"Hasta que la dignidad se haga costumbre" – Estela Hernández
En el estado de Chihuahua, las personas defensoras de derechos humanos constituyen un amplio, diverso, persistente y experimentado movimiento de participación ciudadana. En algunos casos, su labor ha sido pionera a nivel nacional. Se dedican a la defensa de múltiples causas como: el derecho al agua, el territorio y la preservación del medio ambiente; el derecho a la educación, vivienda, salud y seguridad social; el acceso a la información y transparencia; la democracia; los derechos políticos y laborales, entre muchos más.
A pesar de la adversidad y el riesgo, estas personas asumen como proyecto de vida contribuir a la creación de un mundo más justo e igualitario para todas y todos. Constituyen el pilar de su actuar la defensa y promoción de los derechos humanos de grupos sociales históricamente vulnerados, como mujeres, niñas, niños y adolescentes; personas de la comunidad LGBT+; pueblos indígenas; personas migrantes; y víctimas de violencia, inseguridad y graves violaciones a los derechos humanos.
En el año 2008, la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navanethem Pillay, destacó que las y los defensores constituyen el factor más poderoso para hacer realidad los derechos humanos. Pese a la importancia que su labor tiene para la consolidación de la democracia y la plena vigencia de los derechos humanos, desde hace muchos años, en Chihuahua como en México la labor de las y los defensores se ha convertido en una actividad de alto riesgo.
La labor de las personas defensoras de derechos humanos, no suele reconocerse y hay prejuicios negativos sobre el trabajo que las personas defensoras realizan. Además, continuamente son víctimas de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y ataques de diferente índole, que comprometen su integridad e incluso su vida y la de sus familiares y colaboradores.
En Chihuahua, desde 1973 y hasta el año 2019 han sido asesinadas, por lo menos, 38 personas defensoras de derechos humanos.
| Registro histórico de personas defensoras de derechos humanos asesinadas en el estado de Chihuahua
|
||
| Año | Nombre | Causa |
| 1973 | Zenón Torres Palma | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1976 | Heberto Torres Molina | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1977 | José Valdez Fontes | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1987 | Julio Baldenegro | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1989 | Juan Molina Gastelum | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1990 | Lucio Torres Carrillo | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1992 | Cirilo Portillo Torres | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 1993 | Luis Torres Molina | Defensa del territorio y recursos naturales |
| 2008 | Armando Villarreal Martha | Defensa de los derechos del sector agropecuario |
| 2009 | Paz Alberto Rodríguez Saláis | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado |
| Paz Rodríguez Ortiz | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Alicia Saláis Orrantia | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Géminis Ochoa Castro | Defensa de los derechos de comerciantes ambulantes | |
| Luis Carlos Withman | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Benjamín Franklin Lebarón | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Manuel Arroyo Galván | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| 2010 | Ernesto Rábago | Defensa del territorio y recursos naturales |
| Josefina Reyes Salazar | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Rubén Reyes Salazar | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Marisela Escobedo | Lucha contra la violencia feminicida e impunidad | |
| 2011 | Magdalena Reyes Salazar | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado |
| Luisa Ornelas Soto | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Elías Reyes Salazar | Lucha contra la violencia, inseguridad y crimen organizado | |
| Susana Chávez Castillo | Lucha contra la violencia feminicida e impunidad | |
| 2012 | Manuela Solís Contreras | Lucha por la distribución equitativa del agua |
| Ismael Solorio Urrutia | Lucha por la distribución equitativa del agua | |
| 2013 | Socorro Ayala Ramos | Defensa del territorio y recursos naturales |
| Jaime Zubía Cevallos | Defensa del territorio y recursos naturales | |
| 2015 | Alberto Almeida | Lucha por la distribución equitativa del agua |
| 2016 | Valentín Carrillo Palma | Defensa del territorio y recursos naturales |
| Elpidio Torres Molina | Defensa del territorio y recursos naturales | |
| 2017 | Isidro Baldenegro | Defensa del territorio y recursos naturales |
| Juan Ontiveros | Defensa del territorio y recursos naturales | |
| 2018 | Ramón Hernández Nevares | Lucha por la distribución equitativa del agua |
| Anselmo Hernández Andujo | Lucha por la distribución equitativa del agua | |
| Julián Carrillo Martínez | Defensa del territorio y recursos naturales | |
| Joaquín Díaz Morales | Defensa del territorio y recursos naturales | |
| 2019 | Cruz Soto Caraveo | Lucha contra el desplazamiento forzado por la violencia y el crimen organizado |
Chihuahua es considerado como uno de los lugares más peligrosos para ejercer la defensa de los derechos humanos en el país y cuenta, además, con el mayor número de medidas cautelares adoptadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) respecto a las personas defensoras en México. En la entidad, por lo menos 82 defensoras y defensores de siete organizaciones de la sociedad civil cuentan con medidas de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos.
En respuesta a las condiciones de alto de riesgo para la defensa de los derechos humanos en el estado de Chihuahua, a través del Programa de Acompañamiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos, solicitamos y damos seguimiento a las medidas de protección ante organismos nacionales e internacionales, y acompañamos la investigación sobre las agresiones de las que son víctimas.
Adicionalmente, brindamos a quienes así lo deciden, el acompañamiento psicosocial y estrategias de autocuidado, de tal forma que el acompañamiento sea integral para las personas defensoras en riesgo, al mismo tiempo y junto con las organizaciones que acompañamos nos proponemos hacer visible la importancia de la labor de defensa de derechos humanos.
Desde el CEDEHM acompañamos a 82 personas defensoras de derechos humanos – integrantes de organizaciones de la sociedad civil -dedicadas a la defensa del territorio de los pueblos indígenas, del medio ambiente y de los derechos de las mujeres, para que puedan continuar con su labor.
