La Consultoría Técnica Comunitaria (CONTEC), el Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (CEDEHM), el Colectivo de Prácticas Psicosociales (COPPSAC), Servicios Para la Paz (SERAPAZ), Brigadas Internacionales de Paz (PBI) y la Parroquia de Baborigame, realizaron tres visitas a la comunidad de Mala Noche en el municipio de Guadalupe y Calvo, con el objetivo de atender la situación de brindar ayuda humanitaria y prevenir el desplazamiento forzado de familias y comunidades Ódames. Las visitas se llevaron a cabo los días, 21 y 22 de agosto, 28 y 29 de noviembre 2023 y el 4 y 5 de enero del 2024.

Según cifras de la fiscalía general del estado, han registrado el desplazamiento forzado de 572 personas del municipio de Guadalupe y Calvo, desde el año 2015 y hasta mayo de 2023.

El 7 de junio de 2023, un grupo de alrededor de 60 personas de la comunidad Ódame La Sierrita, fueron víctimas de desplazamiento, debido al clima de inseguridad que se recrudeció con la tala ilegal y la presencia de grupos armados. La Sierrita se encuentra integrada por varios ranchos, en un extenso territorio que se sustenta principalmente con el autoconsumo, tenían ganado, chivas, gallinas, mulas y sobre todo tenían plantíos de vegetales como tomate y calabacitas, maíz, frijol, chícharo y trigo.

En enero de 2024, en el poblado de Baborigame, la sociedad civil organizada documentó los hechos violentos que se han registrado en la comunidad, de donde más de 150 personas se vieron obligadas a salir de sus casas, debido a amenazas y al clima de violencia que existe en la zona.

Es indispensable que las autoridades atiendan a las personas que han sido víctimas de desplazamiento forzado, pues al dejar sus hogares y trasladarse a las ciudades las condiciones en las que viven no son favorables para su calidad de vida. El Centro de Derechos Humanos de las Mujeres A.C. (CEDEHM) presentó el 11 de diciembre un amparo en el que solicita se brinde de forma inmediata un alojamiento emergente digno, seguro y con enfoque de pertinencia cultural, contemplando un espacio autónomo, suficiente, dormitorios, baños, condiciones de higiene óptimas, servicios básicos e instalaciones que permitan el desarrollo de actividades recreativas. Además, se solicitó que brinden atenciones a las víctimas en cuanto a la alimentación, vestido, abrigo, calzado, educación con enfoque étnico, atención médica digna, respaldo psicológico y jurídico, así como apoyo para obtener una fuente de ingresos.

Las familias y comunidades que viven en estas zonas de Chihuahua tienen derecho a vivir en paz y con tranquilidad, por lo que las organizaciones hacen un llamado a las autoridades para que atienda y garantice la seguridad, mediante la instalación de un resguardo con personal de seguridad permanente en la región, para que las comunidades puedan retornar a sus hogares y prevenir de esta manera que más personas sigan siendo víctimas de desplazamiento.