En el año 2014, ante el incremento de la violencia y las graves violaciones a derechos humanos que afectaban a comunidades de la Sierra Tarahumara, comenzamos a acompañar a familias que se vieron obligadas a abandonar sus hogares y territorios para proteger su vida e integridad. Entre los primeros casos se encuentran las comunidades de El Manzano, en el municipio de Uruachi, y Monterde, en Guazapares, donde la presencia del crimen organizado, los asesinatos, las desapariciones, las amenazas y la destrucción de viviendas provocaron el desplazamiento forzado de numerosas familias.

Por lo anterior, a través del acompañamiento a personas y comunidades víctimas de desplazamiento forzado interno, brindamos asesoría y defensa jurídica, acompañamiento psicosocial e incidencia ante las autoridades para exigir el reconocimiento, protección y restitución de sus derechos humanos. Asimismo, acompañamos procesos comunitarios y acciones de articulación con organizaciones de la sociedad civil para visibilizar esta problemática, prevenir nuevos desplazamientos y exigir condiciones dignas que permitan a las familias acceder a justicia, reparación integral y, cuando sea posible y seguro, retornar a sus territorios.