Estas organizaciones son: Alianza Sierra Madre A.C., Bowerasa A.C. (Haciendo camino), Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C., Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., Consultoría Técnica Comunitaria A.C., El Barzón A.C. e integrantes de comunidades de la Sierra Tarahumara víctimas del desplazamiento forzado.
Las personas integrantes de este grupo son beneficiarias de medidas de protección, ya sea por el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH)y/o por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), por la situación de alto riesgo en la que desempeñan su labor.
Derivado del ejercicio de su labor, tanto en México como en nuestro estado, las personas defensoras de derechos humanos son víctimas de amenazas, actos de hostigamiento, agresiones, ataques y homicidios, entre otras graves manifestaciones de violencia perpetrados por integrantes del crimen organizado, grupos opositores e incluso, líderes de la iniciativa privada y actores de Gobierno.
Ante la amenaza de sufrir represalias, en muchas ocasiones las personas defensoras se ven obligadas a trabajar bajo medidas especiales de seguridad, como escoltas, e incluso, a cambiar su proyecto de vida ante la falta de medidas efectivas de protección, así como a los altos niveles de riesgo para ellas y sus familias.
Todo lo anterior significa vivir bajo una presión constante que puede llegar a ser insostenible y que puede ocasionar sentimientos de miedo, ansiedad, estrés y depresión, así como graves afectaciones emocionales en las personas defensoras de derechos humanos.
Por lo anterior, en colaboración con el Área de Acompañamiento Psicosocial, construimos estrategias de protección para la salud integral de las y los defensores, a través de jornadas de reflexión colectiva, acompañamiento psicosocial, terapias individuales, terapias colectivas de contención grupal, jornadas de autocuidado y capacitaciones en la materia.
Realizamos una labor de acompañamiento y representación legal de personas defensoras de derechos humanos que se encuentran en situación de riesgo, para acceder a los mecanismos nacionales e internacionales de protección y que a través de estos se implementen medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
Reconocemos la necesidad de que estas medidas sean suficientes, efectivas y adecuadas y que actúen en contra de las causas estructurales que originan las amenazas a su seguridad.
Las medidas deben proteger a las y los defensores ante las situaciones de riesgo en las que se encuentran, terminar con dichas circunstancias y permitir que puedan continuar en el ejercicio de sus actividades a favor de los derechos humanos.
Como parte de nuestras actividades para brindar representación jurídica y legal a las personas defensoras que acompañamos, realizamos lo siguiente:
Alianza Sierra Madre A.C.
Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC) es una organización no gubernamental constituida en 2007 que trabaja con los pueblos indígenas ódami y rarámuri de la Sierra Tarahumara, principalmente con las comunidades de Baborigame, Choréachi, Coloradas de la Virgen, Cordón de la Cruz, Mesa Colorada y Tepozán, en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua.
La organización promueve los derechos de defensa de la tierra y territorio, del acceso preferente a los recursos naturales,de la alimentación, educación y del ejercicio pleno de la cultura de estas comunidades.
Coloradas de la Virgen y Choréachi han luchado desde hace más de 30 años para defender su territorio ancestral de caciques mestizos que ilegalmente buscan aprovechar sus recursos naturales, lo que les ha traído graves consecuencias.
Debido a la violencia, inseguridad e impunidad que imperan en la región, la defensa territorial de Choréachi y Coloradas de la Virgen ha traído como consecuencia una serie de amenazas y agresiones en contra de integrantes de la organización y de los líderes de ambas comunidades. Por lo anterior, ASMAC ha realizado actividades emergentes para la atención de personas en riesgo por su labor de defensa del territorio.
Desde el CEDEHM acompañamos los procesos de medidas provisionales otorgadas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), así como las medidas del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas de la Secretaría de Gobernación.
Choréachi
También conocida como Pino Gordo, Choréachi es una comunidad rarámuri integrada por 800 personas que habitan en una zona con más de 32 mil hectáreas. Por un error técnico, alrededor de 15 mil 200 hectáreas de su territorio fueron repartidas sin derecho por el Programa de Certificación de Derechos Ejidales (PROCEDE), e incluidas indebidamente en ejidos como Pino Gordo y Coloradas de los Chávez.
Además de sostener una disputa legal del territorio contra la comunidad agraria Coloradas de los Chávez, les aqueja la nulidad de los permisos de aprovechamiento forestal, y son acechados por la presencia de grupos criminales vinculados al narcotráfico, que tienen interés en el uso de sus tierras. La lucha y la defensa legal para la recuperación de sus tierras ha generado que quienes integran esta comunidad sean víctimas de asesinatos, agresiones, amenazas y hostigamientos.
Debido a la situación de alto riesgo, en octubre de 2014 la CIDH adoptó medidas cautelares para proteger a Prudencio Ramos, Ángela Ayala y sus familias. Prudencio y Ángela son líderes de Choréachi que fueron forzosamente desplazados después de los asesinatos impunes de Jaime Zubías y Socorro Ayala, integrantes de la comunidad, en el año 2013.
El 25 de marzo de 2017, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) ordenó al Estado mexicano adoptar medidas urgentes de protección – conocidas como medidas provisionales – para garantizar la vida, integridad y seguridad de los integrantes de Choréachi. En un hecho histórico, esta fue la primera vez que el Tribunal Interamericano dictó medidas colectivas para una comunidad entera de México.
El otorgamiento de las medidas provisionales evidencia el incumplimiento del Estado mexicano de las medidas cautelares dictadas por la CIDH. Además, implica el reconocimiento de la situación de riesgo, violencia y abandono que impera en Choréachi.
