CON AUSENCIAS IMPORTANTES Y ASISTENCIAS DE BAJO PERFIL, SE LLEVA A CABO LA PRIMERA REUNIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA EN EL CASO ALVARADO


  • Destaca la ausencia de la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
  • A diferencia de la contundente presencia de las y los familiares, y salvo algunas excepciones, estuvieron ausentes autoridades tomadoras de decisiones. 
Cd. Juárez, Chih., a 5 de abril de 2019. El pasado 20 de diciembre de 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia en el caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México, en la que condenó al Estado mexicano, entre otras cosas, por la desaparición forzada de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Irene Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera, cometida el 29 de diciembre de 2009 por parte de militares, en el marco del Operativo Conjunto Chihuahua. Al día de hoy no existen avances en el cumplimiento de esta sentencia.

Después de 106 días de notificada la sentencia, el día de hoy en Cd. Juárez, Chihuahua, se sostuvo la primera reunión entre familiares, organizaciones representantes y autoridades del Estado mexicano, con el objetivo de dar cumplimiento íntegro a la sentencia, en la cual se ordena investigar los hechos, dar con el paradero de las víctimas, sancionar a los responsables, realizar un acto de reconocimiento público de responsabilidad, capacitar a las fuerzas armadas, publicar la sentencia, crear un registro único de personas víctimas de desaparición forzada, entre otros.

Ni la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ni la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana asistieron a esta primera reunión, a pesar de haber solicitado expresamente su presencia, por tratarse de autoridades directamente involucradas en el caso, así como en el cumplimiento de varias de las medidas de reparación dictadas por la Corte.

Durante el encuentro, las y los familiares del caso Alvarado reiteraron que su principal exigencia es conocer el paradero de Nitza Paola, Rocío Irene y José Ángel Alvarado y que, así como lo ordena la sentencia, se investiguen los hechos por desaparición forzada. A pesar de lo anterior, las autoridades continúan sin poner el énfasis de la investigación sobre la participación del ejército.

Una serie de formalismos y procedimientos burocráticos, así como la falta de coordinación interinstitucional, han obstaculizado el seguimiento y cumplimiento oportuno de las obligaciones del Estado mexicano estipuladas en la sentencia. De continuarse, esta situación podría representar un riesgo para el adecuado cumplimiento de la misma.

En contraste con la numerosa asistencia de las y los familiares a los que alude la sentencia – para quienes la reunión implicó el viaje a través de cientos de kilómetros, y la ausencia en sus respectivos trabajos y escuelas – en el encuentro únicamente estuvieron Aarón Mastache, titular de la Unidad de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación; Mariana Colín, agente del Ministerio Público Federal responsable de la investigación del caso; y enlaces operativos de la Fiscalía General de la República, de la Cancillería de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas y del Gobierno del Estado de Chihuahua.

Debido a lo anterior, las organizaciones que representamos a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado y sus familiares, expresamos la necesidad de que, en lo sucesivo, sean las autoridades de primer nivel las que asistan a las reuniones y se involucren en la toma de decisiones que permitan el cabal cumplimiento de la sentencia. En añadidura, cabe señalar que a esta sesión también asistió personal de la quinta visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, a petición de las familias.

Por todo lo anterior, exigimos al presidente Andrés Manuel López Obrador, así como a las y los titulares de las dependencias correspondientes, que garanticen el cumplimiento íntegro de la sentencia dentro de los plazos que en la misma se estipulan. Demandamos celeridad, competencia y operatividad efectivas.
El cumplimiento de esta sentencia es una gran oportunidad para que el Estado mexicano reestructure sus políticas de seguridad y haga efectivas las garantías de no repetición para las víctimas, en aras de refrendar su compromiso para la defensa y promoción de los derechos humanos. El caso Alvarado Espinoza y Otros Vs. México representa nueve años de impunidad a manos del Estado mexicano. De no cumplir con la sentencia de la Corte IDH, el actual Gobierno Federal, lo mismo que sus predecesores, continuará siendo responsable de las violaciones a los derechos de verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familiares.
El resumen de la sentencia puede consultarse aquí: http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/resumen_370_esp.pdf

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