Autoridades y organizaciones de la sociedad civil participaron en un foro para analizar los retos institucionales y proponer acciones que garanticen los derechos humanos de las mujeres durante y después de su privación de la libertad.

Chihuahua, Chih., 8 de octubre de 2026.– Las dificultades económicas para acceder a beneficios legales, los antecedentes de violencia de género, la separación de sus hijas e hijos y la falta de redes de apoyo fueron algunos de los principales desafíos identificados durante el foro “Mujeres privadas de la libertad: retos, derechos y respuestas institucionales”, realizado el pasado 7 de octubre en el auditorio de la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH).

El encuentro reunió a representantes de instituciones públicas y organizaciones de la sociedad civil para reflexionar sobre las condiciones que enfrentan las mujeres privadas de la libertad en Chihuahua, las acciones que actualmente se implementan para atender sus necesidades y los mecanismos que deben fortalecerse para garantizar el ejercicio de sus derechos humanos.

Durante el diálogo, las instituciones participantes coincidieron en que las mujeres enfrentan condiciones particulares dentro del sistema penitenciario, relacionadas con las desigualdades económicas, la violencia de género y las responsabilidades familiares y de cuidados que históricamente han recaído sobre ellas.

Uno de los principales obstáculos señalados fue el elevado monto de las reparaciones del daño, que, aunado a la falta de recursos económicos, puede dificultar que algunas mujeres accedan a beneficios legales o alternativas para recuperar su libertad.

Asimismo, se identificó el desconocimiento de sus derechos como una problemática persistente, particularmente en materia civil y familiar, pues algunas mujeres consideran erróneamente que la privación de la libertad implica la pérdida de otros derechos.

Las personas participantes también destacaron la importancia de reconocer los antecedentes de violencia de género en las trayectorias de vida de las mujeres, así como las consecuencias físicas, emocionales y familiares que enfrentan durante su estancia en prisión.

En particular, se abordaron las afectaciones derivadas de la separación de sus hijas e hijos, las dificultades para acceder oportunamente a servicios médicos, la ausencia de redes de apoyo y las condiciones específicas de las mujeres indígenas que permanecen alejadas de sus comunidades y familias.

Urgen respuestas institucionales con perspectiva de género y derechos humanos

Como parte del ejercicio, las instituciones compartieron acciones de atención médica, asistencia social, educación, capacitación laboral y actividades de rehabilitación que actualmente se desarrollan en el sistema penitenciario.

Sin embargo, también se reconoció la necesidad de fortalecer estas medidas, especialmente en materia de acceso a la salud, oportunidades educativas, autonomía económica y acompañamiento para la reinserción social.

Entre las propuestas planteadas durante el foro destacaron la eliminación de barreras burocráticas para recibir atención médica, la creación de políticas públicas dirigidas a mujeres que han cumplido sus penas y el establecimiento de mecanismos de coordinación entre instituciones.

También se propuso impulsar alternativas a la prisión cuando jurídicamente correspondan, agilizar los procesos judiciales, reducir las condiciones de estigmatización y fortalecer los mecanismos de colaboración para atender las necesidades de las mujeres privadas de la libertad y sus familias.

Otro de los puntos relevantes fue la necesidad de desarrollar apoyos que trasciendan la atención inmediata y contribuyan a resolver problemas estructurales, así como fortalecer los programas destinados a las familias que asumen el cuidado de hijas e hijos de mujeres en prisión.

Las personas participantes subrayaron que garantizar los derechos humanos de las mujeres privadas de la libertad requiere respuestas integrales, coordinación interinstitucional y una perspectiva que reconozca sus condiciones particulares de vulnerabilidad.

En el encuentro participaron representantes de la Secretaría de Pueblos y Comunidades Indígenas, el Centro de Reinserción Social Femenil No. 1, la Dirección de Reinserción Social, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, la Dirección de Derechos Humanos, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, el Instituto de Defensoría Pública del Tribunal Superior de Justicia del Estado, la organización Pan para el Mundo, Servicio Civil para la Paz y la Comisión Estatal de los Derechos Humanos.

La actividad se realizó con financiamiento de Servicio Civil para la Paz, como parte de los esfuerzos para promover espacios de diálogo y reflexión sobre los derechos de las mujeres privadas de la libertad.

El encuentro permitió identificar desafíos compartidos y propuestas de atención que requieren seguimiento institucional, con el objetivo de avanzar hacia un sistema de justicia que garantice los derechos humanos de las mujeres, tanto durante su privación de la libertad como en sus procesos de reinserción social.