Chihuahua, Chih., a 2 de marzo de 2020.- El día de hoy, a 10 años del asesinato impune de Ernesto Rábago Martínez, un contingente rarámuri proveniente de las comunidades indígenas de Baquéachi, Chinéachi y Bakuséachi, marchó desde la Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús hacia la Fiscalía General del Estado y de ahí rumbo a la Cruz de Clavos, memorial de la impunidad frente a Palacio de Gobierno, para demandar justicia y castigo a los culpables.
Ernesto Rábago fue un abogado y defensor de derechos humanos que, junto a su esposa Estela Ángeles Mondrágon, a través de la asociación Bowerasa A.C., acompañó a diferentes comunidades indígenas en la defensa de su territorio, entre las que se encuentra la del ejido rarámuri de Baquéachi, municipio de Carichí..
Desde sus inicios, las acciones legales para la recuperación del territorio de Baquéachi suscitaron amenazas y agresiones contra Estela Ángeles y representantes de la comunidad, además de fallidos intentos de soborno. En el mes de marzo de 2009, las instalaciones de Bowerasa en la ciudad de Chihuahua fueron incendiadas con dos bombas molotov. Casi un año después, en febrero de 2010, la hija de Estela fue víctima de un intento de homicidio.
A pocos días de este suceso, el 1 de marzo de 2010, Ernesto Rábago fue asesinado en las oficinas de dicha organización, como un hecho que se vincula directamente a las acciones jurídicas y a las movilizaciones pacíficas que emprendió como parte de su representación legal hacia la comunidad rarámuri. Diez años después, las autoridades siguen sin esclarecer su asesinato, por lo que tampoco se han aprehendido ni se ha dado castigo a los culpables.
Desde 1927, la comunidad indígena de Baquéachi emprendió la lucha por la defensa de su territorio, mismo que abarca una extensión de 44 mil 784 hectáreas y que, a lo largo de los años, ha sufrido una serie de invasiones. Ganaderos del municipio de Nonoava les despojaron de 7 mil 800 hectáreas; mientras que ganaderos de Carichí terminaron por arrebatarles alrededor de 25 mil hectáreas.
Después de cerca de 25 años de litigio agrario, la abogada Estela Ángeles, de la mano de la comunidad indígena de Baquéachi, ha logrado recuperar más de 21 mil hectáreas de su territorio. En añadidura al asesinato de Ernesto y el atentado contra su hija, la abogada ha sido víctima de amenazas, agresiones, campañas de desprestigio y acciones legales que buscan criminalizar su labor, debido a los intereses económicos que su legítima defensa del territorio rarámuri ha trastocado.
El más reciente de estos ataques se suscitó en julio de 2019, cuando se interpusieron dos denuncias penales en su contra con falsas en infundadas acusaciones, a lo cual se sumó una campaña mediática de descrédito. Lo anterior, pese a que la abogada cuenta con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y es beneficiaria del Mecanismo Nacional de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Hoy, tras casi 15 años de defensa legal por parte de la asociación civil Bowerasa, encabezada por Estela Ángeles, y a pesar de las constantes amenazas y agravios de los invasores, la comunidad indígena de Baquéachi celebra las sentencias dictadas a su favor y el reconocimiento que se les ha otorgado como legítimos dueños de su territorio. Exigen además que la injusticia no sea eterna: que se esclarezca y se de castigo a los culpables del asesinato de Ernesto Rábago.