Estas medidas se suman a las adoptadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, el 3 de febrero de 2018, dirigidas a la Comisión Nacional de Seguridad y a la Secretaría General de Gobierno de Chihuahua, para la protección de todos los integrantes de la comunidad. Medidas que aún no han sido implementadas.
Después de más de diez años de litigio, en octubre de 2018 el Tribunal Superior Agrario reconoció por unanimidad la posesión del territorio a la comunidad de Choréachi. Aunque la sentencia fue recurrida mediante un amparo por la Presidencia de la República y por la comunidad mestiza Coloradas de los Chávez, esta sienta un precedente importante en la lucha por el reconocimiento del territorio ancestral de los pueblos indígenas del estado.
Consulta aquí la resolución del 25 de marzo de 2017 de la Corte IDH sobre el otorgamiento de medidas provisionales para integrantes de la comunidad indígena de Choréachi.
Consulta aquí la medida cautelar No. 60-14, resolución 51/2016 de la CIDH, en el asunto ampliación de beneficiarios a favor de integrantes de la comunidad indígena de Choréachi respecto de México.
Consulta aquí la medida cautelar No. 60-14, resolución 29/2014 de la CIDH, en el asunto Prudencio Ramos y otros respecto de México.
En octubre de 2015, Juan Ontiveros, comisario de policía de Choréachi, ofreció su testimonio respecto a la problemática en las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara, que se entregó a la CIDH durante una reunión de implementación de medidas cautelares.
Juan fue asesinado el 31 de enero de 2017. Días antes había viajado a la ciudad de Chihuahua para participar en una reunión con personal de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, para discutir sobre el problema de inseguridad y el conflicto territorial de su comunidad.
En abril de 2019, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua realizó la captura del presunto homicida del defensor. En septiembre de ese mismo año fue vinculado a proceso penal. Todavía hoy, es materia pendiente llevar ante la justicia atods las personas responsables de su asesinato.
Coloradas de la Virgen
Coloradas de la Virgen es una comunidad rarámuri ubicada en el municipio de Guadalupe y Calvo, Chihuahua, que durante décadas y ante la ausencia histórica de las autoridades, ha defendido su territorio y sus bosques contra el despojo y la explotación forestal indebida. Como consecuencia a lo anterior, sus integrantes han enfrentado durante años una serie de ataques y amenazas.
Desde 1973, en Chihuahua han sido asesinadas por lo menos 18 personas vinculadas a la defensa del territorio y recursos naturales de esta comunidad, entre ellos, Isidro Baldenegro y Julián Carrillo. Alrededor de la mitad del total de estos asesinatos han ocurrido a partir del año 2016.
Isidro Baldenegro fue un líder rarámuri que dedicó su vida a la preservación de los bosques. En reiteradas ocasiones denunció la tala ilegal cometida por el sector privado en complicidad con el crimen organizado. Su actividad ecologista y de defensa pacífica le llevó a ser reconocido internacionalmente en el año 2005, cuando fue condecorado con el Premio Goldman, máximo galardón otorgado a las personas defensoras del medio ambiente.
Isidro fue asesinado el 15 de enero de 2017. Su homicidio fue condenado en México y a nivel internacional. Este crimen es el primer caso de un defensor de derechos humanos que logra judicializarse y para el que se ha emitido una sentencia condenatoria en el estado de Chihuahua.
Julián Carrillo fue un líder rarámuri que desde 1992 fue elegido por su comunidad para ocupar distintos cargos, en cuyas funciones se incluía el cuidado del territorio, el bosque, el agua y los animales silvestres de Coloradas de la Virgen. Durante años fue uno de los principales defensores contra la tala ilegal y la minería en la Sierra Tarahumara.
Por la situación de riesgo vinculada al ejercicio de su labor, desde 2014, tanto Julián como integrantes de Alianza Sierra Madre, se convirtieron en beneficiarios del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas. Pero las agresiones continuaron.
En entrevista con Amnistía Internacional, semanas antes de su asesinato, Julián informó su preocupación por los altos niveles de violencia en Coloradas de la Virgen, generados por la división de la comunidad debido al otorgamiento de derechos ejidales a mestizos y la presencia del crimen organizado, el cual se había apoderado de la zona con el objetivo de sembrar cultivos ilícitos, como cannabis y amapola.
Desde 2015, cinco familiares de Julián, entre ellos su hijo, fueron asesinados en circunstancias violentas por actividades relacionadas a la defensa de su territorio: el 5 de febrero de 2016, su hijo, Víctor Carrillo; el 1 de julio de 2016, su sobrino, Guadalupe Carrillo; el 1 de julio de 2017, otro de sus sobrinos, Alberto Quiñones; el 1 de julio de 2018, su yerno, Francisco Chaparro.
Julián fue asesinado el 24 de octubre de 2018, dos semanas después de que se denunciara la existencia de una concesión minera a tres particulares en Coloradas de la Virgen. A más de un año de este suceso, 16 integrantes de la familia de Julián, entre ellos su viuda, sus hijos, sus nueras y nietos, se encuentran desplazados, sin garantías de seguridad y sin la posibilidad de regresar a su hogar ante el temor de que los ataques continúen.
Dos personas han sido detenidas y son investigadas, pero no se han deslindado responsabilidades por el asesinato de Julián. Desde ASMAC se enfatiza la necesidad de que las autoridades realicen una investigación atendiendo al contexto y a la actividad de Julián como defensor del territorio y medio ambiente que, entre otras cosas, permita identificar y sancionar a los autores intelectuales de este crimen.
