Chihuahua, Chih., 10 de febrero de 2015. En un hecho inédito, y ante la violencia institucional que viven varias mujeres víctimas de violencias de género, éstas se organizaron y salieron a las calles desde el mes pasado para exigir justicia y denunciar al Lic. Carlos Espino Holguín, Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial Morelos, quien ha sido señalado por diversas víctimas como un funcionario que en forma reiterada violenta los derechos humanos de niñas, niños y mujeres en situación de violencia.
A raíz de ello, el pasado 6 de febrero el Tribunal Superior de Justicia de Chihuahua emitió un comunicado informando la destitución del juez y señaló que se le integraría en funciones de capacitación en el nuevo Sistema de Justicia Civil y Familiar. De acuerdo con el Magistrado Presidente del Supremo Tribunal, Lic. José Miguel Salcido, lo anterior obedeció a la necesidad de fortalecer las actividades de capacitación para juzgadores y juzgadoras del Poder Judicial de Chihuahua.
Ante ello, queremos resaltar el activismo, perseverancia y empoderamiento de diversas mujeres que exigían el respeto de sus derechos y la destitución inmediata del juez Espino. Adicionalmente, preocupa a las organizaciones de derechos humanos el nuevo cargo que ostenta el juzgador, habida cuenta que la capacitación es una herramienta fundamental para profesionalizar el actuar de las y los operadores de justicia al impartir justicia con perspectiva de género y de derechos humanos, de acuerdo a lo previsto por el artículo 1º Constitucional.
Asimismo, y dado las diferentes denuncias presentadas en contra del Lic. Espino y de algunas de las personas que integran el juzgado cuarto, seguiremos observando el actuar de ese juzgado, reiterando la petición de que se realice una auditoría inmediata y solicitando que se tramiten adecuadamente las quejas administrativas y denuncias penales presentadas contra el ex Juez Cuarto de lo Familiar.
Finalmente, ante los obstáculos que encuentran las mujeres para acceder a la justicia, la promulgación de códigos procesales que violentan los derechos de las víctimas, el nombramiento de magistrados/as sin experiencia, la ineficacia de recursos judiciales que protejan derechos humanos especialmente para quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad, se ha exigido durante estas manifestaciones la creación inmediata de un Consejo de la Judicatura que garantice una evaluación objetiva del desempeño de quienes integran el aparato judicial y que tome medidas de incentivos o sanciones de jueces, juezas, magistrados/as y personal administrativo, según corresponda.