Organizaciones de la Sociedad Civil de Chihuahua, buscan ante Autoridades Federales que se reconozcan, erradiquen y sancionen las graves violaciones a derechos humanos que se cometen en el estado, derivadas de las desapariciones forzadas, la tortura, los feminicidios y la impunidad en los delitos que se cometen en contra de defensoras/es de Derechos Humanos.

La mesa de trabajo celebrada el pasado 7 de agosto del presente,  en las instalaciones del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM),  tiene como antecedente  los compromisos que asumieron las autoridades federales en el Foro Internacional de Desaparición Forzada e Involuntaria en México que se celebró en junio en Saltillo, Coahuila; a la cual acudieron Organizaciones de la Sociedad Civil del Estado de Chihuahua y familiares de víctimas, denunciando la negación por parte del Gobierno Estatal en el tema, buscando que sus voces sean escuchadas ante las autoridades nacionales e internacionales.

Por parte de las  Autoridades Federales  que participaron en la mesa  de trabajo asistieron: el Lic. Ricardo García Cervantes, Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad; la Mtra. Nelly Montealegre Díaz, Fiscal Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas; el Dr. Salomón Baltazar Samayoa, Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas; la Maestra Eliana García Laguna, Coordinadora General de Políticas Públicas de Derechos Humanos de la SDHPDSC; el Lic. Jorge Zermeño Infante, Coordinador de Asesores de la SDHPDSC y el Maestro César Augusto Peniche, Delegado de la Procuraduría General del Estado en Chihuahua.

Del estado de Chihuahua participaron familiares de víctimas y las organizaciones sociales: Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, Comisión de Solidaridad y Defensa de los Derechos Humanos, Justicia Para Nuestras Hijas y El Barzón Chihuahua.

Presentando como tema de la agenda de trabajo el contexto y situación del estado de chihuahua expuesta por el Dr. Víctor Quintana, quien señaló que la falta de desarrollo democrático, el autoritarismo y la corrupción es lo que ha hecho que la violencia sea más aguda y agravado la destrucción del tejido social en el estado.

Por otra parte, el Sacerdote Jesuita Javier Ávila, explicó la situación de impunidad y la política de simulación de atención en los casos de la sierra tarahumara, donde viven entre el horror y la desesperanza, sin que nadie del Estado pueda parar tanta muerte violenta.
De ciudad Juárez acudió el Padre Oscar Enríquez detalló la situación que prevalece en esa ciudad y denunciando la tortura como una forma de investigación, mencionando el tema de los jóvenes Noé Fuentes Chavira, Rogelio Amaya Martínez, Víctor Manuel Martínez Rentería, Gustavo Martínez Rentería y Ricardo Fernández Lomelí, quienes fueron torturados para incriminarse en el caso denominado “carro bomba”.

Así mismo, Gabino Gómez del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, explicó la problemática de las familias que tienen en su seno algún familiar desaparecido y la negación del Gobierno a reconocer el problema;  solicitó el cumplimiento de la Nueva Ley General de Víctimas, y encontrándose presente Dr. Salomón Baltazar Samayoa Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, pidió  la atención urgente de los casos de las familias presentes, así como la necesidad de la participación en la identificación de restos del Equipo Argentino de Antropólogas Forenses y de expertos internacionales en investigaciones y criminalista; centrando su participación en la necesidad de impulsar en forma eficaz la búsqueda de las personas desaparecidas sean forzadas o involuntarias.

El Barzón Chihuahua expuso la problemática que enfrentan  derivada de las denuncias que esta organización ha impulsado por la violación de derechos humanos del medio ambiente, en concreto con el tema del agua y con la Mina Canadiense Mag Silver, así como  la criminalización de la protesta social, reiterando la necesidad de esclarecimiento de los asesinatos de los defensores de derechos Humanos Ismael Solorio  y Manuelita Solís.

Norma Ledezma de la organización Justicia para Nuestra Hijas, señaló la responsabilidad del Estado en el tema de trata, ante el involucramiento de autoridades federales y estatales en la comisión de estos delitos, el altísimo grado de impunidad en casos de feminicidios  y el incumplimiento de la sentencia internacional de campo algodonero.

Una representación de maestros y maestras que fueron defraudados por su sindicato y empresas Sofomex, también pidieron  la intervención de los funcionarios federales,  para agilizar el proceso de investigación en las denuncias presentadas ante la PGR.

Finalmente, Lucha Castro informó sobre la situación de riesgo que enfrentan las y los defensores de derechos humanos en el estado de Chihuahua, quién de acuerdo a los organismos internacionales como la ONU,  esta entidad es uno de los lugares más peligrosos para realizar la actividad de defensa de los derechos humanos.  Denunció  las campañas de desprestigio el clima de impunidad en la investigación de los delitos que se cometen en contra de este grupo y el incumplimiento de las Medidas de Protección que mandata la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para garantizar la realización de su trabajo.

La reunión de trabajo se prolongó por seis horas y una vez que las autoridades federales escucharon a las víctimas y a las organizaciones que les representan, el  Lic. García Cervantes Subprocurador de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad, se comprometió a dar seguimiento a los casos expuestos mediante reuniones posteriores creando una alianza de trabajo con las organizaciones de la sociedad civil participantes.

El Titular de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, informó sobre el alcance legal de la función de esta instancia y se comprometió a hacer una revisión de los casos  de manera particular y asumir tareas desde la Unidad Especializada de Personas Desaparecidas.




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