Alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas en Chihuahua: un logro de la sociedad civil

·         Durante la firma del mecanismo de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas, organizaciones civiles se pronunciaron por el cumplimiento de los compromisos suscritos

·         Vigilará observatorio internacional cumplimiento a la alerta preventiva para personas defensoras de derechos humanos y periodistas


Chihuahua, Chih. a 9 de junio de 2017.- El evento de aprobación del plan de contignecia de la primer alerta preventiva de protección dio inició con el pase de lista de personas defensoras y periodistas asesinadas en Chihuahua desde el 2008 a la fecha, y un minuto de silencio por el asesinato de Isidro Baldenegro, defensor de derechos humanos del medio ambiente; Juan Ontiveros, defensor de derechos humanos en defensa del territorio; Miroslava Breach Velducea, periodista quien fue parte de las primeras mesas de trabajo para el diagnóstico que derivó esta alerta y por el periodista Jesús Adrián Rodríguez Samaniego.

La grave situación de violencia en Chihuahua que comenzó años atrás y que no se ha erradicado pero que hoy es más visible, ha seguido costando la vida de compañeros que confirman la necesidad de hacer vigente el plan que hoy se aprueba, enfatizó Isela González, quien llevó la voz a nombre de las 26 organizaciones solicitantes de la alerta. 

Este plan, contiene cinco objetivos estratégicos: 1. Medidas estructurales de reconocimiento a la labor de personas defensoras de derechos humanos y periodistas y acceso a la justicia como garantía de no repetición; 2. Situación de Vulnerabilidad de Mujeres, Personas Migrantes y Grupos de la Diversidad Sexual, en la Zona Fronteriza; 3. Medio Ambiente; 4. Situación de la Sierra Tarahumara y; Periodistas.

Esta conformado por 53 acciones sobre estos temas, donde están involucradas 26 instancias de nivel estatal y 24 de nivel federal, que abarcan no sólo cuestiones estructurales como acceso a la justicia y reconocimiento de la labor realizada; sino medidas que atienden la situación de riesgo, siempre con la inclusión y participación de la sociedad civil.

Las acciones van desde a capacitación y sensibilización a diferentes funcionarios de los tres niveles de gobierno, fortalecimiento de instituciones con incremento de recursos humanos y presupuestales y con profecionalización de sus integrantes; campañas de reconocimiento; compromisos concretos de acción o abstención de determinadas autoridades; elaboración de protocolos y lineamientos; programas de prevención, atención o protección; fortalecimiento y supervisión de políticas públicas; garantizar la presencia del Estado en lugares históricamente abandonados; mesas interinstitucionales de seguimiento a problemáticas concretas; planes de protección y; creación, armonización o modificaciones legislativas.

La diversidad de problemas que hoy planteamos la sociedad civil obedecen a situaciones multifactoriales y es, a las autoridades de los tres niveles de gobierno que le compete la atención de las mismas. Es tiempo que las autoridades federales, estatales y municipales asuman lo que les corresponde en la atención de la situación de riesgo que viven permanentemente comunidades enteras en la Sierra Tarahumara  por el problema  del narcotráfico,  el despojo de la tierra y los recursos naturales donde han tenido que emerger los defensores de derechos humanos con el consabido riesgo de pérdida de su vida que corren permanentemente. Mismos problemas que también se trasladan a las zonas urbanas en nuestro Estado.
Por lo que, más allá del Plan que hoy se aprueba, es necesario generar partidas presupuestales federales suficientes destinadas a la atención de la problemática que se vive en el Estado de Chihuahua, así como una mayor implementación de medidas de seguridad pública coordinadas entre las autoridades de los tres niveles de gobierno.
Realizar diagnósticos que identifiquen en las regiones los principales problemas o rezagos que prevalecen para así poder generar políticas públicas tendientes a abatir o disminuir los mismos.


La desigualdad social que vivimos es una deuda pendiente de resolver por parte de los tres niveles de gobierno la cual ha generado muchos de los problemas que actualmente vivimos, aún sigue sin acatarse parte de la sentencia del Campo Algodonero es responsabilidad del Estado asumirla, por otro lado estaremos la sociedad civil que continuaremos reclamando su cumplimiento al igual  que el seguimiento de lo que hoy nos ocupa.

Urge además, crear la ley de regulación e publicidad oficial. Una vez que retiraron los convenios discrecionales a los medios de comunicación y que se han hecho públicos los convenis con medios de comunciaciòn, lo cual aplaudimos, el siguiente paso es poner orden al otorgamiento de los recursos públicos para ese fin, porque de otra manera no tendría sentido ese esfuerzo que deja màs vulnerables a las reporteras y a los reporteros.
Urge legislar para establecer criterios que impidan la criminalización de las y los periodistas por autoridades de los tres niveles de gobierno, así como para sancionar con mayor energía, a quienes generen de manera intencional o por omisión, la impunidad en los delitos graves contra periodistas.
De igual forma se requiere transparentar el manejo del Sistema de Protección a Periodistas, instalado en la CEDH, dado que es producto de un protocolo no consultado con el gremio periodistico. Debe replantearse ese tipo de esquemas a la realidad de un periodismo libre y ético.
Estaremos pendientes de señalar a cada una de las autoridades competentes según sea el caso, que cumplan con su obligación  y  den muestra de cumplimiento y efectividad en sus funciones.
Hoy reconocemos la aprobación de esta alerta, pues es y ha sido un logro de la sociedad civil y el producto de un esfuerzo colectivo; sin embargo, estamos conscientes de que la implementación eficaz del plan sigue siendo un enorme reto que requiere verdadera voluntad política y coordinación de todos los ordenes y niveles de gobierno.

Es así, que para garantizar que los esfuerzos hasta hoy tengan frutos y que este plan pueda ser un precedente para todo el país:

Primero,  solicitamos que cada seis meses, se realice una reunión de alto nivel como la que presenciamos este día, para dar seguimiento a las acciones y estrategias de protección, así como para hacer nuestras observaciones sobre el monitoreo de la alerta preventiva.

Segundo, en aras de vigilar la realización de las acciones del Plan, las organizaciones de derechos humanos y las personas periodistas que participamos, nos hemos organizado formalmente en un observatorio que vigilará puntualmente cada una de las acciones aquí planteadas y al que se han integrado otras organizaciones del país e  internacionales. Asimismo, mantendremos como hasta hoy información detallada a organismos internacionales de protección a Derechos Humanos.

Tenemos esperanza, la misma que nos impulsa cada día a construir un estado respetuoso de los derechos humanos para todas y todos, pero también la misma esperanza que no quiere vivir de utopías, de discursos y eventos protocolarios como éste. Exigimos resultados. Es urgente el respeto a nuestra vida y a nuestra labor como personas defensoras y periodistas.
Nunca los intereses de ninguna índole deben prevalecer, bajo ninguna circunstancia o interferir en la labor derecho-humanista y periodística, por ello el Estado debe garantizar la vida de quienes en una conciencia social deciden mostrar los caminos para que la justicia y la verdad siempre se impongan. Derecho humanistas y periodistas esperanzados con expectativas de real voluntad somos testigos/as de este evento histórico en nuestro Estado.








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