El 24 de enero de 2019, tres meses después del asesinato impune de Julián Carrillo, Amnistía Internacional presentó en la ciudad de Chihuahua el informe “Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio de la Sierra Tarahumara”, en el que constató que el Estado mexicano incumplió su obligación de protección para el defensor rarámuri.
La publicación se relaciona con la falla del Estado mexicano de ofrecer efectiva protección a las personas defensoras de la tierra, territorio y ambiente en la Sierra Tarahumara, en específico a los miembros de la comunidad indígena rarámuri Coloradas de la Virgen. Amnistía Internacional documentó el caso del defensor rarámuri Julián Carrillo, asesinado en octubre de 2018, pese a que tenía medidas de protección por parte del Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas.
Consulta aquí el informe de Amnistía Internacional “Entre balas y olvido. Ausencia de protección a personas defensoras del territorio de la Sierra Tarahumara”.
Bowerasa A.C. (Haciendo camino)
Bowerasa, que en rarámuri significa “Haciendo camino”, es una asociación civil creada en 1994 por el matrimonio conformado por Estela Ángeles y Ernesto Rábago, junto a un grupo de sacerdotes y monjas, con el objetivo de acompañar a las comunidades rarámuri en la defensa de su territorio, particularmente a aquellas que se encuentran en el municipio de Carichí, como Baquéachi, Bakuséachi, Chinéachi y Bowetzérare.
Desde Bowerasa se asesora jurídicamente a estas comunidades en la defensa legal de su territorio y en la regularización de los padrones ejidales. También se les acompaña a través de la implementación de proyectos de educación, salud y reconocimiento de sus derechos humanos y comunitarios.
Baquéachi
Baquéachi es una comunidad rarámuri localizada en el municipio de Carichí, que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que desde 1927 ha luchado por la defensa de su territorio.
Con el transcurrir de los años, ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas. Los indígenas de Baquéachi vivían en sólo 11 mil de las más de 44 mil hectáreas que históricamente les pertenecían.
Con la representación legal de la abogada Estela Ángeles, la comunidad rarámuri de Baquéachi logró ganar 33 juicios emprendidos contra los ganaderos mestizos de Nonoava y Carichí, consiguiendo la recuperación de más de 21 mil hectáreas de su territorio.
Es por ello que, tras casi 15 años de defensa legal por parte de Bowerasa, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio.
Adicionalmente y en respuesta a las agresiones y despojos que los que sus integrantes han sido víctimas, actualmente se encuentra en trámite el otorgamiento de medidas colectivas a favor de la comunidad indígena de Baquéachi, por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Ernesto Rábago
Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones en contra de Estela Ángeles y de los representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno.
En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela Ángeles fue víctima de un intento de homicidio.
Pocos días después, el 1 de marzo del mismo año, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de la organización. Al día de hoy, las autoridades no han esclarecido este hecho, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables.
Estela Ángeles
Debido a las amenazas y agresiones vinculadas a su labor por la defensa del territorio de las comunidades rarámuri, la licenciada Estela Ángeles cuenta con medidas cautelares de la CIDH y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
En añadidura al asesinato de su compañero, Ernesto, y al atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.
El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas einfundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito.
Los esfuerzos de la abogada Estela Ángeles, directora de la asociación civil Bowerasa, y la legítima lucha de las comunidades indígenas del municipio de Carichí, tienen en sus raíces la búsqueda de igualdad, justicia, solidaridad y fraternidad para una vida digna.
Consulta aquí la medida cautelar No. 2018-10 de la CIDH, en el asunto Estela Ángeles Mondragón respecto de México, en el Informe Anual 2012 de la Comisión.
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C.
Derivado del trabajo que realizamos en la organización, nuestras(os) integrantes han sido objeto de agresiones, amenazas y acciones de hostigamiento, situándoles en una situación de riesgo. Entre otras cosas, han sido víctimas de allanamiento y robo de las instalaciones, actos de vigilancia, amenazas y campañas de desprestigio por parte de autoridades gubernamentales.
Por lo anterior, en junio de 2008 la Misión Permanente de México ante la Organización de Estados Americanos, comunicó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) su preocupación al respecto y solicitó a la CIDH que se considerara la adopción de medidas cautelares para integrantes de nuestra asociación, las cuales fueron otorgadas en días posteriores.
Consulta aquí la medida cautelar No. 147-08 de la CIDH, en el asunto Luz Estela Castro Rodríguez y otros respecto de México, en el Informe Anual 2008 de la Comisión.
Luz Estela Castro
Derivado de su labor para la defensa y promoción de los derechos humanos, Luz Estela Castro ha sido víctima de amenazas y actos de hostigamiento. En respuesta a lo anterior, en 2008 la CIDH adoptó medidas cautelares para ella y otras personas integrantes del CEDEHM. Después de una fuerte campaña de desprestigio en su contra por parte de funcionarios de Gobierno del Estado de Chihuahua, principalmente por su defensa en el caso de Marisela Escobedo, la CIDH solicitó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) medidas provisionales a su favor, otorgadas en febrero de 2013.
La Corte IDH ha emitido cuatro resoluciones reiterando al Estado mexicano que implemente medidas de protección a favor de la beneficiaria. En 2015 se convocó a una audiencia pública ante la discrepancia entre el gobierno y las representantes en relación a la idoneidad de las medidas implementadas.
En noviembre de 2017 la Corte IDH solicitó a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) que realizara una evaluación de riesgo y sugiriera medidas de protección, pero el Estado no ha tenido la voluntad para implementar las medidas recomendadas. La campaña de desprestigio en contra de Luz Estela Castro se mantiene y se ha visto intensificada a partir de su integración al Consejo de la Judicatura del Estado de Chihuahua.
