Chihuahua, Chih., 07 de enero de 2020. El 29 de diciembre de 2009, en el ejido Benito Juárez del municipio de Buenaventura, fueron desaparecidos Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene Alvarado por elementos del ejército mexicano. Desde entonces, sus familiares han buscado su paradero y han exigido justicia en el caso.
El caso ha sido tan paradigmático que el 20 de diciembre de 2018 la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) notificó la sentencia condenatoria en la que resolvió que el Estado mexicano había desaparecido a las víctimas, que era responsable del desplazamiento forzado de varios de sus familiares, así como de la impunidad en el caso y de la falta de protección ante amenazas e incidentes de seguridad. El tribunal interamericano ordenó, entre otras medidas de reparación, a buscar a las víctimas, sancionar a los responsables, reubicar a las familias desplazadas, brindar acompañamiento psicológico a las familias, realizar un acto de reconocimiento de responsabilidad internacional, publicar la sentencia en diferentes medios escritos y electrónicos, avanzar un registro de personas desaparecidas, avanzar en capacitaciones a fuerzas armadas y pagar indemnizaciones.
Al día de hoy, el Estado mexicano no ha cumplido en su totalidad ninguna de las reparaciones ordenadas por la Corte IDH. Peor aún: a principios de 2019 se llevó a cabo una reforma constitucional que permitió la creación de la Guardia Nacional. Asimismo, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), autoridad fundamental en el cumplimiento de la sentencia, se ha rehusado a participar en las reuniones de implementación, así como en el otorgamiento de información sustancial para varias medidas de reparación como lo es la búsqueda de las víctimas, el avance en las investigaciones y las capacitaciones adecuadas.
Adicionalmente, el pasado 19 de diciembre, la Corte IDH notificó a las víctimas que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), a través de la Embajada de México en Costa Rica, había presentado un escrito mediante el cual no quiere hacer el pago de la indemnización de una de las víctimas haciendo alegaciones de derecho interno basado en normativa de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas para hacer el pago ordenado por el tribunal interamericano.
El actuar de la SRE es desafortunado e ilegal, en tanto el Estado mexicano contaba -si lo consideraba pertinente- con noventa días para presentar una interpretación de sentencia, lo cual no hizo. El hacerlo un año después de notificada la sentencia no solo es extemporáneo y deja en desprotección a las víctimas, sino que justifica el incumplimiento de la sentencia en disposiciones de derecho interno, incumpliendo flagrantemente con el artículo 27 de la Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados y con el artículo 68 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
En definitiva, el actuar del Estado mexicano en el presente caso se ha caracterizado por una excesiva burocracia, falta de coordinación, obstaculización flagrante de algunas autoridades y una lentitud que revictimizan a las familias.
De acuerdo con la sentencia emitida el 28 de noviembre de 2018 y notificada el 20 de diciembre siguiente, el Estado mexicano contaba con un plazo de un año para informar del cumplimiento de cada una de las medidas ordenadas en la sentencia. Las familias esperamos esa información, así como la estricta supervisión de cumplimiento por parte de la Corte IDH para que el actuar actual de las autoridades mexicanas no sigan revictimizando a las familias.
Han pasado 3,661 días desde una noche en que varios soldados detuvieron y desaparecieron a Nitza Paola, José Ángel y Rocío Irene. No obstante, el paso del tiempo no puede borrar de las memorias de sus familiares la ausencia, el miedo, la desesperación por no saber dónde están, el crecer sin padre y madres, sin hermanas y sin hijas e hijo. Hoy más que nunca, los rostros de las tres víctimas desaparecidas siguen en la memoria de sus familiares, quienes exigen al Estado que cumpla a cabalidad y prontamente con esa justa expectativa.
