"Las mujeres nunca nos equivocamos cuando luchamos por nuestros derechos" - Jueza Elizabeth Odio B.
Las violencias contra las mujeres suelen considerarse de carácter privado, por lo que en muy pocas ocasiones se les denuncia ante las autoridades. La mayoría de los casos no son formalmente investigados, juzgados ni sancionados por los sistemas de administración de justicia, por lo que permanecen en la impunidad.
La ciudadanía en general y las mujeres en lo particular, por situaciones de discriminación y marginación de carácter histórico, desconocen sus derechos y cómo ejercerlos, lo que las convierte en víctimas de diferentes tipos de violencia, como la institucional, física, sexual, económica, social y cultural, entre otras.
En un contexto estatal y nacional de alta incidencia en delitos de violencias familiar, sexual y feminicidios, contamos con el Programa de Violencias de Género, con el que proveemos asesoría y representación legal, litigio estratégico en el ámbito nacional e internacional, alfabetización jurídica y solicitud de medidas de protección para mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género, para que puedan acceder a la justicia.
Asimismo, contribuimos a su fortalecimiento emocional, a través del acompañamiento psicosocial y de la atención psicoterapéutica individual y grupal. En añadidura, somos una organización pionera en la atención integral de niñas y niños, quienes suelen ser invisibilizados como víctimas directas de las violencias de género en la pareja.
Para lograrlo, el Programa de Violencias de Género se conforma por un equipo de abogadas y expertas en gestión de medidas de protección que son apoyadas por un equipo multidisciplinario de psicólogas, trabajadoras sociales, antropólogas y sociólogas, entre otras, que actúan bajo un enfoque derechos humanos con perspectiva de género.
Cada año, en promedio, acompañamos integralmente a 70 mujeres, 50 niñas y 50 niños víctimas de violencia de género en la pareja, violencia familiar y/o violencia sexual.
En añadidura, anualmente otorgamos alrededor de 500 asesorías y 40 medidas de protección urgentes para mujeres, niñas y niños que se encuentran en una situación de alto riesgo debido a la violencia de la que son víctimas.
En el CEDEHM acompañamos con trato digno a las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género y les brindamos un servicio respetuoso de calidad. Buscamos empoderar a las mujeres para que tomen conciencia de sus derechos, los de sus hijas e hijos, y emprendan un camino de exigencia para vivir con dignidad.
Cuando las mujeres que acompañamos se atreven a denunciar las violencias de género de las que son víctimas, además de representarlas legalmente, les ofrecemos capacitación y acompañamiento psicoterapéutico individual y/o grupal, para contribuir a que sean protagonistas de sus propios procesos legales y proyectos de vida.
Con lo anterior, coadyuvamos a que las mujeres consigan sortear las barreras culturales y las adversidades institucionales, así como a que sus casos se denuncien antes las instancias judiciales correspondientes.
Después de recibir y evaluar un nuevo caso, en colaboración con el área de Educación, canalizamos a las usuarias a sesiones de formación como el taller de “Respuestas legales ante las violencias de género”, que incluye capacitación sobre sus derechos en el proceso de divorcio, la patria protestad, la guarda y custodia de sus hijas e hijos, las medidas de protección e información sobre el sistema penal acusatorio, entre otras.
En conjunto con el área de Educación, referimos a las mujeres beneficiaras a los talleres psicoeducativos que tenemos disponibles. Con estos talleres se busca identificar la influencia que las premisas de género han tenido en su auto concepto y en las relaciones familiares de las que forman parte; transformar estas creencias hacia unas más favorecedoras para su desarrollo personal; así como identificar y desnaturalizar la violencia en sus diferentes manifestaciones.
Con el apoyo del área de Acompañamiento Psicosocial, apoyamos a las usuarias que lo requieren con sesiones psicoterapéuticas individuales o grupales (a las que denominamos “Grupos de reflexión”), para contribuir a su salud mental, así como a su fortalecimiento y bienestar emocional. En caso de ser necesario, las mujeres, niñas y niños que acompañamos son derivados a terapeutas expertas en violencia sexual y/o familiar.
La implementación del sistema penal acusatorio ha significado un mayor acceso a la justicia, no obstante, la representación jurídica adecuada sigue siendo fundamental para obtener sentencias justas que prevean también la reparación integral del daño. Pese a los avances en materia de violencias de género, nuestras instituciones no cuentan con el personal ni con el presupuesto necesarios para su óptimo funcionamiento.