Consulta aquí la resolución del 14 de noviembre de 2017 de la Corte IDH sobre el otorgamiento de medidas provisionales para Luz Estela Castro Rodríguez.
Consulta aquí la medida cautelar No. 147-08 de la CIDH, en el asunto Luz Estela Castro Rodríguez y otros respecto de México, en el Informe Anual 2008 de la Comisión.
Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.
El Centro de Derechos Humanos Paso del Norte es una asociación civil ubicada en Cd. Juárez, Chihuahua, fundada en el año 2001 por el sacerdote Óscar Enríquez, siendo Silvia Méndez la actual directora ejecutiva de la organización. El inicio de labores del Centro se suscitó en medio de un contexto de violencia contra las mujeres, ejecuciones, corrupción de las fuerzas de seguridad pública e impunidad.
En la actualidad, el Centro brinda acompañamiento integral, asesoría jurídica y atención psicosocial a víctimas de violaciones de derechos humanos con un enfoque en casos de tortura y desaparición forzada. También implementa actividades de capacitación en materia de derechos humanos, para contribuir a la organización de la ciudadanía para la defensa y promoción de sus derechos.
En el año 2008, a partir de la militarización de Cd. Juárez en el marco de la estrategia de seguridad implementada por el expresidente Felipe Calderón, Paso del Norte constató numerosas violaciones de derechos humanos en manos de militares: allanamientos, cateos, detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Este tipo de agresiones continuaron todavía en el año 2010, cuando la Policía Federal reemplazó las labores del Ejército.
Por entonces no había ninguna organización que denunciara y se encargara de llevar la representación de estos casos. Por lo anterior, desde el Centro se comenzaron a acompañar procesos de violaciones de derechos humanos cometidos por las fuerzas armadas y policiacas que, al día de hoy, continúan ocurriendo. Para contribuir a visibilizar el problema, Paso del Norte realiza labores de denuncia e incidencia en políticas públicas para exigir a las autoridades la eliminación de estas prácticas y el alto a la impunidad. Asimismo, implementa asesorías y capacitaciones en la materia.
Debido a su labor de defensa de los derechos humanos, el Centro ha sido blanco de hostigamiento y amenazas por parte de autoridades estatales y federales. En junio de 2011 sus integrantes sufrieron un allanamiento por parte de la Policía Federal, cuando 20 efectivos de dicha corporación entraron a sus oficinas, revisaron archivos y causaron daños a las instalaciones de la organización. El incidente generó una recomendación de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), la que posteriormente dictó medidas cautelares a favor de miembros de la organización
Este allanamiento se dio una semana después de la audiencia del caso “coche bomba”, un caso emblemático que se litiga desde Paso Del Norte: en 2010 cinco personas detenidas fueron torturadas de diferentes formas con el fin de que aceptaran cargos por la explosión de un coche bomba, delincuencia organizada, así como tráfico de drogas y armas de fuego.
Posteriormente, en mayo de 2011 y en consecuencia a la intimidación sufrida por laco-representación del caso de desaparición forzada de tres integrantes de la familia Alvarado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas cautelares para dos integrantes de la asociación y ordenó la adopción de las medidas necesarias para garantizar su vida e integridad.
Pese a lo anterior, las agresiones contra la organización continuaron. En los meses de septiembre y octubre de 2012 sus integrantes fueron vigilados y hostigados por elementos de la Fiscalía General y de la Policía Ministerial del Estado de Chihuahua. Paso del Norte atribuye el nivel de alto riesgo al que se encuentran expuestos a las numerosas denuncias que han interpuesto contra elementos de las fuerzas de seguridad.
Consulta aquí la medida cautelar No. 55-10 de la CIDH, en el asunto Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza, y José Ángel Alvarado Herrera respecto de México, en el Informe Anual 2010 de la Comisión.
Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C.
En 1987 un grupo de sacerdotes encabezados por el obispo José Alberto Llaguno crearon la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos A.C., con el propósito de fomentar los derechos humanos, económicos, sociales, culturales y ambientales de las comunidades indígenas de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua.
Actualmente tiene injerencia en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, así como en Chihuahua y Cd. Juárez. COSYDDHAC tiene la visión de ser una organización profesional para la educación, defensa y difusión de los derechos humanos, reconocida por su trabajo, que consiga transformar las injustas realidades de la entidad y en la sociedad, para contribuir a vivir una humanidad con dignidad.
La organización desempeña su labor a través de cinco áreas estratégicas. Por una parte, se capacita a las comunidades indígenas en materia de derechos humanos y se les acompaña en el reconocimiento y fortalecimiento de su cultura. También se les acompaña con asesorías y servicios de representación y defensa jurídica.
Se promueve la justicia restaurativa e integral, que involucra la recuperación y reintegración social de las personas indígenas que delinquen, de acuerdo a sus sistemas de organización comunitaria, en los que la propia comunidad y sus gobernadores juzgan a quienes cometen una falta.
En añadidura a lo anterior, se observa el debido proceso en los principales Centros de Reinserción Social del Estado de Chihuahua, para velar por que cada caso se lleve con estricto apego a los derechos de las personas indígenas.
COSYDDHAC también trabaja para la incidencia y armonización legislativa, es decir, para que exista una legislación justa que garantice los derechos de los pueblos indígenas. Finalmente, se trabaja para el fortalecimiento organizacional y la vinculación de la asociación con otras organizaciones, colectivos y personas defensoras de derechos humanos.
COSYDDHAC cuenta con una larga trayectoria en la denuncia de graves violaciones a los derechos humanos perpetradas en la entidad. Desde su creación, ha acompañado más de mil 500 casos en los que se han denunciado los abusos de autoridad, la impunidad en materia penal y materia laboral, así como una serie de problemas, irregularidades y obstáculos en el sistema penitenciario.
