El 8 de marzo es la conmemoración del día internacional de las mujeres, que recuerda la importancia del respeto y garantía de los derechos de las mujeres. Surgido de hechos dramáticos de exigencia de derechos laborales en Estados Unidos, este día nos recuerda que esos hechos –ocurridos durante el siglo XIX- aun siguen sucediendo. El 8 de marzo también es un recordatorio para que todos los poderes públicos –ejecutivo, legislativo y judicial- refuercen todas las medidas que sean necesarias para que mujeres y niñas vivamos libres de cualquier tipo de violencia.
Durante 2013, el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C. (CEDEHM) tramitó y acompañó de manera integral a 2,770 mujeres en diferentes situaciones de violencias. Sin duda, existen muchos ejemplos y miradas anónimas que ejemplifican las mayores injusticias y atrocidades. De manera particular, el día de hoy señalamos cuatro casos recibidos en lo que va de este 2014, pues reflejan la permanencia de los estereotipos de género, del racismo, la discriminación en el acceso a la justicia, la impunidad, el abuso del poder público, la falta de sensibilización y la necesidad de una mejor formación de funcionarios y funcionarias públicos/as.
En este 8 de marzo, celebramos a las mujeres que gritan en contra de las violencias; a quienes quieren vivir en paz; a quienes salen a denunciar y exigen sus derechos; y a quienes, con su valentía, siguen siendo ejemplo de dignidad ante los abusos y las discriminaciones. Pero este 8 de marzo recordamos, una vez más, que es un reto impostergable que todas las autoridades asuman con responsabilidad, compromiso, profesionalismo y objetividad el importante encargo que tienen.
A más de cuatro años de sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Campo Algodonero, y a más de dos años de la promulgación de la reforma constitucional en materia de derechos humanos, este día exigimos el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos humanos, así como justicia oportuna, igualdad, libertad y seguridad para todas las mujeres.
Casos emblemáticos
Beatriz
Desde el 31 de marzo del 2012, Beatriz una mujer indígena, aún espera justicia por intento de feminicidio. Su agresor, Ramón Vizcarra de la Cruz, la arrojó del tercer piso de un hotel, por tratarse de una persona en triple situación de discriminación: mujer, indígena y pobre; la Fiscalía de Chihuahua inició la investigación del delito por “lesiones” y no por tentativa de feminicidio como la lógica indicaba. Un año después se intenta corregir el error y en esta semana se lleva a cabo el Juicio Oral por tentativa de feminicidio.
Entre otras irregularidades, ante el Tribunal Oral, el policía ministerial responsable de la investigación, que acudió el día de los hechos e hizo reconocimiento al acusado mediante cámara de gessel, informó a los juzgadores que “no recuerda nada”.
A pesar de existir una persona testigo directa de los hechos, que vio cuando la mujer fue arrojada por la ventana y que identifica plenamente al agresor, la Fiscalía ha argumentado diversos pretextos, tales como falta de viáticos, debido a que el juicio se encuentra en proceso; debido a que el juicio se encuentra en proceso, esta falta de debida diligencia del estado podría traer como consecuencia un juicio absolutorio.
Gema
Mujer indígena de 26 años, la situación de hambruna que prevalece en la sierra tarahumara, la arrojo a la ciudad de Chihuahua en donde se empleó como trabajadora doméstica. El primero de enero del 2011 tuvo una niña, conoció a una señora mestiza de nombre Judith Sánchez Rojo o Judith Rojo Sánchez, con quien entablo una amistad.
La mujer ofreció trabajo a Gema y le pidió a su pequeña hija de tan solo un mes de nacida para llevarla con su familia de visita, ante la presión ejercida, la madre aceptó. En seis meses no volvió a ver a su hija, después de ese tiempo y ante las reiteradas suplicas, Judith accedió a “prestarle” a la bebé. Posteriormente, sin avisar se fue a vivir temporalmente a otro estado de la República, informando a Gema que si quería ver a su niña tendría que viajar hasta donde ésta se encontraba.
A pesar de las suplicas para que regresara a su hija, y ante esta realidad, Gema busca ayuda en una organización social e interpone una denuncia penal por el delito de sustracción de menores, la Fiscalía jamás busco a la pequeña, fueron las organizaciones sociales quienes dieron con el paradero de la menor el pasado noviembre de 2013, dando aviso de inmediato a las autoridades.
Judith al sentirse descubierta y ante la inminencia de enfrentar un proceso penal, entrega la bebé al DIF Estatal, quien apoya a Gema para que haga el registro, sin embargo inexplicablemente esta institución exige a la mujer indígena que retire la denuncia interpuesta ante la Fiscalía, como condición para entregarle a su hija.
A pesar de conocer la maternidad de la pequeña, el DIF condiciono las visitas de 20 minutos al día.
Judith, logró un segundo registro de la niña indígena a su favor y el DIF le entregó la pequeña; el juez cuarto de lo familiar, sobre quien pesan diversas quejas interpuestas por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, otorgó la guarda y custodia de la niña.Todos los procesos a los que Gema se ha enfrentado carecen de traducción, dejándola en completa indefensión.