Como parte de nuestra estrategia de representación legal, ofrecemos asesoría y brindamos acompañamiento jurídico a las mujeres, niñas y niños que beneficiamos. Para lograrlo, primero realizamos entrevistas iniciales a mujeres víctimas de violencias de género para detectar el nivel de riesgo, brindar contención emocional, asesorar y referir a alguna institución o gestionar medidas de protección en caso de ser necesario.
Algunas de estas mujeres, particularmente aquellas cuyo proceso legal litigamos desde la organización, son derivadas a terapeutas expertas en violencia sexual y/o familiar.
Posteriormente, trabajamos en el diseño de una estrategia audaz, integral y creativa de acompañamiento psico-jurídico a casos y situaciones paradigmáticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos de las mujeres, niñas y niños, para que accedan a la justicia con sentencias y resoluciones justas que favorezcan la reparación integral del daño.
Para tales fines, invocamos dentro de los procesos legales las normas nacionales e instrumentos internacionales que México ha ratificado en materia de derechos humanos y los relativos a la prohibición de la discriminación, así como a la prevención, sanción y erradicación la violencia contra las mujeres.
En el CEDEHM hemos identificado tres áreas fundamentales en las que las mujeres requieren apoyo, protección y representación adecuadas: la asesoría jurídica, la representación legal en juicios familiares y la solicitud de medidas de protección.
Litigio en el sistema penal acusatorio
Somos una organización pionera en el litigio dentro del sistema penal acusatorio a nivel nacional, así como en la representación de los derechos de las víctimas de violencias de género. Atendemos casos de feminicidios, delitos sexuales, violencia familiar, sustracción y retención de niñas y niños, e incumplimiento de la obligación alimentaria.
A través del litigio estratégico ejercemos asesoría jurídica y defensa legal, ofreciendo pruebas especiales e innovadoras. Al participar en las audiencias solicitamos una mayor protección a los derechos humanos de las víctimas. Exigimos protección especial y reparación integral para quienes representamos.
Desde 2007 hemos incorporado pruebas y peritajes con perspectiva de género que favorecen sentencias con sanciones adecuadas. También hemos logrado que en la etapa de apelación se reconozca el daño moral a las víctimas. De igual manera, hemos conseguido que las voces de las niñas y los niños se hagan escuchar, lo que ha contribuido a la sensibilización de las y los operadores de justicia, quienes les han reconocido como víctimas directas de las violencias de género.
Litigio en derecho familiar
Además de ser víctimas de delitos de género, las niñas, niños y mujeres en muchas ocasiones se ven inmersas en litigios del orden familiar por su rol de esposas, madres, hijos o hijas. Es por ello que sabemos la importancia de ejercer representación legal tanto desde la perspectiva del derecho penal como desde la familiar.
Por tal motivo, brindamos representación legal de mujeres, niñas y niños en procesos legales ante los juzgados familiares, mediante la defensa integral en asuntos de divorcios contenciosos, trámites de pensiones alimenticias, juicios de reconocimiento de paternidad, guarda y custodia de hijas e hijos y convivencias.
Dentro de estos procesos legales se identifican las violencias que, incluso después de la separación, los hombres continúan ejerciendo contra las mujeres, sus hijas e hijos. Por lo anterior, realizamos en varias ocasiones la recuperación de niñas y niños que se encuentran bajo custodia de hombres que han ejercido violencia contra sus parejas y que, como una forma de perpetuarla, les arrebatan a sus hijas e hijos para incrementar y prolongar su dolor y sufrimiento. Asimismo, se tiene especial cuidado cuando las niñas y los niños se encuentran bajo resguardo de alguna institución pública.
Litigio Internacional
En los casos de graves violaciones de derechos humanos donde hemos agotado todos los recursos legales de nuestro país sin obtener resultados favorables, acudimos ante instancias internacionales a fin de buscar verdad, justicia y reparación integral.
En este sentido, cuando presentamos denuncias o peticiones ante mecanismos internacionales, buscamos que a través de un caso concreto se puedan resolver situaciones estructurales y que se implementen acciones que permitan que no se sigan cometiendo hechos similares.
En el ámbito internacional, el CEDEHM se vincula con diversas organizaciones locales, nacionales e internacionales.
Medidas de protección
En el CEDEHM también realizamos la solicitud de medidas de protección. A diferencia de otros procesos legales, estas funcionan como herramientas preventivas para evitar o frenar la probable escalada de violencia hacia las víctimas y evitar daños irreparables como el feminicidio.
