Gana impunidad en caso de tentativa de feminicidio

Tribunal de Juicio Oral absuelve a acusados por tentativa de feminicidio y violación, ante la impunidad el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM) llevará el caso al Comité de Convención sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW).

El 23 de julio del 2010, MOP se encontraba en un puesto de comida que se ubica fuera de un bar, ella observa asustada la aproximación de su ex pareja, a quien le precedía una larga historia de violencia, el sujeto sale de entre los carros y sin mediar palabra le cubre la boca, la lleva a un terreno baldío contiguo al bar, ella siente que dos personas la arrastran, la tocan, la golpean, la violan y reconoce la voz del hermano de su ex pareja quien afirma “déjala ya está muerta” MOP despierta ensangrentada, ultrajada en un hospital, y después cae en estado de coma por 48 horas.

Con todo el terror de una sobreviviente y con las amenazas de muerte, ella decide denunciar. MOP se traga el miedo, el dolor y la humillación, enfrenta a sus agresores y los señala ante el tribunal Oral, buscando justicia.

Pese a que México se encuentra sentenciado por el máximo Tribunal de las Américas, por la Sentencia emitida por la Corte Interamericana en el caso González y Otras contra el Estado Mexicano, la cual se originó por la negligencia de las actuaciones de las investigaciones de las autoridades de Chihuahua, el patrón se repite.

A pesar de que el Gobierno de Chihuahua informa a los organismos internacionales, (que continúan observado el alto grado de impunidad con el que se puede asesinar a una mujer en este Estado), que cuenta con una Fiscalía especializada en feminicidios y delitos de género, que actúan en base a protocolos, la impunidad en estos delitos es una constante y la sentencia absolutoria del 24 de junio del 2013 a los agresores de MOP, así como los feminicidios del Valle de Juárez, que salen a la luz pública recientemente, son una muestra de esta realidad en Chihuahua.

La negligencia de la Fiscalía propició la impunidad, repitiendo patrones similares a los que dieron lugar a la emblemática sentencia, es decir, no aplicaron los protocolos específicos en los casos de feminicidio y violencia sexual; con una ausencia importante de la actividad de investigación, al no haber preservado la escena del crimen: no se acordonó el lugar, no se levantaron evidencias, ni cadena de custodia. La defensoría pública también abonó a la impunidad, presentando testigos que mintieron ante el Tribunal para beneficiar a los acusados.

Las abogadas del CEDEHM, en su calidad de Acusadoras Coadyuvantes, llamaron la atención del Tribunal Oral en la credibilidad y coherencia del dicho de la víctima, que fue respaldada con prueba científica como el certificado de lesiones y la pericial psicológica, entre otras; solicitando que se actuara con la debida diligencia y que se tomara en cuenta, además de los tratados internacionales, la jurisprudencia internacional que obliga a dar valor preponderante a la declaración de la víctima en los delitos de realización oculta como es este caso, el Tribunal de Juicio Oral negó la petición.

La sentencia absolutoria además de violentar los derechos de la víctima envía un mensaje claro de impunidad a los tratantes de personas, a los feminicidas y a los violadores, y sugiere permisividad del Estado. Denunciamos que el Estado de Chihuahua fue incapaz de garantizar el acceso a la justicia a una víctima a quien sus agresores amenazaron con asesinar.

Con base en la Ley General de Víctimas, exigimos a las autoridades que protejan la vida de MOP y su familia, haciéndolos responsables de la integridad física y moral, así como del CEDEHM.

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