SE REALIZA CON ÉXITO EL FORO “LEY GENERAL EN MATERIA DE DESAPARICIÓN DE PERSONAS, CONOCIENDO SU CONTENIDO Y ALCANCE”


Chihuahua, Chih., a 11 de octubre de 2019. El día de hoy tuvo lugar el foro “Ley General en materia de desaparición de personas, conociendo su contenido y alcance”, organizado por el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM), gracias al apoyo de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).

Dicho foro se realizó con el objetivo de dialogar en torno al contenido y alcance de la Ley General de Desapariciones Forzadas, Desaparición por Particulares y el Sistema Nacional de Búsqueda, así como abordar los retos y desafíos para su implementación en la entidad, entre familiares de personas desaparecidas, integrantes de organizaciones de la sociedad civil y autoridades quienes corresponde la aplicación de esta ley.

Para la inauguración, se contó con la presencia en el presídium de Javier Corral Jurado, Gobernador del Estado de Chihuahua; César Augusto Peniche Espejel, Fiscal General del Estado; Francisco González Arredondo, titular de la Fiscalía Especializada en Investigación de Violaciones a Derechos Humanos y Desaparición Forzada (FIVDH); Arturo Hines, Vicecónsul de Asuntos Políticos de la Embajada de Estados Unidos en México, y Ruth Fierro Pineda, Coordinadora General del CEDEHM.

Ruth Fierro mencionó que el CEDEHM tiene entre sus temas prioritarios el acompañamiento a familiares de personas desaparecidas y que “en el marco de esta prioridad, en el 2017 y gracias al apoyo de EnfoqueDH y USAID, impulsamos la creación de la FIVDH, diseñada con la colaboración de diferentes actores internacionales y que incorporó algunas importantes recomendaciones de organismos de derechos humanos”.

Agregó que “con la publicación de la ley general en materia de desaparición forzada, desaparición por particulares y el sistema nacional de búsqueda, sobre la cual profundizaremos hoy, podemos decir que contamos con un marco jurídico adecuado y suficiente para que exista una respuesta a la altura del problema”.

Arturo Hines expresó que “el foro que hoy nos convoca representa un espacio para compartir lecciones aprendidas y experiencias para mejorar la implementación de esta ley. Gracias a foros como éste, podemos cambiar la forma en la que operan nuestras sociedades”.

Javier Corral dijo que “dejar pasar más tiempo para la correcta aplicación de esta ley, significa incrementar la calamidad”. Reconoció que “aún tenemos muchos retos en el camino, hay que concretar las bases de datos y fortalecer a la FIVDH. No obstante, nuestro compromiso sigue intacto. Seguiremos esforzándonos para avanzar en la búsqueda de las y los desaparecidos y establecer penas a los culpables”.

A manera de introducción, Gabino Gómez, Coordinador del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM, habló sobre el estado actual de las desapariciones en México y en Chihuahua; sobre largo el proceso por el que tuvieron que atravesar los colectivos de familiares de personas desaparecidas para impulsar la Ley, y sobre la necesidad y relevancia de que exista dicha legislación.

Entre los problemas enlistados, destacó los siguientes: “no hay investigación en los primeros días de desaparición; las investigaciones son aisladas y sin contexto; hay estigmatización y discriminación; no hay recursos suficientes para llevar a cabo las investigaciones”. Recalcó que este problema compete a todas las instancias, sin importar el nivel de gobierno al cual pertenecen.

El foro continuó con el desarrollo de cuatro mesas panel: I. Tipos penales y responsabilidades administrativas; II. Fiscalías Especializadas; III. Acciones de búsqueda, y IV. Registros y bases de datos. En la primera participaron Octavio Amezcua, Oficial de Derechos Humanos de la Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos; Arcelia Cerros, integrante del colectivo de familiares de personas desaparecidas del CEDEHM; Edelia Lozoya, Responsable de Defensa Jurídica del Área de Personas Desaparecidas del CEDEHM; y César A. Peniche.

Octavio Amezcua conversó sobre los tipos penales de desaparición forzada, de desaparición por particulares y otros, así como sobre las responsabilidades administrativas. Mencionó que el hecho de que existan dos supuestos: privación de la libertad con el fin de ocultar a la persona y privación de la libertad con el objetivo de infringir un daño a la víctima, “plantea dificultades administrativas al momento de aplicar la legislación”.