Las órdenes de protección han sido catalogadas por las Naciones Unidas como uno de los recursos jurídicos más efectivos para las mujeres víctimas de violencia. Estas medidas son actos de protección y de urgente aplicación en función del interés superior de la víctima, siendo fundamentalmente precautorias y cautelares. Dentro de las medidas de protección que se realizan están: separación de personas, órdenes de restricción, vigilancia policiaca, refugio, entre otras.
Como norma general buscamos impulsar medidas de protección para personas beneficiarias en situación de vulnerabilidad. De la misma manera, buscamos homologar los criterios de las y los jueces en el otorgamiento de estas medidas.
Marisela Escobedo
Rubí Marisol Frayre Escobedo, de 16 años, desapareció a finales de agosto de 2008. Su madre, Marisela Escobedo Ortiz, quien hasta entonces era una madre dedicada a sus hijas e hijos, enfermera y emprendedora, dejó todo para convertirse en la principal investigadora sobre el feminicidio de su hija. Gracias a las evidencias que recabó por su cuenta, se pudo determinar que Rubí fue asesinada por su pareja sentimental, Sergio Rafael Barraza Bocanegra, quien por entonces ya había huido de Chihuahua.
Con recursos propios, Marisela logró ubicar a Sergio en Fresnillo, Zacatecas, donde fue detenido en junio de 2009 y trasladado a Cd. Juárez para enfrentar un juicio en el recién estrenado Sistema de Justicia Penal. Durante el juicio, Sergio confesó la autoría del crimen y señaló el lugar de sepultura de los restos de Rubí. En su declaración, Marisela expresó que estaba ahí porque quería que el feminicidio de su hija fuera el último en Chihuahua. A pesar de los antecedentes recabados, y aún y cuando Sergio se declaró culpable, el Tribunal absolvió y liberó al asesino confeso en abril de 2010.
Ante esta resolución, Marisela llevó a cabo una serie de protestas contra las autoridades del Gobierno del Estado de Chihuahua y exigió que Sergio fuera detenido y llevado nuevamente a juicio. Apelada la resolución y revocada la sentencia absolutoria, se consiguió una sentencia condenatoria en segunda instancia, pero para entonces Sergio había huido y se encontraba prófugo de la justicia.
Fue entonces que Marisela comenzó una lucha tenaz e incansable para exigir su aprehensión, por lo que emprendió una serie de acciones en su búsqueda de justicia. Recorrió el país, encabezó marchas, realizó múltiples protestas y se reunió con representantes de diferentes niveles de Gobierno. En tres ocasiones encontró por su cuenta a Sergio y demandó su detención, sin obtener respuesta de las autoridades. Confrontó al ex Gobernador César Duarte y denunció la colusión entre las autoridades e integrantes del crimen organizado. Reiteradamente enfrentó amenazas de muerte por parte de la familia del feminicida de su hija. Advirtió a las autoridades que sería asesinada si no hacían nada para protegerla y que su muerte sería la vergüenza del Gobierno.
La noche del jueves 16 de diciembre de 2010, Marisela fue asesinada en presencia de su familia frente a las puertas del Palacio de Gobierno del Estado de Chihuahua, mientras realizaba un plantón y demandaba justicia por el feminicidio de su hija Rubí. Los últimos cuatro años de su vida marcarían para siempre la historia de nuestra entidad y del sistema penal acusatorio en México, y evidenciarían ante el mundo entero la impunidad que impera en nuestro país.
Tan pronto como se suscitó el homicidio de Marisela, la situación de riesgo se extendió hacia el resto de su familia. Durante las horas posteriores a su asesinato, un comando armado incendió la maderería de quien por entonces era la pareja sentimental de la activista, mientras que su cuñado, Manuel Monge, fue desaparecido y posteriormente asesinado. Por lo anterior, fue necesario adelantar el funeral de Marisela, que originalmente se tenía previsto para el domingo inmediatamente posterior a su muerte.
Ante el peligro prevaleciente, los integrantes de la familia nuclear de Marisela tuvieron que huir de México. Actualmente se encuentran en proceso de solicitud de asilo político, problemática que tampoco ha sido atendida por parte del Estado mexicano.
En octubre de 2012, la Fiscalía General del Estado de Chihuahua presentó como presunto asesino material de Marisela a José Enrique Jiménez Zavala, alias “el Wicked”. En noviembre de ese mismo año, las autoridades confirmaron que Sergio Barraza, asesino de Rubí, murió en un enfrentamiento entre militares e integrantes del crimen organizado sobre una carretera al sur el estado de Zacatecas. Dos años después, en diciembre de 2014, se informó que “el Wicked” murió estrangulado en su celda, mientras esperaba condena por el asesinato de Marisela.
