{"id":5811,"date":"2022-10-12T13:29:28","date_gmt":"2022-10-12T19:29:28","guid":{"rendered":"https:\/\/cedehm.org.mx\/es\/?p=5811"},"modified":"2022-10-12T13:29:57","modified_gmt":"2022-10-12T19:29:57","slug":"la-militarizacion-no-es-la-solucion","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/cedehm.org.mx\/es\/2022\/10\/12\/la-militarizacion-no-es-la-solucion\/","title":{"rendered":"La militarizaci\u00f3n no es la soluci\u00f3n"},"content":{"rendered":"\n

192,831 agentes militares en todo el pa\u00eds<\/p>\n\n\n\n

12 de octubre del 2022<\/p>\n\n\n\n

El pasado 4 de octubre, el Senado aprob\u00f3 por mayor\u00eda dividida ampliar hasta el 2028 la presencia de fuerzas armadas en las calles argumentando que era necesario proporcionar seguridad a la ciudadan\u00eda pues hasta ahora la Guardia Nacional no hab\u00eda hecho lo suficiente. Hoy la C\u00e1mara de Diputados discutir\u00e1 y someter\u00e1 a votaci\u00f3n el dictamen del Senado para votar ma\u00f1ana en el Pleno.<\/p>\n\n\n\n

La participaci\u00f3n de fuerzas armadas en tareas de seguridad p\u00fablica es particularmente preocupante debido a la opacidad con las que \u00e9stas pueden operar en comparaci\u00f3n con las corporaciones policiacas. Asimismo, la l\u00f3gica de operaci\u00f3n militar es reactiva y de combate frontal al enemigo, mientras que la seguridad de la ciudadan\u00eda demanda un enfoque basado en la prevenci\u00f3n del delito y la atenci\u00f3n a las v\u00edctimas. Estas circunstancias han puesto en riesgo el respeto y la protecci\u00f3n de los derechos de las y los ciudadanos, lo que se ha reflejado desde 2007 en un aumento de las quejas recibidas por la Comisi\u00f3n Nacional de Derechos Humanos sobre las acciones de la Secretar\u00eda de la Defensa Nacional y la Secretar\u00eda de Marina. Por ello, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos se\u00f1al\u00f3 en su informe de mayo de 2022 que el enfoque de seguridad p\u00fablica caracterizado por la militarizaci\u00f3n para combatir la delincuencia, ha sido insuficiente e inadecuado en lo que ata\u00f1e a la protecci\u00f3n de derechos humanos. <\/p>\n\n\n\n

La estrategia de militarizaci\u00f3n de la seguridad p\u00fablica no ha tenido un impacto significativo en garantizar la paz y la justicia de la ciudadan\u00eda. Al contrario, recurrir a las fuerzas armadas para sustituir las funciones de las corporaciones policiales agrav\u00f3 la violencia en distintas zonas del norte del pa\u00eds y propici\u00f3 la violaci\u00f3n de derechos humanos como en los casos de ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas. Neutralizar la amenaza que representan las actividades del crimen organizado requiere un enfoque que trascienda las t\u00e1cticas de combate frontal al enemigo, pues \u00e9stas generan condiciones que posibilitan la violaci\u00f3n de derechos humanos. Una estrategia de seguridad adecuada y efectiva requiere la creaci\u00f3n de corporaciones policiales comandadas por civiles, con elementos bien capacitados, en contacto cercano con la ciudadan\u00eda y que cuenten con el equipo necesario. Adem\u00e1s, el despliegue efectivo de estos elementos debe realizarse a partir de una exhaustiva labor de inteligencia e investigaci\u00f3n. Tambi\u00e9n es fundamental generar mecanismos que impidan la corrupci\u00f3n y la impunidad en las fuerzas destinadas a tareas de seguridad.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Como establece la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) en la sentencia: Caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. M\u00e9xico. Fondo, reparaciones y costas. Sentencia de 28 de noviembre de 2018. Serie C No. 370, p\u00e1rr. 182:<\/p>\n\n\n\n