Javier Ávila
Javier Ávila es un sacerdote jesuita con más de 30 años de labor en la Sierra Tarahumara. Ha ganado reconocimientos internacionales por su trabajo como defensor de los derechos humanos de las comunidades indígenas, y desde 2008 ha acompañado a las víctimas de la masacre de Creel.
El 16 de agosto de 2008, un comando armado asesinó a 12 jóvenes y un bebé en el poblado de Creel, municipio de Bocoyna, Chihuahua. El suceso fue reportado como la primera masacre cometida por integrantes del crimen organizado contra civiles inocentes, tras el anuncio de la guerra contra el narcotráfico impulsada por el expresidente Felipe Calderón.
Como parte de esta misma estrategia y en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua, implementado en la entidad a partir de marzo de 2009, un grupo de militares fueron responsables de la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera en el Ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, Chihuahua.
A partir del acompañamiento realizado por COSYDDHAC a familiares de las víctimas de ambos sucesos, los miembros de la asociación han sufrido graves amenazas y actos de hostigamiento por parte de integrantes del Ejército.
Con motivo de las agresiones sufridas por la co-representación del caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, en noviembre de 2010 la Corte Interamericana de Derechos Humanos otorgó medidas provisionales para integrantes de la organización. Mientras que, en mayo de 2011, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos adoptó medidas cautelarespara Javier Ávila en respuesta a su situación de alto riesgo.
Consulta aquí la resolución del 26 de noviembre de 2010 de la Corte IDH sobre el otorgamiento de medidas provisionales en el asunto Alvarado Reyes y Otros.
Consulta aquí la medida cautelar No. 55-10 de la CIDH, en el asunto Rocío Irene Alvarado Reyes, Nitza Paola Alvarado Espinoza, y José Ángel Alvarado Herrera respecto de México, en el Informe Anual 2010 de la Comisión.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C.
Consultoría Técnica Comunitaria A.C. es una asociación civil constituida en 1999. La organización se creó inspirada por los trabajos del obispo José Alberto Llaguno y la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, a favor de los derechos humanos de los pueblos indígenas de la Sierra Tarahumara en el estado de Chihuahua.
Desde CONTEC se busca fortalecer la organización y capacidad de autogestión de las comunidades; incidir para que las políticas públicas respondan a sus necesidades urgentes y contribuyan a mejorar su calidad de vida; así como incidir para mejorar el marco legal para que jurídicamente se reconozcan y garanticen los derechos de las personas indígenas, la titularidad de su territorio y el manejo de sus bienes naturales.
CONTEC acompaña a las comunidades de Bosques de San Elías Repechique, en el municipio de Bocoyna; Huitosachi y Bacajípare, en Urique; El Manzano, en Uruachi; Mala Noche, en Guadalupe y Clavo; y al Ejido Tewerichi, en Carichí. Comunidades que históricamente han vivido en condiciones de pobreza, exclusión y marginación.
Desde la organización se trabaja en la defensa jurídica e incidencia para que el Estado mexicano garantice los derechos de las personas en situación de desplazamiento forzado; se cumplan las sentencias y resoluciones administrativas para que las comunidades tengan la propiedad de sus tierras; se impidan la sobreexplotación de los recursos naturales y los megaproyectos extractivos; se reconozca a la Sierra Tarahumara como zona de atención prioritaria, y se adopten políticas públicas para atender la pobreza, marginación y desigualdad social de la región.
Asimismo, se acompañan proyectos para el fortalecimiento de los mecanismos de organización y participación comunitaria, así como para contrarrestar la violencia de género, prevenir adicciones y fomentar la salud sexual y reproductiva al interior de las comunidades rarámuri con las que colaboran.
El Manzano
El Manzano es una comunidad perteneciente al Ejido RocoroYvo en el municipio de Uruachi, Chihuahua. Ubicada en una zona aislada y de difícil acceso, su población asciende a más de 400 personas rarámuri que se dedican a la actividad forestal, a la agricultura y a la ganadería de autoconsumo.
Debido a la presencia del crimen organizado, durante los últimos años se han acentuado las manifestaciones de violencia contra la comunidad, cuyos integrantes han sido víctimas de graves violaciones a los derechos humanos, como asesinatos, desapariciones, privaciones ilegales de la libertad, quema y destrucción de sus viviendas y ataques con armas de alto calibre, entre otras.
Los grupos criminales controlan la zona: se apoderan de las tierras para la siembra de amapola y buscan reclutar jóvenes a la fuerza. Los brutales ataques, la crisis de inseguridad y la impunidad latente han ocasionado el desplazamiento forzado de numerosas familias de la comunidad, quienes se ven obligadas a migrar en busca de mejores condiciones de vida.
El comisario ejidal, Alejandro Soto, hermano del líder rarámuri Cruz Sánchez Lagarda, fue asesinado en el año 2014. Tras su homicidio, cerca de un centenar de personas se vieron obligadas a abandonar sus viviendas. Durante los años siguientes, entre 2015 y 2016, se suscitaron por lo menos cuatro asesinatos más, así como la desaparición de un joven integrante de la comunidad.
Ante la gravedad de estos hechos, el 27 de abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) resolvió otorgar medidas cautelares para losintegrantes de la comunidad, siendo las primeras medidas colectivas en el Estado de Chihuahua adoptadas por la Comisión. Todavía hoy, las personas de El Manzano continúan en situación de desplazamiento forzado y viviendo en condiciones de precariedad y marginación, sin posibilidad de regresar a sus territorios.