Ante la ausencia de reparación y justicia, el 24 de junio de 2019 el CEDEHM, el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) y la organización Mexicanos y Mexicanas en el Exilio (Mex-en-Ex), presentamos ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el caso de Marisela Escobedo Ortiz. A partir de esta solicitud, la familia de Marisela y las organizaciones solicitantes buscamos superar los obstáculos impuestos en México en la búsqueda de justicia y en evitar que situaciones de esta naturaleza se sigan presentando.
La petición emitida ante la CIDH permitirá al Sistema Interamericano de Derechos Humanos documentar las violaciones de derechos humanos cometidas contra Rubí, Marisela y 17 miembros de su familia. Entre ellas se encuentran la falta de protección que desencadenó la violencia machista en contra de Rubí, el posterior asesinato y desaparición de la joven, así como la falta de investigación de estos hechos. A esto se suma la falta de garantías para que Marisela Escobedo ejerciera su rol de defensora de derechos humanos de manera segura, lo que facilitó su asesinato y desencadenó el desplazamiento forzado de su familia después de su muerte.
Las organizaciones solicitamos que se declare que el Estado mexicano es internacionalmente responsable por las violaciones, omisiones, negligencias e impunidad que derivaron en el asesinato de Marisela Escobedo, el feminicidio de su hija Rubí y el desplazamiento de la familia de ambas mujeres hacia Estados Unidos.
Casos de homicidio en legítima defensa
En el CEDEHM hemos tenido la oportunidad de acompañar a mujeres víctimas de violencia familiar, física, psicológica, económica y/o sexual por parte de sus respectivas parejas – violencias que además eran cíclicas y sistemáticas – y que fueron detenidas y encarceladas por privar de la vida a sus agresores, en un acto de legítima defensa y bajo el temor fundado respecto al peligro que corrían sus vidas e integridad.
Con la representación jurídica del CEDEHM pudimos demostrar que, en los hechos, estas mujeres actuaron sin dolo, premeditación, alevosía, traición ni saña y que únicamente lo hicieron en legítima defensa para repeler una agresión real, actual e inminente, con el único propósito de proteger y defender sus vidas.
En todos los casos, las mujeres fueron absueltas y declaradas inocentes, con lo que pudieron recuperar su libertad para continuar con su recuperación junto a sus respectivas familias.
A la luz de otros casos en los que se ha criminalizado el proceder de mujeres víctimas de violencia de género, que actúan en legítima defensa, reiteramos que es obligación del Estado garantizar que las y los operadores de justicia estén plenamente capacitados en materia de derechos humanos, violencia familiar y perspectiva de género, para una correcta impartición de justicia.
Capítulo #3 de la serie “De víctimas a victimarias. Mujeres en defensa propia” de Comunicación e Información de la Mujer A.C. (CIMAC)
Caso Arareco
Acompañamos a 11 niñas rarámuri, cinco de las cuales fueron víctimas de violación agravada y calificada y cuatro, de abuso sexual agravado y calificado: delitos que fueron cometidos por parte de su maestro cuando cursaban el cuarto grado de primaria. En febrero de 2019 el profesor fue encontrado culpable de estos delitos y en la sentencia se le determinó una condena de 88 años y nueve meses de prisión.
Este caso resulta emblemático, toda vez que se pudo garantizar el acceso a la justicia para un grupo de niñas en situación de vulnerabilidad, al tratarse de niñas indígenas, residentes de una comunidad económica y socialmente marginada, en la cual fueron víctimas de delitos sexuales cometidos por su entonces docente, una figura de autoridad y confianza. Por lo anterior, representa un precedente en el combate a la impunidad y en el acceso a la justicia en materia de violencia y delitos de género.
Durante el proceso de representación jurídica de este caso, mediante un peritaje especializado en materia psicosocial, fue posible demostrar ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado, que las consecuencias de estos hechos delictivos no únicamente afectan a las víctimas, sino que permean también en el ámbito comunitario.
Dado que la violencia sexual genera un impacto en las víctimas, en sus familias y en su comunidad inmediata, desde que el CEDEHM recibió el caso en junio de 2015, hemos brindado acompañamiento y atención integrales en las áreas jurídica y psicosocial para que las víctimas puedan restablecer sus proyectos de vida. Además, acompañamos a sus familias y comunidad escolar con talleres psicoeducativos para prevenir y detectar el abuso sexual infantil.
