El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), organización que acompaña el proceso legal y el activismo de Genoveba manifiesta su postura en relación a la recuperación de la niña, el proceso legal que debe seguirse y las consecuencias para las autoridades que violentaron los derechos humanos.
La licenciada María Luisa Salazar, abogada del CEDEHM y representante de Genoveba, madre indígena a la que le robaron a su hija cuando la pequeña tenía tres meses de edad, señaló que el caso no puede concluir con la retención de la niña en las instalaciones del DIF, debido a que es indispensable un proceso especial de reincorporación de la niña de ahora cuatro años, a una cultura diversa con su verdadera madre y familia, además señaló exigirán que se castigue a las autoridades responsables.
Cabe mencionar que un juez federal señaló que autoridades del Poder Judicial, Fiscalía y DIF violentaron derechos humanos de la niña y la madre indígena, por lo que exigirán que los funcionarios y funcionarias no gocen de impunidad. Además, la abogada Salazar recordó que existe una denuncia penal presentada en la Unidad Especializada en Delitos contra funcionarios/as públicos, en contra del Juez Cuarto de lo Familiar por el caso de la sustracción de la niña rarámuri, por lo que pedirán al Presidente del Supremo Tribunal de Justicia que acepte la recusación de este funcionario para que deje de conocer el caso de la custodia de la niña y se realice una auditoría en este juzgado.
Irma Villanueva, directora del área legal del CEDEHM, solicitó se respete los protocolos y estándares internacionales que protegen la identidad de la niña debido a que fue un grave error del Supremo Tribunal de Justicia, en boletín publicado el día de ayer, mencionar a la niña por su nombre completo, cabe señalar que en las diversas denuncias las representantes legales de Genoveba han omitido su nombre para preservar su identidad y evitar la estigmatización de la víctima, lo cual no fue respetado por el Supremo Tribunal.
La abogadas del CEDEHM señalaron que se tendrá una reunión con el Fiscal General, el Secretario General de Gobierno y el Presidente del Supremo Tribunal, para pedirles que den seguimiento a los casos de varias víctimas de violencia institucional que se han organizado para exigir que sus casos sean revisado.
Rossina Uranga, directora del área de psicología del CEDEHM, mostró su preocupación por el proceso de transición que requiere una niña de cuatro años que considera como madre a la persona que la sustrajo y planteará que se lleve a cabo un proceso compartido entre ambas madres y/o familiares a fin de priorizar el interés superior de la niña y evitar el trauma de la separación, para tal efecto lo ideal es que un equipo multidisciplinario integrado por abogadas, psicólogas con enfoque psicosocial, diferente al enfoque de psicología, y quienes tengan experiencia en trabajos con niñas y niños sean las personas realicen el trabajo de facilitación del proceso. Además es importante considerar que la niña debe integrarse a la cultura indígena, lo cual requiere también un tratamiento especial.
Por todo lo anterior exigimos:
1. Un proceso especial de acompañamiento psicosocial de la niña, conformado por un equipo multidisciplinario para la facilitación del proceso de transición de la niña.
2. Reparación integral del daño moral para J.M. y Genoveba, causado por las autoridades involucradas.
3. Castigo a las funcionarias y funcionarios que violentaron los derechos humanos de las víctimas.
4. Recusación del Juez Cuarto de lo Familiar, Lic. Carlos Espino Holguín, para que deje de conocer el caso de la custodia de la niña.
5. Se realice una auditoría al Juzgado Cuarto de lo Familiar.
6. Creación de un Consejo de la Judicatura y de revisión del funcionamiento del Centro de Justicia para las Mujeres y del DIF.
