Presenta Amnistía Internacional su informe: “Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio en la Sierra Tarahumara”

  • El Estado mexicano ha fallado en garantizar un ambiente seguro para las personas defensoras de la comunidad de Coloradas de la Virgen, la que cuenta con una baja presencia estatal y una fuerte presencia del crimen organizado.
  • Se hace un llamado al Estado mexicano para la verdad, justicia y reparación en el caso de Julián Carrillo.

Chihuahua, Chih., 24 de enero de 2019. El día de hoy, a tres meses del asesinato impune de Julián Carrillo, Amnistía Internacional presentó el informe “Entre balas y olvido: ausencia de protección a personas defensoras del territorio de la Sierra Tarahumara”, en el que constató que el Estado mexicano incumplió su obligación de protección para el defensor rarámuri.

Julián Carrillo era un defensor de derechos humanos que desde el año 1992 fue elegido por la comunidad para distintos cargos de liderazgo como, por ejemplo, comisario de policía y presidente de bienes comunales, cuya función era cuidar el territorio, el bosque, el agua y los animales silvestres del territorio de Coloradas de la Virgen.
En entrevista con Amnistía Internacional, semanas antes de su asesinato, Julián Carrillo informó su preocupación por los altos niveles de violencia en Coloradas de la Virgen, generados por la división de la comunidad debido al otorgamiento de derechos ejidales a mestizos y la presencia del crimen organizado, el cual se había apropiado de la zona con el objetivo de sembrar cultivos ilícitos, como cannabis y amapola.
Desde 2015 a la fecha, cinco familiares de Julián Carrillo habían sido asesinados por actividades relacionadas a la defensa de su territorio. El 24 de octubre de 2018, Julián fue asesinado por hombres no identificados, aproximadamente dos semanas después de que personas de la comunidad denunciaran ante distintas autoridades estatales y federales la existencia de una concesión minera a tres particulares en el territorio de Coloradas de la Virgen.
“Las personas indígenas rarámuri de la comunidad de Coloradas de la Virgen han enfrentado por años una serie de ataques y amenazas debido a su labor de defensa de derechos humanos y de su territorio ancestral”, en el cual, “ha habido una ausencia histórica de las autoridades”, dijo Erika Guevara Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.
En este sentido, mencionó que “el asesinato de Julián Carrillo es la evidencia más palpable e inaceptable del fracaso de las autoridades mexicanas de cumplir con su obligación de garantizar la protección efectiva frente a todo tipo de violencia, amenaza o represalia resultante de su labor en defensa de los derechos humanos”.
“Ante la situación histórica de Coloradas de la Virgen, el Estado Mexicano, por conducto de las instituciones del sector agrario de entonces, ha sido cómplice, por omisión o acción, de los despojos de los territorios que históricamente les pertenecen a las comunidades”, dijo Isela González Díaz, directora ejecutiva de Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC), y añadió que “la lucha jurídica es muy simple: consiste en obligar al Estado mexicano a garantizar el consentimiento libre e informado de los pueblos indígenas en la defensa de su territorio”.
Desde el 2012, México estableció un Mecanismo de Protección para Defensores de Derechos Humanos y Periodistas con el objetivo de determinar e implementar medidas de prevención y protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas defensoras de derechos humanos y periodistas que se encuentren en situación de riesgo.
Julián Carrillo era beneficiario de este Mecanismo desde el año 2014. Las medidas de protección para salvaguardar su vida e integridad incluían, entre otras, teléfonos satelitales, botones de pánico y escoltas policiales. Sin embargo y de acuerdo con Erika Guevara, estas medidas eran insuficientes si se considera que no hay una presencia estatal en la región que pueda garantizar verdaderas condiciones de seguridad para la comunidad ante la presencia del crimen organizado.
“Las autoridades mexicanas no pueden seguir limitando la protección de personas defensoras de derechos humanos a un Mecanismo que no funciona”, dijo Tania Reneaum, directora ejecutiva de Amnistía Internacional México. A lo que añadió que “no podemos plantear una política de protección sin respetar la cosmovisión y perspectiva de las personas indígenas”.
Tania Reneaum señaló también que “el gobierno debe adoptar sin demora una política pública integral – con la participación de los beneficiarios – que atienda las causas estructurales que generan un contexto de riesgo para las personas defensoras de derechos humanos. La defensa del territorio y del medio ambiente no debe ser una sentencia de muerte”.
Erika Guevara mencionó que “en un contexto en el que se sigue apostando por una respuesta militarizada, es de suma preocupación que sean las personas defensoras de los derechos humanos quienes estén en la línea de fuego, arriesgando su vida y la de sus familiares, para defender el derecho a la defensa de su territorio y los recursos naturales”.
Según reportes de Amnistía Internacional, tan sólo en 2018 fueron asesinadas alrededor de 250 personas defensoras del territorio y recursos naturales en América Latina. De estos casos, siete se encuentran en investigación y únicamente dos en proceso de judicialización, de los cuales, sólo en uno los responsables han sido llevados ante la justicia.
“En Chihuahua han sido asesinadas 36 personas defensoras desde 1973, la mayoría entre 2008 y 2016, y sus casos se encuentran en total impunidad”, dijo Gabino Gómez, coordinador del área de personas desaparecidas, personas desplazadas y personas defensoras del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM).
En lo que respecta a los asesinatos registrados con motivo de la defensa del territorio y recursos naturales en Coloradas de la Virgen, “desde 1973 y hasta 2018 han sido asesinadas 14 personas, sin considerar a sus familiares”, señaló.
Gabino Gómez hizo un recuento sobre la negativa de las autoridades estatales ante la presentación de dos informes previos de Amnistía Internacional en Chihuahua, uno en 2003, relativo a los feminicidios en Cd. Juárez, y otro en 2016, referido a los casos emblemáticos de personas desaparecidas en Ayotzinapa y Cuauhtémoc. “Esperamos que ante este nuevo informe el Gobierno del Estado de Chihuahua reaccione favorablemente para atender la situación que se vive en Coloradas de la Virgen”, dijo.
A tres meses del asesinato de Julián Carrillo, las autoridades mexicanas aún no han identificado a los responsables para llevarlos ante la justicia. Ante estos hechos, Amnistía Internacional hace un llamado al Estado mexicano a tomar medidas urgentes para acabar con la impunidad de los ataques contra miembros de Coloradas de la Virgen y a llevar a cabo investigaciones exhaustivas, independientes e imparciales sobre el asesinato de Julián Carrillo y los demás miembros de su familia.
El asesinato de Julián Carrillo sucede en el marco de una alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos que continúa sin ser efectiva. Razón por la cual, el CEDEHM y ASMAC llaman a las autoridades federales y estatales a refrendar su compromiso y a retomar a la brevedad posible los compromisos derivados de ese plan.
Organizaciones firmantes:
Alianza Sierra Madre A.C. (ASMAC)

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)
Para ver el informe completo de Amnistía Internacional, dirigirse a:
https://amnistia.org.mx/contenido/informe-entre-balas-y-olvido/
El comunicado de Amnistía InternacionaI sobre la presentación del informe está aquí:
https://bit.ly/2HwkGyz

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