Para que casos como este no vuelvan a repetirse, el Estado en sus diferentes niveles debería implementar medidas tendientes a prevenir estos hechos y, en general, a diseñar e implementar una política integral para garantizar que niñas, niños y mujeres indígenas víctimas de violencia de la entidad, cuenten con un acceso oportuno a la justicia. También se debería diseñar un plan de supervisión en los albergues y escuelas de educación indígena de la entidad para garantizar que sean espacios libres de violencia, especialmente de tipo sexual, contra niñas y niños.
Desde el CEDEHM hacemos un llamado al Estado y a las instituciones educativas para capacitarse en materia de detección y prevención del abuso sexual infantil; a incluir en sus programas educación sexual integral para niñas, niños y adolescentes; a anteponer el testimonio de las víctimas frente al de cualquier otra figura de autoridad, y a actuar oportunamente en la denuncia de casos de abuso o violación sexual.
Consulta aquí el comunicado en relación a la sentencia condenatoria obtenida en relación al Caso Arareco.
Hester van Nierop
En septiembre de 1998, Hester Van Nierop, una joven holandesa de 28 años de edad que viajaba de México a Estados Unidos, murió víctima de feminicidio en Cd. Juárez, Chihuahua. Transcurridos seis meses, las autoridades no habían realizado las indagatorias correspondientes, ni habían reunido más información que permitiera la identificación y localización del culpable.
La perseverancia incansable de su familia llevó a la detención del homicida. Su madre, Arsène Van Nierop, conoció la labor del CEDEHM en el año 2007, junto con la organización Casa Amiga Esther Chávez Cano en Ciudad Juárez, iniciamos la representación legal del caso. Acompañamos a la familia de Hester en la petición de búsqueda y en el posterior enjuiciamiento del feminicida. En coadyuvancia con la Embajada del Reino Unido de los Países Bajos en México, luchamos hasta conseguir una sentencia condenatoria para el asesino.
En enero de 2014 el asesino de Hester fue detenido en la frontera mexicana. La policía estadounidense lo identificó por el perfil descrito y sus señas particulares. Fue deportado y entregado a las autoridades mexicanas. A partir de ese momento se le dictó prisión preventiva. En diciembre de 2015 un juez de Chihuahua dictó sentencia y el asesino fue condenado a 35 años de cárcel. En el juicio fue decisiva la declaración de uno de los testigos principales.
El Embajador de los Países Bajos en México comunicó la noticia a la familia de Hester en Holanda. La Fundación Hester, creada en 2005 por Arsène Van Nierop con el objetivo de denunciar y prevenir la violencia contra las mujeres en el norte de México, agradeció los esfuerzos de las autoridades y consideró la condena como un primer paso hacia la justicia. La madre de Hester relata que “si yo no hubiese tenido el apoyo del CEDEHM, el asesino de mi hija nunca habría sido juzgado”.
El 31 de mayo de 2011, el CEDEHM en conjunto con Justicia para Nuestras Hijas y Fundación Hester, presento el caso de Hester ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Exponiendo los hechos ocurridos a Hester, el desarrollo de la investigación y las deficiencias en la misma, así como los derechos humanos violados por el Estado mexicano. Dicha petición fue notificada al Estado con fecha del 17 de octubre de 2016, recibiendo su primera respuesta el 29 de marzo de 2017. En la cual el Estado mexicano alega haber realizado la investigación con la debida diligencia, aduciendo que el procedimiento tomo tanto tiempo por la complejidad de este y no por faltas de parte de sus Instituciones. Señalando en este mismo documento que no era admisible la petición de las víctimas por no haber presentado recurso interno en contra el retardo en las investigaciones y acceso a la justicia.
Después de haber hecho el estudio de los documentos presentados por las víctimas y el Estado mexicano, la CIDH emitió informe en el que declara admisible la petición en relación con los artículos 4, 5, 8, 24 y 25 de la Convención Americana, en conexión sus artículos 1.1 y 2; y el artículo 7 de la Convención de Belém do Pará; del caso Hester Suzanne Van Nierop y Familia contra el Estado mexicano. Procediendo así a continuar con el análisis del fondo del asunto.
