\u201d En segundo lugar, la Corte advirti\u00f3 que hubo un retardo injustificado en el avance de las diversas investigaciones penales iniciadas con motivo de los hechos; que hubo descoordinaci\u00f3n de las autoridades; y que previo a la concentraci\u00f3n \u201cen una sola autoridad, la fragmentaci\u00f3n de la investigaci\u00f3n, deriv\u00f3 de conflictos competenciales entre las autoridades de los distintos \u00e1mbitos estatales, obstaculizando con ello \u2013durante m\u00e1s de tres a\u00f1os\u2013 la efectiva respuesta por parte del Estado\u201d.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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La Corte tambi\u00e9n reiter\u00f3 la importancia de reformar adecuadamente el art\u00edculo 57.II.a) del C\u00f3digo de Justicia Militar para que ninguna violaci\u00f3n de derechos humanos sea investigada por instancias castrenses. Asimismo, como medidas de reparaci\u00f3n orden\u00f3 investigar el paradero de Nitza, Roc\u00edo y Jos\u00e9 \u00c1ngel; investigar y sancionar a los responsables de su desaparici\u00f3n; brindar atenci\u00f3n psicol\u00f3gica a sus familiares; realizar un acto p\u00fablico de reconocimiento de responsabilidad internacional en el que se encuentren presentes, entre otros, representantes de la SEDENA; publicar la sentencia; atender los da\u00f1os a los proyectos de vida; establecer un registro de desapariciones; continuar con la capacitaci\u00f3n a los polic\u00edas y fuerzas armadas; generar condiciones para el retorno o reubicaci\u00f3n de familiares que se han desplazado forzadamente; e indemnizar por el da\u00f1o causado.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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La sentencia del caso es un reconocimiento al amor, valent\u00eda y persistencia de las familias de Nitza Paola, Jos\u00e9 \u00c1ngel y Roc\u00edo Irene. Tambi\u00e9n es un reconocimiento, de un tribunal imparcial, de la voz de las v\u00edctimas que de manera reiterada hab\u00edan afirmado que #FueElEj\u00e9rcito. Consideramos que este caso evidencia problem\u00e1ticas estructurales que deben ser abordadas de manera inmediata por el Estado mexicano tanto en materia de desapariciones como de desplazamiento forzado, impunidad cr\u00f3nica y el riesgo que implica seguir insistiendo en un modelo de seguridad militarizada ineficaz.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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Por ello, las organizaciones que representamos a Nitza Paola, Jos\u00e9 \u00c1ngel y Roc\u00edo Irene Alvarado as\u00ed como a sus familias, instamos al Presidente Andr\u00e9s Manuel L\u00f3pez Obrador a cumplir con su compromiso de respetar los derechos humanos mediante el cumplimiento \u00edntegro de la sentencia. Tambi\u00e9n nos sumamos a los llamamientos urgentes al Congreso de la Uni\u00f3n para modificar adecuadamente el C\u00f3digo de Justicia Militar y a no adoptar una reforma constitucional que sea contraria a los est\u00e1ndares establecidos por la Corte IDH en materia de seguridad ciudadana. Ello debe entenderse como una medida de no repetici\u00f3n fundamental.<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
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Centro de Derechos Humanos de las Mujeres<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n
Comisi\u00f3n de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos<\/span><\/span><\/o:p><\/span><\/span><\/span><\/div>\n