Pamela
Pamela es una mujer que entabló una relación sentimental con el Sr. César Israel Villanueva Carrillo, Ministerio Público de la Fiscalía Estatal, de quien fue víctima de grave violencia familiar; ante esta situación la mujer decidió poner fin al círculo de la violencia, huyendo de su agresor, trasladándose a otro estado de la República.
La víctima se encontraba embarazada y da a luz a su bebé, regresa con su hijo a la ciudad de Chihuahua en febrero del 2013, el agresor la ubica e inicia el hostigamiento, vigilancia y persecución a Pamela; la convence para reconocer al niño, para brindarle protección económica, solicitándole que le permita convivencia.
A pesar de que el niño ya se encontraba registrado, el funcionario público logra una segunda acta de nacimiento en el Registro Civil a su nombre en febrero del 2014, mismo mes en que el agresor acude al domicilio de Pamela, con el pretexto de convivir con su hijo; le exige tener relaciones sexuales y ante la negativa, arremete contra la mujer causándole lesiones y sustrae al niño; debido a los gritos de auxilio de la víctima, acuden policías municipales en su ayuda, quienes se niegan a detener al agresor al ser informados que se trataba de un Ministerio Público. La Fiscalía le brinda medidas de protección, sin embargo no realiza actividades tendientes a recuperar al niño. En días pasados, la madre acudió a la guardería en compañía de las abogadas del CEDEHM para recuperar al pequeño.
Elizabeth
Tuvo una relación sentimental en el año 2007 con Francisco Javier Gutiérrez Menchaca, quién labora en la Fiscalía del Estado. Vivieron en unión libre por unos meses, ella decidió separarse ante las agresiones físicas que sufría, tuvieron a una niña de nombre L., quien actualmente tiene 6 años de edad.
En el mes de octubre del 2013 la víctima presentó una denuncia penal por incumplimiento de la obligación alimentaria, por atreverse a denunciarlo la víctima, su familia y los testigos, han enfrentado amenazas de parte del agresor y de la pareja de éste de nombre Lizeth Manuela Cortez Ortiz, la cual se ostenta como policía ministerial de la Unidad de Homicidios.
Amenazas tales como: “te doy sólo unos días para que retires la demanda, acuérdate que tienes hijos y con ellos me puedo desquitar”, “porque no entiendes y retiras la demanda, tú misma estas cavando tu propia tumba”, “usted no se meta porque le puedo quemar su casa, porque a mí las autoridades me hacen los mandados”, “con lo que voy hacer jamás vas a volver a ver a la niña”, “si yo quiero en este momento puedo reventar tu casa, porque yo soy ministerial”.
Todas las amenazas anteriores fueron realizadas desde el teléfono 439 78 99, que corresponde al conmutador del Gobierno del Estado, lo cual fue denunciando y hasta la fecha la situación permanece en la impunidad; agravando la desesperación de la víctima, quien fue privada de su hija.
El pasado mes de diciembre el funcionario estatal, acudió a la escuela y sustrajo a la niña, que hasta la fecha permanece separada de su madre; a pesar de que ella tiene visitas, otorgadas por la jueza familiar, el agresor no ha respetado el mandato judicial.
Obligaciones en el ámbito internacional
La inoperancia, incapacidad, imposibilidad, negligencia y complicidad de las autoridades del estado de Chihuahua ha significado que las organizaciones acudamos a la comunidad internacional en búsqueda de apoyo.
Chihuahua salto a la fama internacional desde hace más de dos décadas por los feminicidios y las desapariciones que llevaron a varias instancias –incluidas la Comisión y Corte Interamericanas de Derechos Humanos- a pronunciarse sobre la falta de prevención, la negligencia de las investigaciones y la discriminación en el acceso a la justicia.
A esos pronunciamientos se suman los recientes informes del Comité de la CEDAW y el llamado del Consejo de Derechos Humanos de la ONU en el marco del examen periódico universal (EPU). Este último –el Consejo de Derechos Humanos- emitió en octubre pasado 176 recomendaciones al Estado mexicano en relación con diferentes temas de derechos humanos. Es importante señalar que el tema que el mayor número de recomendaciones recibió fue el de los derechos humanos de las mujeres.
