• Choréachi es una comunidad rarámuri del estado de Chihuahua, México sin reconocimiento legal del Estado sobre la propiedad de su territorio ancestral.
• Un grupo de personas mestizas de la comunidad vecina busca el control de la zona generando violencia sistemática consistente en homicidios, amenazas con armas de fuego, quema de viviendas, robo de ganado, violación de mujeres, desplazamiento forzado, entre otras.
• Las autoridades mexicanas tienen conocimiento de la problemática desde 2013 y desde marzo de 2017 existe una Resolución de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CoIDH) para que se implementen medidas de protección a la comunidad, sin que a la fecha se haya atendido adecuadamente.

Chihuahua, México, 11 de junio de 2021.- El día de hoy se llevó a cabo ante la CoIDH la Audiencia Pública sobre las medidas provisionales otorgadas a favor de la Comunidad Indígena de Choréachi respecto de México. La corte escuchó los testimonios de personas integrantes de la comunidad y beneficiarias de las medidas otorgadas.

A pesar de que la disputa por el territorio comenzó en 1969, a partir de finales del 2013 se incrementó exponencialmente la violencia sufrida contra la comunidad, lo cual se denunció ante las autoridades correspondientes. Ante la falta de respuesta, en 2014 se acudió por primera vez ante la Comisión interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para exponer la situación que vive la comunidad rarámuri de Choréachi a consecuencia de su legítima defensa de territorio y recursos naturales; la Comisión requirió al Estado mexicano adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de las personas que lideraban las denuncias colectivas. Estas medidas nunca fueron aplicadas, por el contrario la situación de riesgo aumentó y las medidas fueron ampliadas a todas las personas indígenas de la comunidad.

Por 50 años la comunidad rarámuri ha defendido su territorio, enfrentando agresiones sistemáticas. Actualmente el reconocimiento de su propiedad, se encuentra por resolver ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

En febrero de 2017 tras el asesinato de Juan Ontiveros Ramos, defensor indígena del territorio y el medio ambiente y ante la ineficacia del Estado mexicano en la adopción de medidas suficientes, las organizaciones que acompañan a las personas beneficiarias solicitaron que que se acudiera a la CoIDH para la atención del asunto; esta última resolvió otorgar medidas provisionales a la comunidad de Choréachi, mismas que siguen sin aplicarse, aún después de una segunda resolución dictada en junio del 2020.

En la audiencia llevada a cabo el día de hoy, el Tribunal Interamericano supervisó directamente la situación de incumplimiento de las medidas de protección ordenadas. La comunidad indígena de Choréachi es el reflejo de lo que viven muchas comunidades indígenas en nuestro país para quienes tiene un altísimo costo la legítima defensa de su tierra, territorio y recursos naturales; en muchas ocasiones estas comunidades se encuentran aisladas mientras enfrentan en su territorio a caciques o miembros del crimen organizado, frente a la indiferencia del Estado mexicano.

El resultado de esta audiencia puede representar un antes y un después en acciones por parte del gobierno para garantizar la seguridad de las comunidades indígenas, si bien, en el caso de Choréachi se han implementado acciones de desarrollo social, estas resultan insuficientes para combatir el aislamiento de la comunidad, principal causa de la impunidad en la zona y éstas medidas corresponden a derechos que el Estado debe garantizar y no responden a una obligación reforzada de la Corte para protegerles.

Durante la audiencia, con la participación de las personas representantes del Estado Mexicano, quedo claro la incapacidad o el desinterés en profundizar en las problemáticas de la comunidad; se habló de programas de salud y educación, mientras que la garantía de seguridad y justicia permanece incierta.

Además se mencionó por parte de las organizaciones acompañantes, lo que le ha costado a la comunidad realizar la defensa de su territorio y las consecuencias que han debido pagar. Se señaló que la participación del Estado se centra en derechos violados a la comunidad, más no resuelven la situación de seguridad. La representación ha insistido en la falta de respuesta seria y urgente que amerita el caso.

Se señaló el prácticamente nulo avance en la aplicación de las medidas ordenadas con anterioridad por la CoIDH, así como de la CIDH. No existen avances en la investigación a las violaciones a derechos humanos denunciadas y no se ha logrado que la federación se sume a este esfuerzo. Ni siquiera las resoluciones de la Corte han generado reacciones que señalen voluntad de realizar acciones contundentes para resolver esta situación.

Las personas beneficiaras por su parte manifestaron respecto a la problemática que existe en Choreachi: “no podemos practicar nuestras actividades tradicionales ya que somos discriminados y perseguidos en nuestra propia tierra por gente extraña, gente mestiza, en nuestro territorio; no tenemos un documento, no tenemos nada que avale que somos los dueños de nuestro territorio. Lo que queremos es que Choréachi sea como antes, que no entren personas extrañas a la comunidad y se de el reconocimiento a la comunidad para vivir sin violencia y persecución, que sean respetados nuestros derechos humanos como pueblo indígena”.

“No vivimos a gusto en nuestras propias tierras, sentimos miedo, las personas mestizas nos han arrebatado la tranquilidad’ ¡Buscamos respuesta a las denuncias que hemos presentado desde hace años! Nos han despojado cuando lo único que hacemos es cuidar el bosque; queremos respeto para los derechos colectivos de la comunidad rarámuri de Choréachi”.

La CIDH reiteró la necesidad de tomar medidas con pertenencia cultural y recordó el largo camino que ha recorrido la comunidad desde 2013 a la fecha para llegar a este punto. La Comisión reconoce la necesidad de que el Estado de forma coordinada se involucre en la planificación, implementación y monitoreo de las medidas de seguridad, así como en los avances de investigación ante los hechos de violencia cometidos contra la comunidad; se solicitó a la Corte pronunciarse sobre la implementación de las medidas provisionales.

Por parte de los jueces de la CoIDH se declaró que la falta de un documento que avale la pertenencia del territorio, es un problema estructural y resulta insólito que haya transcurrido tanto tiempo entre las medidas dictadas por la Corte y que aún no se tenga un diagnóstico sobre su situación de riesgo; además se señaló que la responsabilidad del cumplimiento recae en el Estado, quien está obligado a adoptar las medidas necesarias a una voz urgente y de forma efectiva.

Las organizaciones que acompañamos y representamos legalmente a la comunidad: Alianza Sierra Madre (ASMAC) y el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), esperamos que el reconocimiento de la situación de inseguridad que vive la comunidad rarámuri permita profundizar en la necesidad de brindar condiciones plenas para la defensa del territorio, así como la importancia del reconocimiento de pertenencia del mismo a las comunidades, que esta audiencia pueda encaminar el trabajo del Estado a realizar acciones reales y contundentes en beneficio de quienes defienden el territorio y el medio ambiente.

Puedes encontrar esta audiencia en:  http://www.corteidh.or.cr