La participaci\u00f3n de las fuerzas armadas en temas de seguridad p\u00fablica debe ser excepcional, extraordinaria, justificada, subordinada, complementaria y fiscalizada por \u00f3rganos civiles competentes e independientes.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Para quienes vivimos en los estados del norte de M\u00e9xico como son Coahuila, Nuevo Le\u00f3n y Chihuahua<\/strong>, el hecho de que el Ej\u00e9rcito contin\u00fae en las calles garantiza graves violaciones a derechos humanos, pues en los \u00faltimos a\u00f1os, las organizaciones aqu\u00ed representadas, hemos documentado casos donde militares se encuentran involucrados directa e indirectamente, sobre todo posterior a la implementaci\u00f3n de estrategias donde miembros del Ej\u00e9rcito participaron en instituciones de seguridad p\u00fablica como los llamados \u201cModelo Coahuila\u201d en el 2008, \u201cNuevo Le\u00f3n Seguro\u201d en el 2007 y \u201cOperativo Conjunto Chihuahua\u201d en el 2008.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Coahuila<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En Coahuila se puede recordar un hecho de abuso por parte del Ej\u00e9rcito en el 2006. En un bar de Casta\u00f1os, Coahuila, 14 bailarinas sufrieron abuso sexual por varios militares; fue despu\u00e9s de un tiempo en que finalmente la misma instituci\u00f3n castrense los llev\u00f3 a ser juzgados en lo civil.<\/p>\n\n\n\n

Posteriormente la violencia aument\u00f3 en el estado y coincidi\u00f3 con la implementaci\u00f3n de la estrategia llamada \u201cModelo Coahuila\u201d, donde militares retirados estuvieron al frente de instituciones de seguridad p\u00fablica. E<\/strong>n ese entonces se crearon diversos grupos especiales que fueron entrenados por estos militares para combatir a los grupos delincuenciales. Pero parece que el gobierno no pens\u00f3 en una estrategia a favor de la sociedad civil, pues se incrementaron graves violaciones a derechos humanos, especialmente desapariciones, extorsiones y homicidios. Es decir, el modelo fracas\u00f3 y los militares al frente de dichas instituciones se retiraron del estado.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Hoy se vive otra situaci\u00f3n grav\u00edsima: Las violaciones a derechos contras personas en movilida<\/strong>d. En el mes de julio de 2019 se realiz\u00f3 un operativo afuera de la Casa del Migrante Saltillo integrado por la Polic\u00eda Militar, la Polic\u00eda Municipal, la Guardia Nacional y elementos de la SEDENA, bajo el argumento de b\u00fasqueda de personas que se dedican al narcomenudeo. Tambi\u00e9n en su trayecto hacia la frontera norte, las personas migrantes son interceptadas tanto por elementos de la polic\u00eda estatal como de la Guardia Nacional,<\/strong> siendo despojados de sus pertenencias y de los documentos que en muchos casos les permite un libre tr\u00e1nsito por el pa\u00eds. En el informe Bajo la Bota realizado por varias organizaciones a nivel nacional describen: \u201cLa pol\u00edtica migratoria militarizada ha profundizado los contextos de riesgos de las personas migrantes\u201d.<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Coahuila se ha convertido en uno de los principales estados donde hay presencia militar: ocupa el sexto lugar con 4,453 integrantes de las fuerzas armadas <\/strong>despu\u00e9s de Baja California, Baja California Sur, Sinaloa, Sonora y Chihuahua.[i] Se tienen tres mega cuarteles, tres bases militares; tres bases a\u00e9reas, un cuartel Puerta Amarilla; seis centros de operaci\u00f3n militar y hasta el pasado 22 de septiembre llegaron 300 militares a trav\u00e9s del Mando Especial Laguna, en el marco de la Estrategia Nacional de Seguridad P\u00fablica. Finalmente, s\u00f3lo en Coahuila se cuenta con un Bachillerato Tecnol\u00f3gico Militarizado desde el 2017. 1<\/sup> 2<\/sup><\/p>\n\n\n\n

