Chihuahua, Chih., México a 2 de septiembre de 2022. Durante la visita, colectivos de personas víctimas de Desplazamiento Forzado Interno (DFI) y organizaciones de la sociedad civil, mostraron preocupación porque no se sabe con certeza la cantidad de personas que se encuentran en dicha condición, pero de acuerdo con las estimaciones dadas por la Secretaría de Gobernación en nuestro país hay entre 262,411 y 357,000 personas en condición de desplazamiento forzado interno.

El día de ayer y hoy, recibimos en el estado de Chihuahua la visita oficial de Cecilia Jiménez-Damary, Relatora Especial sobre los derechos humanos de los Desplazados Internos de las Naciones Unidas. El evento permitió que se realizaran diversas reuniones, principalmente con personas afectadas por el DFI, así como organizaciones de la sociedad civil que les acompañamos.

Durante el primer día, la relatora tuvo la oportunidad de escuchar directamente a quienes se enfrentan el DFI, donde los testimonios expresaron lo que significa estar en esa condición,  “dejamos todo atrás, nos despojaron hasta de la ropa, el alimento; quemaron nuestras viviendas y asesinaron a varias personas. Ya no podemos regresar al lugar al cual pertenecemos, ya no es seguro. Hasta el momento no hemos obtenido respuesta del gobierno, no se nos escucha y no se hace nada para que podamos regresar a nuestros hogares. Estamos cansados de cambiar de casa, de trabajo, de no poder pagar la renta. Es necesario que se haga algo para pacificar las zonas serranas”, mencionó una de las personas participantes.

Las personas desplazadas se enfrentan a condiciones de discriminación, marginación y precariedad ante la falta de una política pública que responda a la situación en la que se encuentran. Adicionalmente, muchas de ellas expresaron que en ocasiones son estigmatizadas y criminalizadas por haber sido víctimas de hechos violentos, situación que genera la falsa creencia de que pertenecían a grupos del crimen organizado (mismos que amenazan y obligan a dejar sus hogares). A la par del desplazamiento, se vive con el miedo de que los agresores tomen otras medidas al continuar con la búsqueda de justicia y la restitución de su derecho a vivir en un hogar seguro.

Las organizaciones de la sociedad civil que hemos acompañado a las familias en DFI hemos identificado que la violencia a la que se enfrentan las comunidades suele venir principalmente de las siguientes vertientes: la tala ilegal, el despojo de tierras (para la siembra de amapola y marihuana; así como para proyectos extractivistas); o un simple método de control del territorio; mismo que suele estar ligado a la coaptación de personas jóvenes por el crimen organizado.

Las familias que se ven orilladas a dejar su tierra y buscar refugio, suelen enfrentarse a hechos de violencia extrema, donde la situación les obliga a elegir entre su modo de vida y poder continuar con la misma. Además, las mujeres presentan un grado de vulnerabilidad mayor, al recibir amenazas y agresiones más relacionadas a su condición de género, como lo es la violencia sexual.

En el segundo día de la visita realizada el día de hoy, un grupo de alrededor de 25 mujeres desplazadas tuvieron un espacio de diálogo con la relatora y su equipo, abordaron sus historias e impactos desde una perspectiva diferenciada.

Por otra parte, organizaciones de la sociedad civil que acompañamos esta problemática también dialogaron sobre retos en el desarrollo de nuestra labor, estrategias y recomendaciones para los tres órdenes de gobierno, en donde hicimos énfasis en la falta de una política pública específica para responder a las personas que han sido desplazadas forzadamente; esto se relaciona con la falta de instrumentos legales en México que establezcan las responsabilidades de las autoridades, así el delito no se encuentra tipificado a nivel nacional y estatal; la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno se encuentra congelada en el Senado desde el 2020. Las personas desplazadas son despojadas de todos sus recursos, lo que complejiza obtener apoyo e incluso presentar denuncias (decisión extremadamente peligrosa ya que los desplazamientos suelen ocurrir en un contexto de macro criminalidad).

Expresaron que la atención humanitaria es difícil de gestionar porque las personas desplazadas requieren vivienda, alimentos, vestido, educación, entre muchas otras cosas tangibles e intangibles de las que han sido privadas y requieren para poder retomar su proyecto de vida.

Se ha identificado que la actual administración del Gobierno del Estado de Chihuahua, ha reducido los recursos de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Chihuahua (CEAVE) e incluso revictimizado y criminalizando, señalándoles como parte del crimen organizado, situación que ha limitado o eliminado el acceso a ser atendidas.

Como organizaciones, nos preocupa que no exista en el estado un ente que atienda directamente este problema porque el DFI pone a las personas en riesgo de sufrir otras violaciones graves a sus derechos humanos tales como la desaparición forzada. Consideramos que es necesaria la institucionalización de políticas públicas en la atención para personas desplazadas, empezando por un análisis profundo del contexto, un registro oficial, verídico y actualizado del DFI que permita conocer la magnitud del problema.

En el diálogo, integrantes de las organizaciones señalamos que mientras la militarización de la seguridad pública continúe y la Ley General en Materia de Desplazamiento Forzado Interno no sea aprobada,  no estaremos ni cerca de comenzar a atender este problema de la manera adecuada.

Una parte invisibilizada de las de por sí poco visibles víctimas de desplazamiento forzado, son quienes ejercen actividades de denuncia, como periodistas y personas defensoras de derechos humanos. En Chihuahua ya se encontraba un precedente en la “Alerta Temprana de protección a personas defensoras de derechos humanos y periodistas” reconocida como un ejercicio sin precedentes de atención; sin embargo, ésta fue abandonada con la entrada de la nueva administración del gobierno estatal.

La última visita de la relatora ocurrió en 2018, algunas de las personas que se reunieron con ella en esa ocasión se encontraron aquí nuevamente, al no haber podido dar con apoyo ni solución para su problemática, mencionaron que; “Pasan los años y nos volvemos a encontrar con la relatora, seguimos sin poder regresar. Hemos perdido no solo los bienes sino nuestros usos y costumbres, incluso nuestros hijos e hijas están creciendo sin aprender nuestra lengua”.

El DFI es una grave violación a los derechos humanos y es un fenómeno resultante de la violencia extrema que se vive en México, especialmente en los estados del norte como lo es Chihuahua. Al no contar con un mecanismo efectivo de atención,  agradecemos la visita de la relatora y urgimos al Estado a girar la vista hacia esta situación, atendiendo las recomendaciones que se emitan tras la visita oficial a nuestro país. Las organizaciones firmantes, documentamos para la visita de la relatora un total de 61 eventos de desplazamiento donde al menos las víctimas ascienden a 1703 personas, de las cuales 648 son mujeres, 508 son hombres y 524 niñas y niños.