Consulta aquí la medida cautelar No. 106-15, resolución 15/2015 de la CIDH, en el asunto Cruz Sánchez Lagarda y otros respecto de México.
Cruz Sánchez Lagarda y otros
Cuando en el año 2015 integrantes del crimen organizado incendiaron ranchos, casas y automóviles, 36 familias habitantes de El Manzano se vieron obligadas a huir y la comunidad quedó desalojada. Apoyadas por organizaciones civiles de la capital, denunciaron el hecho ante la Procuraduría General de la Repúblicay la Fiscalía General del Estado.
En marzo de 2015, fue asesinado Benjamín Sánchez Cruz, hijo del defensor de derechos humanos y exgobernador del Ejido de Rocoroivo, Cruz Sánchez Lagarda. Durante los meses posteriores, grupos delincuenciales continuaron cometiendo una serie de homicidios y desapariciones en contra de otros jóvenes integrantes de la comunidad. En junio de 2016, otro hijo de Cruz Sánchez, Gilberto Sánchez Cruz, también fue ejecutado.
Ante la crisis de violencia e inseguridad, el 27 de abril de 2015 la CIDH adoptó medidas cautelares para preservar la vida y la integridad personal de Cruz Sánchez Lagarda, sus familiares y los demás integrantes identificados de la comunidad, y ordenó que se adoptaran las medidas necesarias para que Cruz pueda desarrollar sus actividades como defensor de derechos humanos, sin ser objeto de actos de violencia y hostigamiento.
Consulta aquí la medida cautelar No. 106-15, resolución 15/2015 de la CIDH, en el asunto Cruz Sánchez Lagarda y otros respecto de México.
El Barzón
En 1994 México atravesaba por una grave crisis económica. Productores agropecuarios y personas con créditos o financiamientos inmobiliarios no podían pagar sus préstamos debido a los altos intereses bancarios, por lo que comenzaron a perder sus terrenos, casas y bienes.
Las personas se vieron obligadas a dejar sus actividades económicas para impedir los desalojos y evitar perder su patrimonio: fue así como nació El Barzón. Desde entonces y hasta la actualidad, El Barzón brinda asesoría jurídica a personas que cuentan con préstamos de Infonavit que no pueden pagar, ya sea por los altos intereses bancarios, o bien, por el asesinato de alguno de los integrantes de sus familias y las repercusiones económicas que esto conlleva, como la imposibilidad de cubrir los adeudos inmobiliarios.
En junio de 2012 desde El Barzón se inició un movimiento de denuncia en contra de la sobreexplotación de aguas subterráneas y superficiales a manos de un grupo de productores que realizaronla apertura indiscriminada de pozos en zonasvedadaspordecreto presidencial y que, sinlas concesiones legales correspondientes, utilizaron tierras para la actividad agrícola, lo que derivó enladestruccióndelaflorayfaunadelaregión.
A partir de las denuncias y movilizaciones emprendidas, El Barzón se constituyó como un movimiento social de alcance nacional para la protección del patrimonio social y familiar; la defensa de los derechos del sector agropecuario; el derecho a la tierra y el agua; así como la protección del medio ambiente y los recursos naturales.
Ismael Solorio y Manuelita Solís
En el año 2006, una empresa canadiense se estableció con engaños en el Ejido Benito Juárez, del municipio de Buenaventura en Chihuahua, violando normas ambientales y adquiriendo derechos de uso común de manera ilegal. Hacia el año 2012 la empresa buscó la explotación de la actividad minera.
Ante la inacción de las autoridades, integrantes de El Barzón alertaron sobre los impactos ambientales que la minería traería a la comunidad de Benito Juárez, como la contaminación de las aguas y la afectación de la flora y fauna locales. Por lo anterior, se opusieron a la apertura de la mina El Cascabel y su filial canadiense Mag Silver por su actuar ilegal que contravenía las leyes agrarias y, sobre todo, las leyes ambientales.
En el Ejido se vivió un clima de confrontación. Hubo actos de desprestigio hacia el barzonista Ismael Solorio, quien fue golpeado por 20 promotores de la empresa minera en octubre de 2012. El Barzón solicitó apoyo a la Secretaría General de Gobierno para detener y evitar que las agresiones escalaran en violencia. Sin embargo, el 22 de octubre del mismo año, Ismael Solorio y su esposa, Manuelita Solís, fueron asesinados en el corredor comercial de la ciudad de Cuauhtémoc.
Tras lo ocurrido, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) otorgó medidas cautelarespara los hijos de Ismael y Manuelita, así como para otros integrantes de El Barzón. En noviembre de 2017, un mes después de la ejecución ambos defensores, se logró la expulsión de la compañía canadiense y la restricción de la actividad minera durante 100 años en el Ejido Benito Juárez.
Consulta aquí la medida cautelar No. 388-12, resolución 1/2016 de la CIDH, en el asunto ampliación de beneficiarios del asunto Edgar Ismael Solorio Solís y otros respecto de México.
Consideramos que es sumamente necesario visibilizar las problemáticas y los obstáculos a los que se enfrentan las personas defensoras para su reconocimiento y atención por parte de las autoridades. Por lo anterior, a través del Programa de Acompañamiento a Personas Defensoras de Derechos Humanos, realizamos labores de incidencia para generar cambios estructurales en las instituciones y políticas públicas, con el objetivo de que puedan responder a las necesidades de las personas defensoras de una manera efectiva y adecuada.
Buscamos contribuir a garantizar los derechos humanos de las y los defensores mediante las siguientes actividades y estrategias:
Junto con otras 25 organizaciones, impulsamos que se decretara la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, el 7 de marzo de 2016. El 11 de agosto de 2016, el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas notificó al Gobierno del Estado de Chihuahua la adopción de una Alerta Temprana, con el objetivo de prevenir y detener los ataques y agresiones contra personas defensoras de derechos humanos en la entidad.
