Chihuahua posee una de las tasas más altas de homicidios de mujeres del mundo. Desde 2008 ha sido consistentemente la entidad con más homicidios de mujeres en México. Tan solo en 2013, han sido asesinadas al menos 146 mujeres y niñas.
Esta violencia feminicida es la culminación de una grave discriminación contra las mujeres y de otros actos de violencias contra ellas. Esta situación se agrava con la violencia institucional que se da cuando el gobierno tolera, minimiza y omite investigar esos graves crímenes. El gobierno de Chihuahua además acusa a las mujeres y grupos que denuncian esta problemática, y criminaliza a las y los familiares que buscan justicia. Varias defensoras de derechos humanos, incluida Marisela Escobedo han sido asesinadas al exigir justicia, y estos asesinatos no han sido debidamente investigados.
Por ello, este 25 de noviembre, día de la eliminación de la violencia contra las mujeres, reiteramos nuestra exigencia al gobierno federal, estatal y municipal:
1. Asegurar la integridad de las y los familiares de las víctimas, miembros de ONG´s y periodistas que han sido hostigados por su defensa de los derechos humanos y por buscar justicia. Esclarecer las amenazas y asesinatos de las y los defensores de derechos humanos.
2. Implementar acciones urgentes y efectivas, consensuadas con las organizaciones de mujeres, para cumplir con los compromisos derivados de la Convención CEDAW y Belèm do Pará, así como cumplir con las recomendaciones emitidas por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2013, en materia de derechos humanos de las mujeres.
3. Implementar políticas públicas efectivas para erradicar las violencias de género: tales como la institucional, laboral, económica, comunitaria, sexual, familiar, trata de personas y feminicidio.
4. Establecer un mecanismo de reacción eficaz e inmediato para atender a las mujeres en situación de violencia, y brindarles alternativas reales para que rehagan su vida libres de violencia.
5. Buscar inmediatamente a las mujeres y niñas desaparecidas, de conformidad con los estándares de la sentencia de campo algodonero, e informar mensualmente sobre el número de desapariciones y asesinatos de mujeres y niñas.
6. Terminar la ofensiva que nulifica los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, los cuales deben ser reconocidos y respetados, para hacer efectivo el derecho a decidir sobre su propio cuerpo y a una maternidad libre.
7. Garantizar la igualdad sustantiva participativa y justa, implementando las medidas necesarias para revertir las desigualdades de género y nombrar a por lo menos 40% de mujeres en puestos para avanzar a un Estado verdaderamente democrático.
8. Implementar políticas y presupuestos públicos etiquetados para programas y acciones con perspectiva de género, con mecanismos de monitoreo de la sociedad civil, que atiendan a los principios de certeza, transparencia, justicia, legalidad y rendición de cuentas.
9. Garantizar la efectividad de las leyes que regulan el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, mediante la implementación de políticas públicas eficaces para la procuración de justicia, evitando la simulación gubernamental existente.
10. Garantizar la justicia para las víctimas y sus familias, ya que la falta de voluntad política en resolver los asesinatos y desaparición de mujeres, así como la corrupción y complicidad de funcionarios públicos, mantiene en la impunidad a más del 95% de los casos.
11. Apoyar las alertas de género que han sido solicitadas en los diferentes estados de la República Mexicana y dar seguimiento al cumplimiento de la Sentencia de Campo Algodonero, evitando la simulación.
De no atenderse esta grave situación de violencia de género, 2 de cada 3 niñas serán violentadas por sus propias parejas.
Movimiento Estatal de Mujeres