{"id":1599,"date":"2011-07-15T15:33:00","date_gmt":"2011-07-15T15:33:00","guid":{"rendered":"https:\/\/cedehm.org.mx\/es\/2011\/07\/15\/el-principio-del-fin-de-la-impunidad-militar\/"},"modified":"2011-07-15T15:33:00","modified_gmt":"2011-07-15T15:33:00","slug":"el-principio-del-fin-de-la-impunidad-militar","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cedehm.org.mx\/es\/2011\/07\/15\/el-principio-del-fin-de-la-impunidad-militar\/","title":{"rendered":"El principio del fin de la impunidad militar"},"content":{"rendered":"
Por: V\u00edctor M. Quintana S. |<\/span> 14 de Julio del 2011 | 00:17 hrs<\/span><\/div>\n

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Nunca se imaginaron las hijas de Rosendo Radilla, alcalde combativo de Atoyac de \u00c1lvarez Guerrero,  que la denuncia de la desaparici\u00f3n forzada de su padre por miembros del Ej\u00e9rcito Mexicano en 1974 iba a tener repercusiones hist\u00f3ricas. Nunca se imaginaron los arrogantes mandos militares que el trabajo de hormiga de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos en M\u00e9xico iba a imponerles los controles sociales y ahora constitucionales que tanto han rechazado.
Ante la inutilidad o lentitud de las instancias gubernamentales de los derechos humanos las hijas de  Radilla,  luchador social y compositor de corridos, desaparecido en el contexto de la guerra sucia, acudieron a la Comisi\u00f3n Interamericana de Derechos Humanos en el 2001. El caso pas\u00f3 a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, quien en 2009 determin\u00f3 que el art\u00edculo 57 del C\u00f3digo de Justicia Militar es incompatible con lo dispuesto en el art\u00edculo 2\u00ba de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos, porque al establecer cu\u00e1les son los delitos contra la disciplina castrense no garantiza a los civiles o a sus familiares que sean v\u00edctimas de violaciones a los derechos humanos, que tengan la posibilidad de someterse a la jurisdicci\u00f3n de un juez tribunal ordinario. Siguiendo esta determinaci\u00f3n, el martes 12 de julio la Suprema Corte de Justicia de la Naci\u00f3n determin\u00f3 restringir el fuero militar para que cuando miembros de las fuerzas armadas violen las garant\u00edas fundamentales sean juzgados en tribunales civiles.
As\u00ed, seg\u00fan la  Suprema Corte, ella misma y todos los tribunales del pa\u00eds est\u00e1n obligados a interpretar este precepto a la luz de la Convenci\u00f3n Americana de Derechos Humanos y, consecuentemente, siempre que est\u00e9 vinculado un civil al cual se le han violado, al menos en apariencia, sus derechos humanos por parte de las fuerzas armadas, la jurisdicci\u00f3n ser\u00e1 del fuero com\u00fan, y no la jurisdicci\u00f3n militar, porque hay una decisi\u00f3n de la Corte Interamericana que hemos decidido que obliga y vincula a los juzgadores mexicanos.
Adem\u00e1s, la Corte otorga facultades a todos los tribunales del pa\u00eds para que en casos concretos analicen e interpreten las leyes que aplican para que sus sentencias est\u00e9n acordes no s\u00f3lo a nuestra Constituci\u00f3n sino a los tratados internacionales que M\u00e9xico ha firmado en materia de derechos humanos. Hasta ahora s\u00f3lo la propia Corte pod\u00eda analizar la legalidad de una ley y su aplicaci\u00f3n.
La importancia de estas resoluciones radica en cuatro cuestiones: la primera, que,  M\u00e9xico reconoce la obligatoriedad de las convenciones internacionales en materia de derechos humanos y de las sentencias de los \u00f3rganos de las mismas, como la Corte Interamericana. La segunda, que las resoluciones son muy oportunas teniendo en cuenta las numerosas denuncias de violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerza armadas en el contexto de esta \u201cguerra contra el narcotr\u00e1fico\u201d.  La tercera, que plantea el principio del fin para la impunidad del Ej\u00e9rcito y  del inicio del control constitucional, social, republicano,  sobre el mismo, pues hasta hoy se maneja como un poder que goza de un estado de excepci\u00f3n de facto.  La cuarta, que este hecho hist\u00f3rico es producto del activismo, de la presi\u00f3n, de la denuncia e incluso de la vida entregada de muchas organizaciones de derechos humanos de nuestro pa\u00eds.
Aqu\u00ed es muy pertinente recordar que apenas el pasado 25 de junio tres derechohumanistas chihuahuenses, Lucha Castro, Emilia Gonz\u00e1lez y Gabino G\u00f3mez comparecieron precisamente ante la Corte Interamericana de los Derechos Humanos para argumentar sobre la desaparici\u00f3n forzada de  los j\u00f3venes Nitza Paola Espinoza, Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes y Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera el 29 de diciembre de 2009 por miembros del Ej\u00e9rcito Mexicano, en el poblado de Benito Ju\u00e1rez, municipio de Buenaventura. \u00c9sta y otras denuncias como las del caso de los campesinos ecologistas o de dos mujeres ind\u00edgenas guerrerenses mucho habr\u00e1n pesado en el \u00e1nimo de la Corte.
Las leyes ni se hacen ni se aplican solas: se necesitan luchadoras y luchadores que las hagan posibles y efectivas, como ahora.  Congratul\u00e9monos.<\/p>\n

Consultarse en:<\/p>\n

http:\/\/eldiariodechihuahua.mx\/notas.php?f=2011\/07\/14&id=607f3a60244953dd39aa6ec0e08d8132<\/a><\/div>\n<\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

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