En el marco de esta misma Alerta y de acuerdo con la legislación vigente en la materia, en junio de 2017 se aprobó el Plan de Contingencia, para el cual se identificaron acciones, tiempos y responsables para la implementación de medias que permitan que las personas defensoras puedan desempeñar su labor en condiciones de libertad y seguridad. Las acciones del Plan involucran a instancias locales y nacionales, siempre tomando en consideración y en consenso con las organizaciones solicitantes.
El Plan de Contingencia contiene 53 acciones que se distribuyen en cinco mesas de trabajo: 1. Medidas estructurales de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y acceso a la justicia como garantía de no repetición; 2. Situación de Vulnerabilidad de Mujeres, Personas Migrantes y Grupos de la Diversidad Sexual, en la Zona Fronteriza; 3. Medio Ambiente; 4. Situación de la Sierra Tarahumara, y 4. Periodistas.
El Plan involucra a 26 instancias de gobierno de nivel estatal y a 24 de nivel federal. Como un hecho sin precedentes, abarca no solo cuestiones estructurales como el acceso a la justicia y el reconocimiento de la labor realizada, sino también medidas que atienden la situación de riesgo de las personas defensoras, siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil. Este Plan ha sido reconocido por instancias internacionales por el enfoque de protección que, de cumplirse cabalmente, sería un modelo para la región.
Chihuahua es el estado con el mayor número de medidas de protección ordenadas por el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ocupa los primeros lugares a nivel nacional en agresiones contra personas defensoras, por lo que las responsabilidades contraídas en el Plan de Contingencia deben de asumirse con la urgencia que amerita la prevención efectiva de potenciales agresiones.
Consulta aquí el discurso de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en la ceremonia de adopción del Plan de Contingencia.
Consulta aquí el Plan de Contingencia. Medidas preventivas para la protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas de Chihuahua.
Consulta aquí la notificación de la adopción de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Consulta aquí la solicitud de una alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua.
De forma continua y permanente, incidimos ante organismos de protección de derechos humanos para impulsar recomendaciones al Estado mexicano, que mejoren la respuesta estatal para la protección de personas defensoras de derechos humanos.
Nos articulamos con organizaciones en el ámbito local, nacional e internacional para presentar acciones urgentes, comunicaciones e informes sobre la situación general en México y particularmente en Chihuahua.
En el mismo sentido, buscamos constantemente la incidencia ante gobiernos de otros países interesados en la situación de derechos humanos en México.
Junto con otras organizaciones de derechos humanos de Chihuahua, hemos impulsado la adopción del Plan de Contingencia derivado de la Alerta Temprana para prevenir agresiones en contra de personas defensoras de derechos humanos y periodistas, el cual ha sido reconocido por organismos internacionales, como una buena política de protección y reconocimiento que, de ser exitosa, sería un precedente en el continente americano.
Colaboramos con 24 organizaciones de la sociedad civil de la entidad para la articulación y el impulso a las acciones contenidas en el Plan de Contingencia de la Alerta Temprana para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El CEDEHM fue representante legal en el caso de Isidro Baldenegro, el único caso en Chihuahua de una persona defensora de derechos humanos asesinada que cuenta con una sentencia condenatoria.
En el marco de la acción “Fortalecimiento y dignificación de la labor de las personas defensoras de derechos humanos en Chihuahua y a nivel nacional” proyecto coordinado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Front Line Defenders, con el financiamiento de la Unión Europea, se tiene disposición el “Programa de subvenciones de seguridad”.
Este programa ofrece subvenciones (de un monto máximo de 7.500 EUR) para gastos de seguridad y protección de personas defensoras, sus organizaciones o colectivos, y periodistas. El programa está diseñado para permitir a los y las defensoras de DDHH continuar su legítimo trabajo dentro de sus propias comunidades a través de la provisión de recursos financieros para la mejora de su seguridad y protección inmediata y a largo plazo.
Las subvenciones tratan de adaptarse con la mayor flexibilidad posible a las necesidades identificadas por las personas defensoras. Algunas de las actividades elegibles incluyen:
Para solicitar una subvención de seguridad se deberá llenar un breve formulario en el que describan la naturaleza y el trabajo de su organización o como individuo, destaquen los riesgos de seguridad que enfrentan y detallen qué tipo de apoyo solicitan. La solicitud se encuentra en línea a través de un formulario cifrado en la página web de Front Line Defenders: http://bit.ly/FormularioFLD en el recuadro “Enviar una solicitud cifrada aquí” o, alternativamente, puede enviarse en papel.
El programa de subvenciones no proveerá fondos para gastos de carácter retroactivo. Tampoco se financiarán organizaciones internacionales; organizaciones que han solicitado o ya reciben fondos para el mismo propósito; costos de funcionamiento de oficinas; guardias de seguridad armados; o adquisición de vehículos, así como proyectos de derechos humanos cuyo enfoque sea más amplio que loa protección de personas defensoras de derechos humanos.
Para aclaración de dudas, contactar a:
México es un país que adolece de justicia social y en el que aún hay un amplio camino por recorrer para garantizar los derechos humanos para todas las personas. Nuestro trabajo es medular en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Continuar con esta causa es una labor que no puede cesar y hacerlo requiere de solidaridad y apoyo. Si deseas contribuir a nuestra causa, puedes realizar tu donativo a través de PayPal.
Hacer una donación
Te asesoramos de forma remota en el celular 614.458.7383 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. (CUU)
Av. Juárez 4107-B Col. Centro, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000
Teléfono: (614) 415 41 52