En el CEDEHM realizamos labores de incidencia en políticas públicas ante los tres poderes en beneficio de las mujeres, niñas, niños y adolescentes víctimas de la violencia de género. Dicha incidencia parte en acciones integrales con perspectiva de género y con una visión de niñez y adolescencia, que tengan por objetivo garantizar y proteger los derechos humanos de las mujeres. En este sentido nuestra labor de incidencia va encaminada a la prevención de las violencias de género, la promoción de los derechos humanos de las mujeres, de la niñez y adolescencia, y la implementación de los más altos estándares de atención a las violencias de género en el acceso a la justicia.
Del mismo modo en conjunto con organizaciones aliadas hemos realizado diversas actividades como la promoción de la adopción de la Declaratoria Chihuahua por las Mujeres, la cual implica una serie de acciones desde los tres poderes ejecutivo, legislativo y judicial de Gobierno del Estado de Chihuahua, encaminadas a generar avances para la igualdad sustantiva de las mujeres, así como a mejorar la respuesta del Estado frente a las violencias de género. A partir de esta estrategia, actualmente acompañamos en el diseño e implementación de medidas para brindar atención a los ejes estratégicos que se abordan en la Declaratoria.
Como parte de nuestra labor de incidencia, en el año 2011, en cumplimiento con las recomendaciones emitidas al Estado mexicano por el caso de Paloma Escobar, se logró la creación de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género del Estado de Chihuahua (FEM), con el objetivo de prevenir y eliminar la revictimización de las mujeres a partir de un enfoque de atención integral. La FEM es una institución creada para investigar y perseguir los delitos relacionados con hechos de violencia contra niñas y mujeres de la entidad. Este órgano tiene bajo su responsabilidad la investigación y atención de casos de violencia familiar, delitos que atentan contra la obligación alimentaria, delitos de carácter sexual (hostigamiento, acoso, abuso y violación), reportes de ausencia de niñas y mujeres, trata de personas (niñas, niños y mujeres) y feminicidios.
Resoluciones favorables para mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género
En el CEDEHM hemos consolidado nuestra capacidad de litigio estratégico al obtener resoluciones favorables para las mujeres, niñas y niños víctimas de violencias de género. En las sentencias se retoman nuestros argumentos; se visibilizan, se reconocen y se sancionan las distintas violencias de género; se considera la preponderancia de las declaraciones de niñas, niños y mujeres víctimas de delitos sexuales; y se implementan reparaciones de daño integrales y sanciones para pederastas.
En añadidura, hemos contribuido a visibilizar las consecuencias que tiene la violencia de género en la pareja, en hijas e hijos. En este sentido, a partir de nuestra intervención, las resoluciones han sido favorables para las niñas y niños involucrados: se han detenido las agresiones de las que solían ser víctimas, se han otorgado pensiones alimenticias para cubrir sus necesidades y se han recuperado la armonía y el bienestar emocional de la familia. En ciertos casos, la decisión judicial ha respetado el deseo de las hijas e hijos de no ver a su papá.
En 2019 logramos el 96% de resoluciones favorables para las mujeres en materia familiar y el 92% en asuntos penales. Estas resoluciones han sido reparadoras y transformadoras. De acuerdo con nuestras beneficiarias, el 70% de ellas se mostraron satisfechas sobre el resultado. Las mujeres consideran que la resolución fue justa a sus peticiones debido a que agresor o imputado fue condenado, tiene una sanción y ya no puede hacerles más daño, por lo que se sienten seguras y liberadas física y emocionalmente. También hemos logrado salvar la vida e integridad de cientos de mujeres, al solicitar e implementar las medidas de protección a su favor.
Nuestras usuarias consideran que, a partir de nuestro acompañamiento, ocurrieron cambios significativos en la atención recibida por parte de las y los operadores de justicia. Resultados positivos que atribuyen a la capacidad de incidencia y al profesionalismo de nuestro equipo de abogadas y expertas del Programa de Violencias de Género.
México es un país que adolece de justicia social y en el que aún hay un amplio camino por recorrer para garantizar los derechos humanos para todas las personas. Nuestro trabajo es medular en la exigencia de verdad, justicia y reparación. Continuar con esta causa es una labor que no puede cesar y hacerlo requiere de solidaridad y apoyo. Si deseas contribuir a nuestra causa, puedes realizar tu donativo a través de PayPal.
Hacer una donación
Te asesoramos de forma remota en el celular 614.458.7383 de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 hrs. (CUU)
Av. Juárez 4107-B Col. Centro, Chihuahua, Chih., México, C.P. 31000
Teléfono: (614) 415 41 52