Arcelia Cerros, compartió que su hijo desapareció en febrero de 2014 en la carretera a Temósachic: “la persona de la Fiscalía de Occidente nos dijo que no estaban para endulzar oídos y que se necesitaban recursos económicos para enfrentar la situación. Y concluyó diciendo que, “en materia de desaparición de personas, pareciera ser que tienen más garantías los delincuentes que las víctimas”.

Edelia Lozoya se refirió a los retos y desafíos que se han encontrado desde el CEDEHM, a partir de la experiencia en torno al tema de las desapariciones. Refirió que desde el CEDEHM “acompañamos jurídicamente 248 casos de personas desaparecidas. En nuestra experiencia, son muy pocos los casos que llegan a judicializarse y que terminan en una sentencia condenatoria. Actualmente se tienen 5 casos con sentencia por desaparición forzada en todo el estado”.

César A. Peniche dijo que “en la ley que nos ocupa, tenemos problemas de competencias, descripción y confusión de tipos penales”. Citó el caso de la familia Muñoz, en la que ocho de sus integrantes, todos varones, fueron desaparecidos por elementos de la policía, para referirse a una serie de problemas que obstaculizan las investigaciones cuando, debido al marco legislativo, las carpetas oscilan entre uno y otro nivel de gobierno, sin poder llegar a resultados concretos.  Por lo anterior, subrayó que, en los casos de desaparición “hay que definir competencias y dejar claridad en la ley”.

En la segunda mesa participaron Volga de Pina, Coordinadora del Programa de Derechos Humanos y Democracia por la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO); Lucía de los Ángeles, familiar de una persona desaparecida e integrante del Colectivo Solecito de Veracruz; Francisco González, titular de la FIVDH, y Anna Karolina Chimiak, Coordinadora del Área de Incidencia del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo A.C. (CEPAD).

Volga de Pina habló sobre la pertinencia de las fiscalías especializadas y las discusiones que se dieron en torno a éstas. “Entre los beneficios de esta ley, están una mejor comprensión del fenómeno; la concentración de la información para un uso potencial para el análisis de contexto y otros; lo que la ley tiene en contra, es el exceso de especialización, que pulveriza información, capacidades y recursos, diluye responsabilidades y las competencias de las fiscalías no están del todo claras”.

Lucía de los Ángeles, estableció que “no son 40 mil: en México estamos hablando, fácilmente, de más de 150 mil desaparecidos. El problema de las cifras en México es que no siempre se denuncia: sólo se hace en 1 de cada 10 delitos. No hay registros ni bases de datos, o son deficientes; hay falta de protocolos, recursos y capacidades para la identificación”.

Anna K. Chimiak, expuso el caso de Jalisco, el primer estado en tener una fiscalía especializada en desapariciones en el país. Compartió los principales desafíos de su puesta en marcha y el impacto obtenido hasta ahora. “En 2019 en Jalisco se denuncian como desaparecidas alrededor de 14 personas al día. En la entidad sólo hay dos sentencias condenatorias en la materia. Hay falta de claridad en cuanto a las atribuciones y competencias, así como falta de coordinación entre las autoridades de los tres niveles. Hay una constante falta de recursos humanos, materiales, logísticos y tecnológicos”.

Francisco González brindó un panorama sobre el estado de la implementación de la Ley en Chihuahua, así como de los retos, obstáculos y desafíos encontrados hasta el momento. Aseguró que “queremos consolidar y perfeccionar a la FIVDH, a la Comisión Estatal de Búsqueda, a las unidades de investigación. Existe voluntad y especialización con enfoque de derechos humanos. El camino es difícil, pero creo en la coordinación entre familiares, OSC y autoridades de gobierno.”

En la tercera mesa participaron Chasel Colorado, Especialista Senior en Derechos Humanos en Enfoque DH, proyecto financiado USAID; Norma Patricia Albino, familiar de una persona desaparecida e integrante del colectivo Víctimas por sus Desaparecidos en Acción (Grupo V.I.D.A.) de Coahuila; Blanca Isabel Martínez, Directora del Centro Diocesano de Derechos Humanos Fray Juan de Larios A.C.; y Laura Irene Moreno Espinoza, titular de la Comisión Estatal de Búsqueda.