Nuevo Le\u00f3n<\/strong><\/p>\n\n\n\n

La presencia de miles de efectivos de las fuerzas armadas en Nuevo Le\u00f3n comenz\u00f3 a partir de la entrada en vigor del convenio \u201cNuevo Le\u00f3n Seguro\u201d en 2007<\/strong>. A partir de ese a\u00f1o, los gobernadores subsiguientes renovaron y ampliaron dicho acuerdo. Durante la administraci\u00f3n actual, el operativo Monterrey Seguro ha promovido la participaci\u00f3n de militares en labores de patrullaje e instalaci\u00f3n de puestos de control. Desde febrero de 2022, varios centenares de elementos del Ej\u00e9rcito han llegado a la capital para incorporarse paulatinamente a tareas de seguridad p\u00fablica en la zona metropolitana. Esta tendencia representa un riesgo para los derechos civiles de los ciudadanos de la entidad, ya que anteriormente algunos miembros de las fuerzas armadas han participado en ejecuciones y desapariciones. <\/p>\n\n\n\n

Entre los casos de ejecuciones extrajudiciales destacan los de Roc\u00edo El\u00edas Garza y su esposo, Juan Carlos Chavarr\u00eda, ejecutados por militares en marzo de 2010 en el municipio de An\u00e1huac cuando sal\u00edan de su trabajo; Jorge Antonio Mercado y Javier Francisco Arredondo, estudiantes del Instituto Tecnol\u00f3gico y de Estudios Superiores de Monterrey, asesinados por elementos del ej\u00e9rcito en marzo de 2010 dentro del campus de la instituci\u00f3n educativa; Jorge Otilio Cant\u00fa, asesinado por militares en abril de 2011; y Gustavo Acosta, ejecutado en su domicilio por elementos de la Marina en septiembre de ese a\u00f1o. En cuanto a la desaparici\u00f3n forzada, un militar fue sentenciado en mayo de 2012; en marzo de 2016, cinco elementos de la Marina fueron vinculados a proceso judicial por la desaparici\u00f3n forzada de Humberto del Bosque registrada en agosto de 2013. <\/p>\n\n\n\n

Chihuahua<\/strong><\/p>\n\n\n\n

En el caso concreto del estado de Chihuahua, sufrimos las consecuencias de la violencia y de la respuesta militarizada a la misma, esta se vio exacerbada desde la salida a las calles del ej\u00e9rcito en el contexto del \u201cOperativo Conjunto Chihuahua\u201d en 2008<\/strong>, durante la fallida guerra contra el narcotr\u00e1fico, estrategia implementada por el entonces presidente Felipe Calder\u00f3n, y cuyo \u00fanico logro fue colocar a Ciudad Ju\u00e1rez en el primer lugar del listado de ciudades m\u00e1s peligrosas del mundo, situaci\u00f3n que hasta la actualidad tiene un impacto profundo en la ciudadan\u00eda en relaci\u00f3n a la confianza hac\u00eda las autoridades, especialmente debido a las m\u00faltiples denuncias de desapariciones forzadas, allanamientos de vivienda, tortura, ejecuciones extrajudiciales y detenciones arbitrarias cometidas por militares.<\/p>\n\n\n\n

Precisamente a raz\u00f3n de la estrategia de militarizaci\u00f3n fortalecida actualmente, nos permitimos recordar la desaparici\u00f3n de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Roc\u00edo Irene Alvarado Reyes y Jos\u00e9 \u00c1ngel Alvarado Herrera en diciembre de 2009, misma que se dio en el Ejido Benito Ju\u00e1rez del Municipio de Buenaventura, Chih. por parte de elementos del Ej\u00e9rcito Mexicano, seg\u00fan lo reconoce la CoIDH en la sentencia emitida sobre el caso en 2018.<\/p>\n\n\n\n

Seguiremos exigiendo que se cumpla con lo resuelto por la Corte en la sentencia antes mencionada:<\/p>\n\n\n\n