Por: Gladis Torres Ruiz
Cimacnoticias | México, DF.- 16/10/2012

El gobierno de Chihuahua se comprometió a emitir una disculpa pública por las declaraciones de funcionarios estatales contra el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) y su directora, Luz Estela Castro, las cuales colocan en grave riesgo a las activistas y pone en entredicho su labor humanitaria.

En entrevista telefónica, Francisca Jiménez Barrientos, coordinadora de la Red por la Participación Ciudadana, informó que ayer el secretario de Gobierno de Chihuahua, Raymundo Romero, se comprometió a publicar tal disculpa –aunque no dijo cuándo– durante una reunión con organizaciones civiles.

El pasado 7 de octubre el gobierno estatal presentó a José Enrique Jiménez Zavala, “El Wicked”, como el presunto autor material del asesinato de Marisela Escobedo, cometido el 16 de diciembre de 2010 mientras la activista realizaba un plantón frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua.

Tras la presentación del supuesto homicida, las abogadas del Cedehm, que siguen el caso de Marisela, exigieron a la Fiscalía General del estado que aclarara cómo es que ha presentado a dos presuntos autores materiales del crimen, y advirtieron la posibilidad de que “El Wicked” hubiera sido “aleccionado” para declararse culpable.

En respuesta, el pasado 11 de octubre el fiscal general Carlos Manuel Salas lamentó en declaraciones a los medios de comunicación que la directora del Cedehm, Luz Estela Castro, “defendiera a delincuentes”, y criticó que “la supuesta defensora defienda a los asesinos tanto de Marisela, como de dos periodistas y 14 personas más.”

Francisca Jiménez dijo que para las y los defensoras de Derechos Humanos (DH) de la entidad ese tipo de afirmaciones son más lamentables, y colocan en riesgo y en gran vulnerabilidad tanto a la directora del Cedehm como a sus integrantes, por lo que ayer exigieron poner un alto a la campaña de ataques y que se disculpe el fiscal Salas por sus declaraciones “irresponsables”.

La activista señaló que hasta hoy la disculpa no se había hecho pública, y agregó que también en el documento que entregaron al secretario Raymundo Romero piden que se acaten las medidas de protección y seguridad para el trabajo de las defensoras del Cedehm, que ordenó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en 2008.

En el documento entregado ayer en Palacio de Gobierno, tras una protesta para exigir justicia en el caso de Marisela Escobedo en la Plaza Hidalgo, se señala que las medidas dictadas por la CIDH obligan al Estado mexicano a brindar protección y seguridad a la labor de las y los defensores de DH.

Las organizaciones advierten que las declaraciones que desacreditan el trabajo de las defensoras de DH y la presentación en distintos momentos de dos presuntos responsables del asesinato de Marisela “confunden a la ciudadanía”.

“No es la primera ocasión que los medios de comunicación dan cuenta de varias declaraciones de funcionarios de primer nivel y otros actores políticos, que reiteradamente insisten en descalificar el trabajo de las organizaciones sociales de la entidad”, se anota en el texto entregado al secretario de Gobierno.

El documento lo firman –entre otras y otros activistas– Norma Ledezma, de Justicia para Nuestras Hijas; Elvira Villarreal, del Grupo 8 de Marzo; Imelda Marrufo, coordinadora de la Red Mesa de Mujeres de Ciudad Juárez; Linda Flores, de Diálogo y Acción Ciudadana, y Javier Ávila, presidente de la Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos.

Cabe recordar que el Cedehm lleva el caso de Rubí Marisol Frayre, hija de Marisela Escobedo asesinada en 2008 a la edad de 16 años. La organización defensora logró una sentencia de 50 años contra el asesino confeso Sergio Rafael Barraza, quien no obstante quedó en libertad por “falta de pruebas”.

El Cedehm también acompañó a Marisela en sus protestas para exigir el cumplimiento de la sentencia contra el asesino de su hija.