Algunas de las recomendaciones del EPU fueron contundentes en lo siguiente:
148.70 Continuar las actividades para prevenir y combatir la violencia contra las mujeres, garantizando el acceso de las mujeres a la justicia y seguir mejorando los servicios de apoyo (Estado de Palestina);
148.71 Garantizar que se investiguen los casos de violencia contra las mujeres, y establecer programas de apoyo a las víctimas para las mujeres afectadas (Maldivas);
148.72 Continuar las actividades para prevenir y combatir todas las formas de violencia contra las mujeres, y enjuiciar a los responsables, al tiempo que se garantiza el acceso igualitario de las mujeres a la justicia y se mejoran los servicios de apoyo, en particular para las mujeres indígenas (Austria);
En cuanto la CEDAW, el Comité ha determinado que el Estado mexicano ponga “en práctica mecanismos para supervisar y sancionar a los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, incluidos los del poder judicial, que discriminan a las mujeres y que se niegan a aplicar la legislación que protege los derechos de la mujer.”[1]
También la CEDAW –reiterando recomendaciones anteriores- exhortó al Estado a que “adopte todas las medidas necesarias para asegurar la aplicación efectiva de las leyes pertinentes a fin de prevenir la violencia contra las mujeres indígenas, investigar, enjuiciar y sancionar a los culpables de actos de violencia contra las mujeres indígenas y garantizar que las víctimas tengan un acceso efectivo y rápido a la justicia, inclusive mecanismos de reparación”[2].
En relación con el contexto general y violencia por motivos de género, el Comité expresó su preocupación[3]y exhortó al Estado mexicano a:
a) Revisar su estrategia de seguridad pública para la lucha contra la delincuencia organizada a fin de adaptarla a sus obligaciones internacionales de derechos humanos, incluida la Convención, y poner fin a los altos niveles de inseguridad y violencia en el país, que afectan de forma desproporcionada a las mujeres y las muchachas;
b) Invertir los efectos negativos de esta estrategia para las mujeres y las muchachas y cumplir sus obligaciones de diligencia debida para prevenir la violencia contra las mujeres, incluida la violencia doméstica, las desapariciones forzosas, las torturas y los asesinatos, en particular el feminicidio; investigar, enjuiciar y sancionar a los autores de delitos, ya sean entidades estatales o no estatales, y proporcionar reparación a las mujeres que hayan sido víctimas de la violencia, independientemente del contexto y de los presuntos responsables;
c) Impartir capacitación sistemática en materia de derechos humanos, en particular sobre los derechos de la mujer, a todos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, a las fuerzas del ejército y la armada que participan en operaciones en el contexto de la estrategia de seguridad pública y establecer y hacer cumplir un código estricto de conducta a fin de garantizar de modo efectivo el respeto de los derechos humanos;
d) Adoptar todas las medidas necesarias para establecer un sistema estándar para la reunión periódica de datos estadísticos sobre la violencia contra la mujer, desglosados según el tipo de violencia y las circunstancias en que se cometió el acto de violencia, que incluya información sobre los autores y las víctimas de estos actos y la relación entre ellos.[4]
Finalmente, tanto en el EPU como el CEDAW han recomendado la ratificación la ratificación del Convenio 182 de la OIT sobre
Conclusiones
Como se desprende de los casos descritos, la celebración del 8 de marzo seguirá siendo una utopía si no se cumple la ley y no existe voluntad y compromiso real de todos los funcionarios y funcionarias, particularmente los de más alto nivel.
Ante la grave situación de estos casos representativos de violencias de género, de la generalidad que litiga el Centro de Derechos Humanos, nos dimos a la tarea de construir un OBSERVATORIO DE EL CENTRO DE JUSTICIA PARA LAS MUJERES, DIF ESTATAL y DEL PODER JUDICIAL, haciendo manifiesto nuestro de derecho a participar en la fiscalización y rendición de cuentas de las instancias creadas por el Estado mexicano para prevenir, sancionar y erradicar las violencias contra las mujeres.
Las cifras no mienten en lo que va del 2014 han ocurrido más de 25 feminicidios y tan sólo el día de hoy amanecimos con 3 feminicidios.
[1] CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (México), de 7 de agosto de 2012. Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 16, literal e).
[2] CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (México), de 7 de agosto de 2012. Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 35 literal d).
[3] El informe establece lo siguiente:
11. Al Comité le preocupa el hecho de que los altos niveles de inseguridad y violencia en el Estado parte no se limiten a la lucha contra la delincuencia organizada y, en consecuencia, estén afectando de modo negativo a la población, en particular a las mujeres y las muchachas, en el disfrute de sus derechos humanos. Le preocupa profundamente que la estrategia de seguridad pública para luchar contra la delincuencia organizada, combinada con la impunidad y corrupción persistentes, haya contribuido a la intensificación de unas pautas ya existentes de discriminación y violencia generalizadas contra las mujeres en el Estado parte, basadas en actitudes patriarcales, y a minimizar este fenómeno y hacerlo invisible. Al Comité le preocupa que las mujeres y las muchachas se vean sometidas a unos niveles cada vez mayores y a diferentes tipos de violencia por motivos de género como la violencia doméstica, desapariciones forzosas, torturas y asesinatos, en particular el feminicidio, por agentes estatales, incluidos funcionarios encargados de hacer cumplir la ley y fuerzas de seguridad, así como por agentes no estatales como grupos de delincuentes organizados.
CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (México), de 7 de agosto de 2012. Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11.
[4] CEDAW. Observaciones finales del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (México), de 7 de agosto de 2012. Doc. ONU CEDAW/C/MEX/CO/7-8, párr. 11.