Chasel Colorado habló sobre el Sistema Nacional de Búsqueda, la Comisión Nacional de Búsqueda y los procedimientos en la materia. Dijo que “esta ley flexibilizó el inicio del proceso de búsqueda reconociendo 3 medios: denuncia, reporte y noticia, los que pueden ser anónimos y no necesitan verificación”. Agregó que “el Estado tiene la obligación de realizar todas las acciones tendientes a dar con el paradero de las personas hasta su localización. La búsqueda debe ser pronta, desformalizada, exhaustiva, especializada y participativa”.

Norma Albino destacó que “el Gobierno no termina de cumplir y dar respuesta a nuestras necesidades. Creo que la búsqueda en campo es donde no están respondiendo adecuadamente. Para nosotras, encontrar un resto, es un gran hallazgo, porque éste puede darnos una respuesta”.

Blanca Martínez participó diciendo que “estamos a casi dos años de promulgada la Ley, el gran tema que ahora nos ocupa es su implementación. Está Ley no es un objetivo en sí, es una herramienta para facilitarnos la búsqueda. Se sigue actuando de manera burocrática, no hay diseño ni estrategia. En algunos estados hay comisionados, pero no comisiones. Se sigue simulando el proceso de búsqueda. Tenemos que construir nuevos nichos de esperanza desde la fuerza y la dignidad de las familias”.

Laura Moreno explicó las características de los operativos de búsqueda con vida y búsqueda sin vida de las personas desaparecidas en la entidad. Señaló que en Chihuahua “está próxima a presentarse la página web de la Comisión Local de Búsqueda. En ella se podrán generar reportes de desaparición de manera digital y se podrá suministrar información  de manera anónima, que nos permita dar con el paradero de las personas desaparecidas”.

En la cuarta mesa participaron Hugo Soto, Asesor Forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR); Angélica Rodríguez, familiar de una persona desaparecida e integrante del colectivo Búsqueda de Familiares “Regresando a Casa” A.C. de Morelos; Mercedes Doretti, Directora del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF); y Daniel Ricardo Jaramillo, Director de Servicios Periciales y Ciencias Forenses.

Hugo Soto mencionó que “el objetivo de la gestión de información es definir procesos sistemáticos de recolección, organización, validación, archivo, análisis e interpretación”. Hizo énfasis en la información de calidad, definida como “aquella que brinda satisfacción plena del usuario, es decir, de quienes harán uso de esa información”. Agregó que “hay que asegurar en todo momento que la información sea confiable, precisa, de alta calidad, porque toda ésta llegará a los registros y bases de datos”.
Angélica Rodríguez dijo que “si no se sigue el debido protocolo no podremos dar con nuestros desaparecidos: una persona de nuestro colectivo podría haberse ahorrado cuatro años de búsqueda, si en la carpeta hubieran incluido una fotografía con la vestimenta que llevaba su familiar”. Añadió que “de nada nos sirve que se alimente una base estatal si no se nos comparte la que existe a nivel nacional. Deben existir en todo el país bases de datos compatibles entre sí y debemos poder acceder a ellos”.

A través de un video, Mercedes Doretti habló sobre el proceso de creación del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y dijo que “el MEIF busca separar el trabajo forense diario u ordinario, del extraordinario, es decir, de aquellos restos no identificados o no reclamados dentro de las instituciones”. Añadió que “las atribuciones básicas del MEIF son la recuperación de restos y evidencia asociada, analizar los restos y emitir dictámenes multidisciplinarios, así como llevar a cabo el próximo proceso de notificación y restitución”.

Finalmente, Ricardo Jaramillo compartió que “en 2007 es cuando formalmente se establece el Servicio Médico Forense en el estado de Chihuahua. El 52% de los ingresos registrados hasta el momento han sido por hechos violentos (homicidios), de los cuales, el 85% han sido varones. Agregó que durante todo este periodo, el 94% de los ingresos han sido identificados y entregados a sus familias, es decir, más de 50 mil casos.

El foro, que se desprende del programa «Justicia para las personas desaparecidas de Chihuahua» a raíz de un convenio firmado entre USAID, CEDEHM, EAAF y la FGE, estuvo dirigido a familiares de personas desaparecidas e integrantes de organizaciones de la sociedad civil, así como a personal de la FGE, de la FIVDH, de la Fiscalía Especializada en Atención a Mujeres Víctimas del Delito por Razones de Género, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, de la Unidad de Personas Ausentes o Extraviadas, de la Dirección de Servicios Periciales y Ciencias Forenses, del Tribunal Superior de Justicia del Estado y de la Secretaría de la Función Pública.

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