Chihuahua, Chihuahua, 25 de noviembre de 2014. Ante las graves y continuas violencias que vivimos las mujeres y niñas, en este Día Internacional de Eliminación de la Violencia contra la Mujer, y en el marco del vigésimo aniversario de la adopción de la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer (Convención de “Belém do Pará”), las organizaciones firmantes expresamos nuestra solidaridad con todas las mujeres que se encuentran en esa situación y nuestra exigencia para que el Estado mexicano adopte todas las medidas necesarias, adecuadas y suficientes para atender, prevenir, sancionar y erradicar todas las formas de violencia que nos aquejan.
En particular, queremos reiterar la importancia de que el Estado mexicano cumpla a cabalidad con sus obligaciones internacionales en la materia. Como se sabe, actualmente se encuentran varios casos con decisiones de la Comisión y la Corte Interamericanas de Derechos Humanos que no han sido cumplidas a cabalidad. En lo que respecta a nuestro estado, aún se encuentran pendientes de ser cumplidos varias de las medidas de reparación estructurales ordenados por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Campo Algodonero.
De igual manera, el Estado mexicano está en falta desde agosto pasado al no enviar la información solicitada por el Comité para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Comité CEDAW) en relación con tres asuntos prioritarios:
19. b) Desarrollar un registro oficial sistemático de las desapariciones forzosas a fin de poder evaluar la magnitud del fenómeno y adoptar políticas apropiadas; examinar los códigos penales locales para tipificar como delito las desapariciones forzosas; simplificar los procedimientos existentes para activar el Protocolo Alba y la Alerta AMBER, a fin de poner en marcha sin demora la búsqueda de las mujeres y muchachas desaparecidas; y normalizar los protocolos de búsqueda policial.
Por otra parte, el segundo tema que debe informar el Estado tiene que ver con la obligación de armonización legislativa en cuestiones relacionadas con la interrupción legal del embarazo, con el fin de garantizar adecuadamente los derechos de las mujeres (párr. 33.a), mientras que el tercer tema se refiere a hacer del conocimiento “a los proveedores de servicios médicos y trabajadores sociales que las enmiendas constitucionales locales no han derogado los motivos para interrumpir un embarazo de forma legal y les comunique también las responsabilidades que les incumben.” (33.b)
Finalmente, exigimos al Estado mexicano que reformule sus políticas públicas para que abarquen a todas las mujeres víctimas de violencias. En tal sentido, nos parecen reprobables los mediocres indicadores planteados por planes sexenales. Por ejemplo,
De acuerdo con el “Programa Nacional de Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018”[1], el gobierno federal se compromete a: incrementar a 10,000 el número de mujeres víctimas de violencia atendidas en refugios y centros de justicia. De igual manera, se plantea lograr el 16% de mujeres propietarias de vivienda y, en lugar de incentivar, la meta prevé “reducir el número de “denuncias presentadas ante agencias del ministerio público por delitos de género”, de 36,133 (2011) a 26,543 (2018).[2]
Más aún, el “Programa Integral para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres 2014-2018”[3]prevé reducir a 59% la prevalencia total de violencia contra las mujeres de 15 años y más, así como incrementar a 12% las órdenes de protección, incluidas las “definidas en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, así como las medidas cautelares definidas en la legislación penal y civil de cada entidad federativa.”
Estas cifras son inadmisibles y evidencian un reconocimiento expreso del Estado de ser incapaz de proteger a todaslas mujeres en México. Todas las mujeres importamos. Todas merecemos igualdad trato y protección por el Estado. Por tanto, es urgente que el Estado replantee las desafortunadas metas, que responden a criterios matemáticos que no tienen nada que ver con una realidad de violencia, patriarcado y deuda histórica por parte del Estado.
Finalmente y en por lo que se refiere al Estado de Chihuahua, específicamente existen una serie de dificultades que impiden que las mujeres que viven una situación de violencia, puedan acceder a la protección que el Estado tiene obligación de brindarles. Citamos sólo dos ejemplos de ello: la aprobación de un Código de Procedimientos Familiares totalmente ausente de perspectiva de género y sin los mínimos estándares de derechos humanos que aseguren el acceso a la justicia. Y el Centro de Justicia para la Mujeres, política pública creada ex profeso para atender las distintas violencias de género, que no ha dado el resultado esperado, principalmente por la falta de presupuesto, monitoreo y supervisión del desempeño efectivo de sus operadores y el rezago que hacen imposible para las mujeres obtener protección y justicia en forma rápida y oportuna.
Centro de Atención a la Mujer Trabajadora (CAMT)
Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, A.C.
Círculo de Estudios de Género
Grupo de Mujeres en Gran Morelos
Grupo Feminista 8 de Marzo
Grupo Promotor de los Derechos Políticos de las Ciudadanas
Mujeres Barzonistas
Observa Ciudadan@
Organización de Defensa del Patrimonio Familiar y los Derechos Humanos, A.C. (UCD)
Red por la Participación Ciudadana
[1] Ver, Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres 2013-2018. Programa Nacional para la Igualdad de Oportunidades y no Discriminación contra las Mujeres (PROIGUALDAD) 2013-2018. Publicado en el Diario Oficial de la Federación el 30 de agosto de 2013. Disponible en: http://dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5312418&fecha=30/08/2013.
