• La desaparición forzada en México y en el estado de Chihuahua en particular representa una crisis humanitaria que requiere atención urgente y acciones contundentes por parte de las autoridades de los tres niveles de gobierno.
• Esperamos que de esta visita puedan surgir recomendaciones concretas que analicen a profundidad la problemática que representan las desapariciones en nuestra entidad y su contexto.

Chihuahua, Chih., a 22 de noviembre de 2021. El día de hoy colectivos de familiares de personas desaparecidas en Chihuahua y las organizaciones que les acompañamos mantuvimos una reunión con un integrante del Comité de la ONU contra las Desapariciones Forzadas (CED, por sus siglas en inglés) para conocer de primera mano los principales obstáculos en el acceso a la justicia.

De acuerdo con el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), actualmente en el estado de Chihuahua 3,461 personas se encuentran en calidad de desaparecidas o no localizadas, aunque se estima que podrían ser muchas más por la cantidad de casos que por temor no se denuncian.

Con motivo de la reunión celebrada y en función de socializar las necesidades de las personas que buscan a sus familiares desaparecidos, hacemos públicas nuestras exigencias, expresadas al Comité:

• Que se realicen acciones de búsqueda efectivas, a tiempo, articuladas entre los diferentes niveles de gobierno, con sentido de urgencia y centradas en la presentación con vida.

• Que el seguimiento a las investigaciones de los expedientes que se encuentran en el centro del país cuenten con un sistema que permita a las familias atender sus asuntos sin que el traslado implique una merma en su economía y sus compromisos personales.

• Que se brinde atención a los casos de desaparición de larga data, para que se evite la acumulación de carpetas al darse nuevos casos, ya que los primeros son abandonados paulatinamente conforme se van presentando los segundos.

• Que las autoridades sean sensibilizadas en el tema, para evitar la criminalización en contra de las víctimas y la revictimización hacia sus seres queridos que les buscan. Además es necesario establecer criterios de reclutamiento más estrictos para las personas aspirantes a formar parte del sistema de impartición de justicia.

• Se tomen las medidas necesarias para el involucramiento seguro de las familias en las acciones de búsqueda; que los protocolos y las acciones se definan en conjunto con ellas. Además, se debe descentralizar la conversación sobre la creación de políticas públicas en la materia.

• Asignación de recursos económicos, humanos y tecnológicos suficientes en las instancias de gobierno encargadas de dar atención a la problemática de las desapariciones. Es necesaria la asignación de un presupuesto adecuado a Fiscalías y Comisiones de Búsqueda.

• Que se garantice la seguridad de las familias y de quienes han atestiguado un hecho de desaparición; ya que la desconfianza actual en las autoridades no solo interfiere con las investigaciones y judicialización de los casos, sino que además, detiene a las personas de realizar las denuncias pertinentes.

• Que la Comisión Estatal de Búsqueda (CEB) y la Fiscalía General del Estado (FGE) trabajen de forma independiente.

• La implementación de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada, Desaparición por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda para que las bases de datos se puedan compartir y comparar realmente en todo el país.

• La declaración de ausencia no es suficiente para salvaguardar el bienestar de quienes quedan a su suerte tras la desaparición de una persona; este trámite y sus efectos legales deben ser revisados y modificados de acuerdo con las necesidades de las familias que buscan.

• La creación de una ley de búsqueda estatal, con protocolos que posean carácter de obligatoriedad y de acción inmediata, ya que los actualmente existentes no se encuentran adecuados al contexto y muchas veces son ignorados.

• Que se dé cumplimiento a las sentencias y recomendaciones de organismos internacionales con los que México ya cuenta en el tema.

• El acompañamiento de las organizaciones de la sociedad civil a familiares de personas desaparecidas no debe implicar un trato diferenciado en cuestión de atención a los casos. Demandamos un trato equitativo para las víctimas, ya sea que cuenten con acompañamiento de una organización o no.

• Que el Estado cumpla con su obligación de implementar campañas de promoción y difusión para que las familias conozcan sus derechos y puedan acceder a la aplicación de estos en la atención de sus casos.

• Que se revise la metodología del Servicio Médico Forense del Estado de Chihuahua (SEMEFO) para la identificación y resguardo de restos, así como para la realización de notificaciones a las familias.

• La revisión de los perfiles genéticos de los más de 1700 restos que se encuentran sin identificar en Chihuahua, así como la recolección de las muestras de ADN necesarias para el cotejo de dichas muestras.

De ser tomadas en cuenta por el Estado mexicano, las recomendaciones que pudiesen surgir de esta reunión podrían y deberían convertirse en un parteaguas para la atención de la problemática de las desapariciones en México. Quedaremos expectantes de las recomendaciones y compromisos que asuma el Estado con relación a la visita del Comité.

Porque las personas desaparecidas nos faltan a todas y todos.

Comité de Madres de Desaparecidos Políticos de Chihuahua

Familias Unidas por la Verdad y la Justicia

Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM)

Centro de Derechos Humanos Paso del Norte A.C.

Centro Para el Desarrollo Integral de la Mujer AC (CEDIMAC)

Justicia Para Nuestras Hijas A.C.